Solo en "Democracia Correcta" suceden estos atropellos contra DD.HH.
El sistema anticorrupción creado por la izquierda caviar enquistada en los órganos de administración de justicia ha colapsado víctima de su propia podredumbre moral, atiborrado de corruptela y de resoluciones prevaricadoras fraguadas entre gallos y medianoche, y a la medida de la víctima.
El caso del general Walter Chacón ha sido solo un leve toque sobre la herida oculta, que bastó para que brotara bruscamente el pus que durante nueve años se ha acumulado en el cuerpo de nuestra maltratada Judicatura.
Las ilegalidades que han motivado la intervención del Tribunal Constitucional en el caso Chacón no han sido la excepción, son la regla diaria en el accionar de fiscales y jueces de la llamada "justicia anticorrupción", salvo honrosas y muy escasas excepciones.
El tribuno Javier Valle Riestra, en un lúcido artículo, acaba de dejar al desnudo las violaciones que cometen impunemente esos magistrados en contra de los Derechos Humanos de los procesados y de los principios del Derecho que garantizan el debido proceso, como son el Juez Natural, Tribunal imparcial, independiente y competente; la Presunción de Inocencia, etc.
Valle Riestra ha mostrado el alma totalitaria de aquellos y nos ha revelado cómo la cacería política ha colocado a la Judicatura al margen de las leyes internacionales, por haber violado la Convención Interamericana de DDHH, la Declaración Universal de DDHH, y otros tratados afines, así como la propia Constitución del Perú.
El Tribunal Constitucional ha actuado bien en el caso Chacón porque la Constitución lo faculta a restaurar los derechos fundamentales violados por la autoridad, en perjuicio de cualquier ciudadano, sin importar quien sea.
El doctor Javier Villa Stein y la doctora Gladys Echaiz han salido en defensa de los prevaricadores alegando que el TC no tiene fuero sobre los fallos judiciales, en una actitud vergonzosa y cómplice con la ilegalidad.
Vergonzoso porque hasta un alumno del primer año de Derecho sabe que el TC sí tiene jurisdicción sobre cualquier autoridad que violenta los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, sea policía, fiscal o juez.
Y cómplice porque el presidente del Poder Judicial y la Fiscal de la Nación están propiciando el desacato contra el TC, al encubrir y justificar la violación consumada. De esto tendrán que responder ante la justicia.
Esta actitud es una constante desde el año 2000. En el Poder Judicial la asumieron Hugo Sivina y Francisco Távara; y en el Ministerio Público Nelly Calderón y Adelaida Bolívar, ya fallecida. Estos seis pasarán a la historia como los ejecutores de una persecución que no reparó en pisotear los fundamentos del Derecho y de la justicia.
Ellos han convertido al Perú en el único país del mundo en el que se aplica el seudo principio de la "retroactividad maligna de las leyes", en contra del principio universal de la Retroactividad Benigna, que señala que las leyes que perjudican al reo no son retroactivas.
También han impuesto el "principio de ilegalidad", que ultraja al Principio de Legalidad que impide que toda persona sea juzgada con leyes distintas a las que estaban vigentes cuando se produjeron los hechos materia de juicio.
Mención especial merece el caso de la sala San Martín, "buque insignia" del aparato persecutor, que ha innovado el "control intruso" (contrario al Control Difuso) al arrogarse atribuciones por encima del Tribunal Constitucional, para declarar nulas dos Leyes Constitucionales de 1992, en un fallo prevaricador que viola juntas a las Constituciones de 1978 y de 1993.
La lista de aberraciones jurídicas perpetradas por quienes han creado o han tolerado la tenebrosa justicia anticorrupción es muy larga. No abundaré más al respecto.
Pero el caso Chacón es apenas la punta de un iceberg enorme de ilegalidades perpetradas por la Sala Villa Bonilla, la principal operadora de ese sistema totalitario llamado "justicia anticorrupción", digno de la Albania del siniestro Enver Hoxha o de la Rusia de Stalin.
El año 2006 esa sala pasó por encima del fuero constitucional del primer vicepresidente de la república, Luis Giampietri, originando un escándalo. El también congresista denunció al tribunal, pero la OCMA y el entonces presidente del Poder Judicial Francisco Távara lo encubrieron.
En una entrevista que le hice a Távara aquella vez, éste admitió que la sala Villa Bonilla había violado la Constitución en el caso Giampietri, pero lo justificó diciendo que había sido un "error". ¡El prevaricato es solo un error!
Ese mismo tribunal inquisidor ha arrasado con el principio de la presunción de inocencia y con el de independencia y neutralidad del juez, pues ha adelantado opinión en contra de los procesados en innumerables veces.
Al ex secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, José Dellepiane, le impuso una carcelería injusta que le produjo el cáncer que lo mató, en el juicio que le abrió por haberle pagado a los vocales supremos una bonificación por combustible que recibían desde años atrás.
La sala carcelera resolvió que aquellos pagos eran ilegales, sin el menor sustento, pero solo persiguió y enjuició a Dellepiane. A los vocales que cobraron ese dinero "ilegal" no los tocó.
Al general Julio Salazar Monroe, la Sala Villa Bonilla lo condenó a 35 años de cárcel por el caso La Cantuta, violando las reglas del juicio imparcial ya que no había pruebas ni testimonios que lo inculparan.
En el juicio oral se probó que Salazar Monroe es inocente, pues ninguno de los 40 testigos lo inculpó, tampoco hubo ni una prueba documental en su contra, y tampoco los co procesados dijeron algo que pudiera incriminarlo. Pero igual, la sala Villa lo condenó yendo en contra del debido proceso.
Hace poco, el ex agente de inteligencia del ejército Douglas Arteaga Pascual fue excarcelado por mandato de un tribunal superior después de que la sala siniestra lo había tenido seis años preso sin ser sentenciado. Lo mismo ocurrió con otros acusados en los juicios por el grupo Colina.
Otro caso de abuso es el del suboficial del ejército Pedro Santillán, quien ha sido encarcelado por mandato de la misma sala, que lo acusa de cómplice en el asesinato de un grupo de presuntos terroristas ocurrido en Huacho.
Santillán es un agente en inteligencia electrónica que nada tiene que ver con lo que hacía Colina, y sin embargo lo han involucrado. Han sido incluidos en los juicios a Colina todos los agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), para "probar" que aquel era un grupo "oficial" del ejército.
El caso de Santillán es dramático porque en los últimos seis años ha vivido bajo arresto domiciliario, y al no poder trabajar su familia se hundió en la pobreza, obligándolo a dejar a una de sus hijas en un albergue para menores en situación de abandono. Sus otras hijas están ahora con su anciano padre.
Pero este tribunal de marras goza además de impunidad, pues han sido presentados en su contra constantes Habeas Corpus y pedidos de recusación justos que han sido denegados siempre, lo cual indica que está blindada por un sector poderoso de la Corte Suprema.
Cuenta además con el apoyo de la maquinaria mediática caviar, que defiende a capa y espada a la sala Villa Bonilla cada vez que las miserias de ésta son expuestas a la luz pública. El apoyo es obvio porque la creadora de ese siniestro aparato totalitario ha sido la izquierda caviar, que tiene el apoyo de un grupo de jueces y fiscales "apristas caviarones", como Echaiz y Távara.
Lo peor de todo es que esta perversión de la justicia, que tanto daño le hace a la democracia, ha sido concebida y consumada en el nombre de la "moralidad", que es solo una coartada que encubre una feroz persecución ideada por mentes torcidas de seres sin alma, ni conciencia, ni valores.
Artículo enviado por Víctor Robles Sosa
Periodista y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (IPADES)
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