CONTRA LA CVR (Comunismo de Vanguardia Revolucionaria)

Carta abierta al presidente Constitucional de la República, Dr. Alan García Pérez

Los ciudadanos que suscribimos el presente documento nos dirigimos al presidente constitucional de la república, doctor Alan García Pérez, para manifestarle lo siguiente:

• La comisión designada por usted para crear el Museo de la Memoria acaba de resolver, por sí y ante sí, que dicho museo sea construido en el Campo de Marte y que forme parte de un mismo conjunto con el cuestionado monumento llamado Ojo que llora. Esta actitud no refleja una visión democrática y fiel con la historia de la lucha que aún seguimos librando los peruanos contra el terrorismo.

• La comisión designada refleja únicamente la visión de la ex Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Tres comisionados: Salomón Lerner Febres, Enrique Bernales Ballesteros y Luis Bamabarén Gastelumendi formaron parte de la ex CVR, este último en calidad de observador personal del ex presidente Alejandro Toledo.

• Lamentamos que el escritor Mario Vargas Llosa haya descalificado de antemano a los ciudadanos demócratas que discrepamos con la ex CVR, al afirmar que la labor realizada por ésta es criticada sólo “por círculos militares y por las pandillas sobrevivientes del fujimorismo…” (Entrevista con El Comercio)

• Objetamos la visión de la ex CVR porque es ajena a la verdad histórica y porque justifica el terrorismo y falsea la historia al sostener lo siguiente:

• a) Que la victoria de nuestra nación sobre el terrorismo ha sido el capítulo más “vergonzoso y deshonroso” de nuestra historia.

• b) Que la sociedad peruana se mantuvo indiferente ante la agresión terrorista contra la democracia.

• c) Que la banda terrorista de Sendero Luminoso lideró una “guerra campesina” en favor de la justicia social.

• d) Que los líderes políticos de extrema izquierda cumplieron un papel democrático durante la agresión terrorista.

• e) Que las fuerzas de la democracia desataron una represión indiscriminada y sistemática contra la población en respuesta al terrorismo.

• f) Que las fuerzas armadas, la policía y los ronderos violaron los derechos humanos de la misma manera en que lo hicieron los terroristas.

• Los peruanos nos sentimos orgullosos de haber derrotado a un terrorismo que pretendió imponernos, a sangre y fuego, un régimen totalitario y genocida; creemos que esa victoria merece ser realzada en gratitud eterna a los mártires y héroes que dieron sus vidas para legarnos la paz y la democracia que hoy disfrutamos.

• La sociedad peruana jamás fue indiferente, se enfrentó al terrorismo y lo rechazó primero con sus policías y soldados, y después con sus Comités de Autodefensa, Rondas Campesinas, Rondas Urbanas, organizaciones barriales, sindicales, estudiantiles, autoridades, etc. Así fue como entregaron sus vidas María Elena Moyano, Alejandro Calderón, Pascuala Rosado, Pedro Huillca, Orestes Rodríguez, Ricardo Ramos Plata, entre muchos otros más.

• La única guerra campesina que vivimos fue la rebelión de nuestras comunidades andinas contra el yugo terrorista, que acabó arrojando a los criminales de esa región, obligándolos a desplazarse desesperadamente a Lima.

• La extrema izquierda de ayer, que hoy pretende escribir la historia de la lucha contra el terrorismo y hacer el museo de la memoria, es la principal responsable política de que miles de hombres y mujeres se enrolaran en el terrorismo porque les inculcó la idea insana de que la lucha armada era el único camino hacia el poder. Esto ha sido groseramente omitido en el informe de la ex CVR porque varios de quienes elaboraron ese documento jugaron en su momento aquel nefasto rol pro-terrorista.

• Las fuerzas que defendieron la democracia cometieron excesos propios de toda guerra, porque en la historia de la humanidad jamás hubo una guerra limpia. Estos hechos fueron excepcionales, jamás respondieron a una premeditación criminal del estado. Tampoco se puede acusar de racista a unas FF.AA. cuyos oficiales mayoritariamente tienen origen andino o popular.

• Los ex miembros de la CVR se han descalificado a sí mismos para participar en la creación del Museo de la Memoria porque su informe final sesgado nos ha dividido a los peruanos y ha propiciado una persecución indiscriminada e injusta contra quienes combatieron al terrorismo en defensa de la democracia.

Señor presidente de la República, como ve, hay visiones opuestas sobre lo que fue la lucha contra el terrorismo. Una, liderada por la vieja izquierda marxista y por quienes se dejan arrastrar por sus odios y rencores políticos, que concilia con el terrorismo, lo redime y lo reivindica ante la historia, de manera injusta y falaz, pretendiendo que los peruanos agachemos la cerviz y nos avergoncemos de haber vencido a esa lacra totalitaria y genocida.

La otra visión rescata la verdad histórica, exalta el orgullo de una nación que venció al terrorismo como nadie en el mundo lo había logrado antes, y honra la memoria de nuestros héroes y mártires, civiles y uniformados, que dieron su vida por la paz y la democracia, entre ellos más de 1800 compatriotas que integraron el Partido Aprista Peruano (PAP).

Por lo expuesto, señor presidente, le pedimos que reconsidere usted la designación de dicho grupo y que nombre a una nueva comisión realmente plural, para que en el futuro Museo de la Memoria no se repitan las gruesas omisiones e injusticias que contiene el informe de la ex CVR.

FIRMAS

Las personas que deseen suscribir esta carta deben añadir sus respectivos nombres al pie de este documento, y devolverlo al correo ipades@gmail.com desde su mail personal, escribiendo en el mismo la frase siguiente: “Firmado digitalmente por el titular de este correo”.

Ricardo Sánchez Serra

Ivette Robles Maldonado

Firmado digitalmente por el titular de este BLOG.

PD: Todos los peruanos que queremos un Nuevo Perú, y que en el desaparezca para siempre ese cancer político podrido que asoma en el Perú, debemos firmar esta carta memorial y ojala quien gobierna hoy al País reconozca de sus errores.

NADIE LIDERA POLITICA NACIONAL

Lo fundamental es tener una clara política de defensa nacional

Tener capacidad disuasiva no es sólo comprar armas

La defensa nacional ha retornado de pronto al primer plano de la agenda política como consecuencia de la incesante compra de armamento moderno por parte de Chile, de la silenciosa presencia militar del chavismo en Bolivia, y del fortalecimiento evidente de la actividad terrorista y del narcotráfico en el valle Apurimac-Ene.

El estado peruano ha volteado la mirada hacia su defensa, y se ha dado cuenta de que nuestras capacidades militares son limitadas, casi precarias. Lo de sorpresa es un decir, porque el propio estado nos llevó a esta situación en el período 2000-2006.

El Ejecutivo y el Congreso han comprendido que el problema debe ser revertido cuanto antes, porque constituye un riesgo serio para la supervivencia de nuestra nación. Sin embargo, para garantizar la defensa del país no basta con reparar o comprar armamento; hay que tener una política de defensa clara, y un compromiso firme de la sociedad con las metas de esa política.

Liderazgo

Los países fijan sus objetivos de defensa en función de alcanzar objetivos nacionales superiores, que a su vez constituyen metas que se imponen a sí mismas las naciones para proteger sus intereses legítimos.

Según declaraciones reiteradas del ministro de Defensa, Ántero Florez-Aráoz, un objetivo de nuestra defensa es tener unas fuerzas armadas disuasivas, es decir capaces de desalentar cualquier posible plan de agresión externa contra nuestro país.

Florz-Aráoz ha mostrado entusiasmo y deseos de hacer bien las cosas, pero es evidente que la defensa no es su especialidad, y que tampoco se ha rodeado de gente entendida en la materia, salvo muy honrosas excepciones, como la del almirante Jorge Montoya.

El solo hecho de que el proyecto del canon para las Fuerzas Armadas haya sido rechazado por los gobiernos municipales y regionales es un indicador alarmante que revela una ausencia de compromiso ciudadano con la defensa que no responde a una falta de patriotismo, sino de información y de liderazgo político.

La tarea pedagógica y política de crear conciencia ciudadana sobre seguridad y defensa tiene que ser liderada por el presidente de la república y el ministro del sector, quienes deberían convocar a los líderes políticos y sociales para imbuirlos en el tema y comprometerlos en el logro de los objetivos nacionales de defensa.

Es lamentable, pero al parecer el presidente piensa que la defensa es asunto de los militares, tal como vemos en la lucha contra el terrorismo, en la que también el jefe de estado se niega a asumir el liderazgo político.

No solo armamento

No basta con que las fuerzas armadas reparen su armamento o compren otro nuevo para que tengan una capacidad disuasiva. Hay otras capacidades militares que tienen que ser atendidas, como son la competencia y la motivación.

La competencia es la capacidad que desarrollan los militares para poder combatir en igualdad o superioridad de condiciones, y está determinada por su nivel de entrenamiento y de capacitación permanente para el combate.

Por ejemplo, ¿si tenemos un avión moderno pero el piloto puede volarlo solo unas horas al mes, mientras que el país enemigo tiene un avión igual pero su piloto vuela casi todos los días, quién tiene más posibilidades de ganar la batalla si se enfrentan ambos? Se trata de que nuestros militares estén siempre bien preparados en manejar el armamento de que disponen, y listos para entrar en acción.

La motivación es otro factor decisivo por cuanto permite que el combatiente vaya al teatro de operaciones sintiéndose respaldado por su institución y su país en todos los aspectos: bien preparado, bien tratado y bien protegido.

Nuestros militares han dado muchas muestras de desprendimiento y patriotismo cuando les ha tocado combatir en medio de grandes limitaciones logísticas y materiales; sin embargo, tales condiciones se han deteriorado demasiado, al extremo que nuestras FFAA han perdido a muchos oficiales que han renunciado para poder darle una vida más decorosa a su familia.

Estas bajas ha representado además la pérdida de ingentes sumas de dinero invertidas por el estado en la formación de dichos profesionales.

Si este problema no es resuelto en un plazo razonablemente corto, será siendo un obstáculo insalvable en el camino para recuperar unas fuerzas armadas disuasivas.

Otro obstáculo es el abandono legal de nuestros militares por parte del estado cuando van a combatir al terrorismo. Están totalmente desprotegidos ante a el acoso judicial promovido por ciertos grupos de interés que actúan bajo la cobertura de “defensores de los derechos humanos”.

Más de 200 militares que combaten en el VRAE – inclusive uno muerto –han sido acusados de haber herido o abusado de personas inocentes mientras combatían en la zona de Vizcatán, donde sólo habitan terroristas y proveedores del narcotráfico aliados del terror.

Esta persecución hace que muchos oficiales eviten combatir por temor a que su carrera se vea truncada por acusaciones de las ONG de derechos humanos, de los fiscales y de los jueces amigos de esas mismas ONG, Nadie lo quiere decir, pero esto está ocurriendo actualmente en el VRAE y en el Huallaga.

Medidas disuasivas

En consecuencia, si el estado peruano desea contar con unas fuerzas armadas disuasivas debe empezar brindándoles a sus hombres la protección legal mínima que requieren para poder entrar en combate contra los terroristas.

También debe invertir en asegurar la competencia de su personal militar, y en resolver el problema de las magras remuneraciones que reciben nuestros soldados, a fin de frenar la fuga masiva de talentos militares hacia el sector privado.

Otras medidas complementarias, y de bajo costo, que podría adoptar el estado para alcanzar una capacidad militar disuasiva son restablecer el Servicio Militar Obligatorio (SMO) y la Instrucción Pre Militar (IPM) en las escuelas del país.

La primera garantizaría la provisión de los recursos humanos básicos que requieren los institutos militares, que actualmente son escasos porque dicho servicio es voluntario. Se ha intentado superar este obstáculo mejorando las propinas de los reclutas y ofreciéndoles a estos servicios educativos, pero no ha funcionado. E

Aquí es necesario señalar que el SMO debe ser democrático, es decir para todos, no solo para los hijos de los hogares pobres.

La IPM, aunque ciertos sectores izquierdistas conservadores se rasguen las vestiduras, es una herramienta que le permitiría al Perú contar con una reserva numerosa de combatientes entrenados para defender a su patria.

Cualquier país que tuviese en mente un plan eventual de agredir al Perú tendrá que pensarlo mucho al ver que los peruanos se preparan desde las escuelas para defender a su patria.

Víctor Robles Sosa. Periodista, Director Ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)

E-Mail: victor.robles.sosa@hotmail.com

Blog: http://victorrobles.wordpress.com

ACORDARON SENTENCIAR A FUJIMORI ANTES DE INICIAR EL JUICIO

La democracia peruana, hoy con casi treinta años de vigencia presidencial y muchas bajas, pero elegida por las urnas libres de manera continuada, constituye una aureola y nos damos cuenta de ello. Es un lapso suficientemente largo para que muchos peruanos hayan olvidado los años oxidados y frágiles de Juan Velasco Alvarado.

Al término de la dictadura, el país venía de una larga serie de irregularidades institucionales. Con Velasco era normal: lo excepcional era que los gobiernos civiles fueran interrumpidos por golpes militares. Al reanudar la democracia con Fernando Belaunde Terry, nada demasiado sólido nos garantizaba que, esta vez, las cosas serían distintas. Pero, sí lo fueron y lo son con excepciones.

Las masas y la élite llenaron la Plaza Bolívar y coreaban “por más años de democracia” como una cálida expresión de deseos para el regreso de este sistema de gobierno. Todos nos preguntábamos, en el fondo si al gobierno civil resistiría tanto. Superamos y dejamos constancia –tanto la élite como la masa anónima- que antes los derechos humanos habían sido quebrados y el pueblo no podía elegir a sus gobernantes.

Había existido antes inmoralidad, decadencia, improvisación, falta de libertades públicas, violencia, caos y desorden. Muchos peruanos no sabían qué significaba vivir bajo el imperio de la Constitución y de la ley, pero ahora sabemos lo que significa estar dentro del marco de la Carta Magna y de las leyes. El velascato no podía ocultarnos aquel detalle. Lamentablemente, la conciencia y la memoria política surgen no antes de la adolescencia. Los que nacieron bajo la garra militar, no vivieron bajo el hálito de la democracia.

La conciencia y la memoria política despuntan no antes de la adolescencia. Por lo tanto, a los millones de peruanos que nacieron después de ese 28 de julio que asumió la presidencia el arquitecto Fernando Belaunde Terry les era anormal el sistema democrático. Muchos no tienen vívidos los episodios anteriores con Velasco Alvarado, años de tiranía e ilegalidad. Hoy día, opino, que la democracia no corre riesgo de ser interrumpida.

El Congreso desde 1980 se convirtió, con luces y con sombras, en uno de los pilares del país en el que vivimos de manera ininterrumpida desde hace 29 años. Parecería que la democracia ha pasado la prueba de fuego y curado la fatalidad de las insurrecciones militares. Bien será decir que el Parlamento es uno de los soportes de la democracia aunque muchos mediocres y turbios hayan obtenido escaños tanto en el régimen bicameral como en el unicameral.

A veces, ha sido el mal espejo de leyes absurdas, no idóneas, arbitrarias, de grupo, pero así es la democracia, aunque no guste toda la imagen que refleja. Cada gobierno y parlamentarismo tiene sus momentos ignominiosos, esos de los que no deben olvidar y que, sería lo sano, no deberían repetirse.

La justicia ha funcionado, después de la época de Leguía –muy antaño- como un hospital de emergencia de la democracia que no ha superado las taras políticas y sociales, pero que también vivió momentos aislados de éxitos. Muchos magistrados han sido o son sacados de los infiernos dantescos de la corrupción y del “tarjetazo”.

Los esfuerzos legislativos, orientados a la simplificación de los procedimientos legales, a su sencillez y transparencia, no han sido exitosos en los últimos 50 años. En este tema de las reformas integrales de la materia judicial, ha decidido una rara incapacidad. Un recuerdo dramático está en unos párrafos del Inca Garcilaso de la Vega, publicado en 1589, cuyo texto es del siguiente tenor: “Decían que por la dilación del castigo se atrevían muchos a delinquir, y que los pleitos civiles, por las muchas apelaciones, pruebas y tachas se hacían inmortales y que los pobres, por no pasar tantas molestias y dilaciones eran forzados a desamparar su justicia y perder su hacienda, porque para cobrar diez se gastaban treinta”.

Hoy, en un nuevo milenio, podemos afirmar, sin margen excesivo de error, que los pobres se retraen de concurrir a la justicia, la que es costosa, pese a que la Constitución Política establece su gratuidad.

Urgen, pues, las reformas legales orientadas a la simplificación y agilidad de los procedimientos. El procedimiento oral, forma de justicia sin abogados en determinados asuntos, y el uso de la mediación y la conciliación como métodos de resolución de disputas, son promisorios senderos susceptibles de explorarse, activamente, en nuestro medio. Estamos viendo por los canales de televisión el mejor ejemplo: la actuación incompetente, arrogante, indiferente y sin respeto por los derechos humanos que merecen muchos inculpados, y que son ajenos a la percepción política de las delicadas funciones administrativas.

De aquí que los esfuerzos que se orienten a dignificar, preparar y entrenar al personal judicial de todos los niveles, con acento en la ética y la responsabilidad judicial, se ubican en el camino correcto, pues la mejor garantía de los derechos de las personas radica en los rasgos personales del cuerpo judicial.

Los honorarios de los abogados, los gastos lícitos y otros indebidos colindantes, con formas más o menos sutiles de corrupción, y el tiempo que los usuarios de la justicia deben restar a su trabajo, constituyen barras económicas, costos imposibles de solventar para sectores muy extensos de la población.

Enfrentados a necesidades prioritarias de alimentación, salud o vivienda, la solución de sus problemas legales o judiciales viene a ser un lujo. ¿Quiénes deben contribuir a la solución de tan importante problema social? En nuestra opinión, el Estado, las universidades, los Colegios de Abogados y los abogados mismos, las fundaciones y las empresas, entre otros.

El Estado debe incrementar, en lo posible, sus aportes económicos, pero debe abandonarse la idea de constituirlo en el único sostén de los programas de ayuda legal. Desde que exige a todos el irrestricto obedecimiento de las reglas del Derecho, cualquiera sea su condición social o económica, el Estado tiene la correlativa obligación de asegurar que nadie quede fuera del sistema de justicia. Desde este punto de vista, el acceso a la justicia es una necesidad pública que requiere, para su satisfacción, recursos adicionales de ese tipo. La contribución fiscal es, por lo tanto, imperiosa, pero resulta ilusorio pensar que por sí sola puede resolver el problema de acceso a la justicia, como lo demuestra la experiencia de los países desarrollados. Además, no es conveniente que el Estado sea el único proveedor de ayuda legal, porque a menudo es parte en la contienda, lo cual afecta la independencia de los programas financiados con recursos públicos.

Las universidades, por su parte, pueden hacer una importante contribución económica y humana al problema del acceso a la justicia incentivando el aprendizaje del Derecho, a través del servicio público. Las clínicas jurídicas de las facultades de Derecho se encuentran en óptima posición para proporcionar asistencia legal de calidad a escala reducida, con importantes proyecciones y aportes al mejoramiento teórico y práctico de la enseñanza del Derecho, de la investigación jurídica, de la profesión legal y de la administración de justicia con su componente de acceso.

Los servicios legales deben estar disponibles para todos los sectores sociales, sin costos desiguales para los pobres. Una justicia eficaz no debe privilegiar sólo a los ricos. No debemos postergar a los marginados en una era democrática.

No debemos ser cortos en la extensión del concepto puro de democracia. Dejemos de pecar de diminutos. Ha quedado en el olvido el concepto de seguridad jurídica: poder vaticinar, con relativo criterio el resultado de los procesos judiciales. Para lograr este fin los magistrados no deben ser atrabiliarios ni solónicos.

Los fallos deben ser inteligibles, sintéticos, enjundiosos, ajenos a posiciones doctrinarias discutibles sino sustentados en la Constitución y la ley. Para que un inculpado sea condenado a la pena de 25 años de privación de libertad debe haber existido dolo causante y volitivo. Y las teorías del delito deben ser utilizadas correctamente.

Tanto la teoría de la acción causal de von Liszt, la teoría de la acción final del alemán Hans Welzel y la finalista de Eberhard Schmidt exigen una conducta de dolo volitiva. Si no hay dolo no existe pena de 25 años de reclusión penal.

La conclusión fáctica es que las sentencias complejas –y arbitrarias también- vuelven más costosa a la justicia para quienes pretenden ser absueltos de delitos que no han cometido. El Palacio de Justicia no puede convertirse en la sede suprema de la fatalidad humana, como ha sucedido con un ex presidente del Perú y las sentencias judiciarias, cualquiera que sean, no deben tener sombras que nublen su camino normal.

Me invitaron a comer, con poca amenidad, unos flamantes jueces de primera instancia. Querían que compartiese su alegría por el fallo a Fujimori y el acuerdo desde antes de iniciar el juicio, su intención de condenar al inculpado. Los fallos condenatorios de ex- presidentes son uno de los “puching balls” favoritos de quienes tienen poco criterio.

A miles de homicidas se les condena por veinte años y sólo uno o tres jueces reductan el fallo y un regimiento de abogados participa en el asesoramiento de las sentencias como sucedió con Fujimori.

Es probable que la judicatura haya resuelto antes del juicio, tomando la decisión de condenar a Fujimori: Pero existe la evidencia de que se ha extendido en demasía la pesarosa mala conciencia a un fallo muy controvertido, basado en doctrina que no es fuente de Derecho.

Colaborador Dr. Jorge Basadre Ayulo. Este Artículo se publicó en el Diario La Razón de Lima Perú

CAVIARES YANQUIS MATIZARON SENTENCIA CONTRA FUJIMORI

ESTE ES EL PODER JUDICIAL QUE SE LLAMA IMPARCIAL?

DEJA MUCHAS DUDAS EN INTELECTUALES

La universidad norteamericana George Washington dispone entre sus órganos académicos de una Clínica Jurídica de Derechos Humanos, denominación inusitada que más parece corresponder a una institución dedicada al cuidado de la salud. Empero, a estar con la información proporcionada por el doctor Luis Lamas Puccio, tal entidad existe y funciona y, precisamente, asumió un papel orientador importante en la elaboración de la sentencia contra el ex Presidente de la República, Alberto Fujimori, a quien la Sala Penal Especial presidida por el magistrado César San Martín Castro le impuso una condena de un cuarto de siglo de pena privativa de la libertad.

Los trece asesores de la Sala San Martín, de acuerdo a la reiterada insinuación del doctor Lamas Puccio, participaron de la inspiración que imprimió la sentencia, en el sentido de considerar a los hechos de La Cantuta y Barrios Altos no como delitos de homicidio ubicados únicamente dentro del marco legal peruano, sino como crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, reprimibles en el campo jurídico normativo más amplio y extenso del derecho penal internacional.

Ahí radica, precisamente, uno de los más notorios excesos cometidos por los jueces que integraron la Sala Penal Especial, al haber quebrantado el marco fijado por la Corte Suprema de Chile al conceder la extradición.

Tras imponerle una condena esencialmente injusta, puesto que los hechos incriminados no han sido respaldados a lo largo del proceso con prueba idónea y suficiente, el objetivo que se persigue consiste en complicar aún más la situación del acusado y en dejar sentada una prevalencia de las normas internacionales sobre el derecho nacional, lo cual en el caso concreto sometido a juzgamiento resulta inadmisible, puesto que la autorización de la justicia chilena fue referida a los delitos contemplados en nuestra legislación y no en la internacional. Entonces, la sentencia de la Sala Penal Especial, al haber quebrantado esa limitación, ha incurrido en insalvable causal de nulidad.

(...) He ahí, a propósito, que el juez San Martín no ha ajustado su desempeño en este caso a sus antecedentes como magistrado y como profesor de la ciencia procesal penal, porque ha emitido una sentencia plagada de graves irregularidades en la forma, que deben conducir necesariamente a su nulidad, y de gruesos errores en la apreciación de los hechos y de las pruebas, que han llevado a una resolución de condena, cuando lo que procedía era una absolución, sustentada precisamente en la falta de medios probatorios eficaces y dignos de formar convicción.

La sentencia se apoya únicamente en indicios –y en indicios ciertamente débiles- estando a la clasificación hecha por el propio San Martín respecto a los indicios –débiles y fuertes- en una sólida sentencia anterior y diferente a la que sirvió para condenar a Fujimori. Precisamente, con relación a los indicios, sostiene San Martín que deben ser lo suficientemente fuertes como para eliminar la posibilidad de que los hechos hayan podido ocurrir de manera distinta a la señalada por la acusación. Y todos los que hemos contemplado el proceso –urbi et orbi- hemos tenido la oportunidad cercana de apreciar cómo no se ha presentado prueba alguna o, cuando menos, indicio poderoso alguno, en el sentido de que la línea de mando para la ejecución de las acciones de Barrios Altos y La Cantuta partió de la persona de Alberto Fujimori.

No son más que indicios débiles, simples decires y conjeturas. Ese ha sido el sustento de la sentencia de San Martín y sus socios en la Sala Penal Especial, totalmente frágil y deleznable. (Dr.Francisco Chirinos Soto, Abogado penalista)

LA HISTORIA QUE NUNCA SE PODRÁ CAMBIAR

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LA JURICIDAD DE UNA SENTENCIA

La calidad de una resolución depende de la información que presenta y, sobre todo, del rigor y la profundidad con que es analizada y ponderada para fundamentar el sentido del fallo, sujetándose a la ley. Esto es importante en cualquier clase de resolución, pero mucho más lo es en una en la que a un hombre se le priva de su libertad.

Bajo este criterio, la sentencia que condena al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión, por autoría mediata de los delitos de asesinato y secuestro, deja mucho que desear. Apasionada y sesgada, ella no es consistente con las buenas maneras con las que los vocales dirigieron el proceso. A la luz de ella, diríase que estas fueron "actuadas", no en el sentido procesal, sino en el teatral.

Durante el proceso, no hubo testigo que indicara que Fujimori dio la orden de ejecutar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Menos todavía se encontró registro alguno de ello. Ante la ausencia de pruebas, la sentencia construye el argumento del "dominio de los hechos", basándose en una reconstrucción parcial de la historia y el orden jurídico peruanos.

El punto central es su recuento del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Dicho recuento, sin embargo, es muy selectivo. No dice nada, por ejemplo, de la Ley 25397, de Control de los Actos Normativos del Presidente de la República, promulgada por el Congreso el 12 de febrero de ese año, que establecía que este poder del Estado podía revocar el régimen de excepción que dictara el presidente.

Evidentemente, dicha norma requería una reforma constitucional. Al no ir por ese camino, puede decirse que el Congreso debilitó primero el esquema de equilibrio de poderes, aspecto clave del orden constitucional. Sin embargo, según la sentencia, el golpe del 5 de abril "constituyó un evidente acto inconstitucional y delictivo, sin atenuante alguno, y la instauración de una dictadura" (p. 208).

Por otro lado, si lo único que importa son los artículos de la Constitución de 1979 del gusto de la Sala, uno no entiende por qué la sentencia recoge el dato del inmenso apoyo popular que tuvo el golpe: "el setenta y uno por cierto de la población aprobó la disolución del Congreso de la República y el ochenta y nueve por ciento, la reestructuración del Poder Judicial" (p. 206).

Si este apoyo no significaba nada, no debió mencionárselo. Si se lo mencionó, debió ponderárselo de alguna manera. La mención de hechos que luego no son evaluados revela un proceder ligero, si es que no un afán de aparentar un amplio entendimiento, que realmente nunca se tuvo.

Así, por todo lo señalado, la sentencia no logra construir persuasivamente el argumento del "dominio de los hechos". Salta violentamente a sus conclusiones, forzándolas. Al hacerlo, considerando lo que estaba en juego, no contribuye en nada a legitimar la administración de justicia peruana. (José Luis Sardón-Perú21)

LA SENTENCIA LA HICIERON ENTRE GALLOS Y MEDIANOCHES

El congresista Rolando Sousa reveló que el vocal supremo César San Martín, presidente de la sala penal especial suprema que condenó al ex presidente Alberto Fujimori a una pena de 25 años de cárcel, ha mentido al país al asegurar en una carta explicatoria que la sentencia condenatoria la redactó con ayuda de choferes, técnicos administrativos y asistentes, y no con la participación de consultores de la ONG Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales (Inpeccp), de la que es socio activo.

Sousa señaló que San Martín le ha dado esa respuesta ante su pedido de explicación sobre las personas que le ayudaron a redactar la sentencia, en atención a que la lectura de la sentencia dijo: Una sentencia de estas características, por su complejidad, ha demandado un trabajo colectivo, constante, desde el primer día que se inició. Todo un equipo de trabajo, formado por más de 20 personas, no hemos abocado a examinar, analizar, separar y revisar cada documento, cada declaración.

En efecto, en su carta da cuenta de una lista de 25 personas, de las cuales 15 son personal de apoyo (choferes, mensajeros y administrativos) y las 10 restantes son técnicos y asistentes judiciales, pertenecientes a diferentes unidades del Poder Judicial, pero ninguno con las calidades de magistrados capacitados para intervenir en la redacción de un fallo de más de 700 páginas en un plazo de tres días, entre la finalización del último de los alegatos y la lectura pública de la sentencia.

Según Sousa, el equipo de trabajo que estuvo con San Martín en la redacción de la sentencia no está referido a secretarios y choferes, sino a abogados especialistas presuntamente pertenecientes a la ONG Inpeccp, que tuvieron a cargo la redacción de por lo menos 5 de los 22 capítulos de la sentencia, entregados a la sala a través de su asistente Joel Segura Alania.

Este personaje, que encabeza la lista de los 25 administrativos, aparece como autor con el nombre de Joel de esos cinco capítulos en el paquete electrónico compuesto por los 22 capítulos de sentencia a los medios de comunicación, mientras que en los restantes 17 capítulos aparece como autor: pjudicial. (Esto esta comprobado, si lo está)

Posteriormente, una pesquisa periodística publicada en La Razón ha puesto al descubierto una activa relación entre Inpeecp y los integrantes de la sala penal presidida por San Martín, especulándose que los consultores extraños a la sala, que participaron en la redacción de la sentencia, serían Miguel Pérez Arroyo, director general del Inpeccp, Alexei Saenz Torres, procurador ad hoc en los casos Montesinos-Fujimori, José Carlos Angulo Portocarrero, profesor de la UPC y posgrado en la U. de Salamanca, el profesor español José María Asensio Mellado, entre otros.

Victor Alvarado. Diario La Razón

SENTENCIA CONTRA FUJIMORI BENEFICIA A SENDERO

La congresista del Perú, Lourdes Alcorta lamentó la condena contra el ex Presidente Alberto Fujimori y señaló que constituye una venganza por el simple hecho de haber acabado en el Perú la subversión terrorista y advirtió que la sentencia perjudicaría la labor de las FF.AA. porque podría usarse como un instrumento de amedrentamiento.

"La condena ha sido excesiva, vengativa, pero así son los peruanos ingratos que se han olvidado quien fue el que combatió al terrorismo. Es muy fácil ahora juzgar a todo el mundo y nos olvidamos como fue esa época, como el terrorismo dejaba sin luz, sin agua y que cada vez desaparecía un carro, era para un coche bomba. Nos hemos olvidado de todas las víctimas, la gente de Tarata, de los ashaninkas, de la gente de Ayacucho que huyo hacia Lima" así lo dijo.

Indicó que por el contrario “debería agradecérselo a Fujimori por haber pacificado el país, es una ingratitud contra el único presidente de las décadas ‘80 y ‘90 que enfrentó al terrorismo. Hoy esa actitud está teniendo su costo político muy alto”.

“Si van a condenar a Fujimori, pues que regrese Sendero que hasta ahora no se va porque la gente que está en el VRAE lo sigue combatiendo. No mereció esta condena porque sino mañana quién saldrá a defendernos del terrorismo ¿las ONG? Estamos en una sociedad en la que no se respalda a las FFAA ni a la PNP. Cuando un militar o policía cae no importa, pero cuando cae otro los llaman asesinos, criminales y desgraciados, pues no es así”, expresó.

Esta es una realidad que se está viviendo en el Perú, es decir que la venganza política contra el ex mandatario a través de un poder judicial aparentemente correcto,esta en marcha y es encaminada por la roja caviar, siguiendo la estrategia elaborada por las ONG con dinero de donaciones del mundo que encubren un propósito encubierto y apoyado por algunos miembros del gobierno de turno. El Sistema de Inteligencia en Perú esta en decadencia.