Alejandro Toledo padece aparentemente de resaca crónica, porque entre tanta demagogia que ha derramado en los últimos días, ha dicho que su gobierno combatió la corrupción y “jamás manipuló a la justicia”. Más fácil es creerle que detesta el whisky y que frecuenta lupanares para predicar el Evangelio.
Cuando a Jorge “Koki” Toledo, el sobrino favorito, se le descubrió una cuenta bancaria con 750 mil dólares, sin tener trabajo conocido, los procuradores y fiscales “anticorrupción” se pusieron a silbar mirando al cielo, la prensa “moralizadora” prefirió ocuparse de la crisis en Moldavia, y las ONG en excavar el parque Kennedy buscando tumbas clandestinas.
Miguel Toledo Manrique, otro sobrinísino, drogó y abusó sexualmente de la joven Milady Rojas. Tras un proceso prolongado más de lo normal, le dieron una sentencia son sabor a premio, y hoy se pasea libremente, mientras su víctima vive el escarnio de la vejación impune.
La hermanísima Margot Toledo fue denunciada por haberle vendido visados de residencia en el Perú a ciudadanos extranjeros, Pedro Toledo se asignó una concesión de telefonía para revenderla en millones de dólares, y Luis Toledo se adjudicó dudosamente terrenos en Lurín. Los tres fueron denunciados ante la justicia, pero ninguno ha pagado culpa alguna por tales actos ilegales e inmorales.
Hagamos una abstracción e imaginemos que los protagonistas de todas estas historias no se apellidasen Toledo, sino Yoshiyama, Mulder o Garcíaa. ¿No estarían siendo hoy perseguidos o estarían en la cárcel?
Rafael Rey denunció, con pruebas contundentes, que Toledo había falsificado firmas para inscribir a Perú Posible en 1989. Siete años después de la denuncia, el proceso abierto sigue acunado por jueces y fiscales, y así seguirá durmiendo. La impunidad judicial es marca registrada de los Toledo.
El más reciente escándalo de manipulación política de la justicia lo hemos visto estos días, cuando el 9º Juzgado Penal de Lima resolvió no abrirle instrucción a Ollanta Humala por la asonada golpista de Andahuaylas, que él ordenó perpetrar en enero del 2005.
El comandante era el jefe del movimiento golpista, salió a una radioemisora para pedir que la población apoye la intentona,y hay además un vídeo del día de la asonada en el que Antauro Humala confirma que el jefe del motín es Ollanta. Con todo esto, el juez de marras concluye que “no hay pruebas” que inculpen al denunciado.
El proceso dio un giro de 180 grados a favor de Ollanta después de que éste se reunió en secreto con Toledo y pactaron la alianza humalista-caviar que actúa hoy dentro y fuera del Congreso. Por eso es que los diarios caviares ocultaron la escandalosa “limpiada” a Ollanta reportando el hecho con una notita pequeña y refundida, sin hacer olas.
Tampoco hemos olvidado que Toledo traicionó a los peruanos al aceptar como cierta la denuncia que presentó la terrorista Mónica Feria contra el Perú en la Corte Interamericana de DDHH, por el caso del penal Castro Castro.
La actitud cobarde del ex presidente le ha costado al Perú una sentencia infame que lo obliga a desagraviar en público e indemnizar a jefes terroristas como Osmán Morote, Atilio Cahuana y a muchos criminales más, como si fuesen víctimas del Estado.
Por hechos menos graves que éste hay peruanos que llevan años en prisión. Pero a Toledo no lo ha acusado ningún procurador, ningún fiscal, ningún diario “moralizador”, ninguna ONG que “defiende” los derechos humanos. Que va.
Y qué decir de la feroz persecución judicial contra los militares que combatieron al terrorismo, en la que los procuradores y fiscales limpiaron de cualquier acusación a los generales Marciano Rengifo, Walter Ledesma, Roberto Chiabra, César Reinoso y otros, sólo porque se vendieron al toledismo.
No decimos que ellos hayan sido criminales, ni mucho menos, pero si se hubiese aplicado la ley igual para todos, también debieron ser procesados pues ejercieron altos cargos de comando durante la lucha contra la agresión terrorista.
No menos escandaloso fue el caso del caviar Javier Ciurlizza, quien debería estar preso por haber negociado prebendas y concesiones políticas con Abimael Guzmán, a espaldas del presidente de la República. Y sin embargo, ningún procurador o fiscal lo acusó de nada.
En un audio de esas conversaciones se escucha claramente que Guzmán fue uno de los primeros en conocer que se iba a crear una “comisión de la verdad”, y que en esa reunión Elena Iparraguirre ”sugirió” que Carlos Tapia sea incorporado a dicha comisión.
Y así Rospigliosi y la prensa caviar quieren hacernos creer que Toledo y sus amigotes izquierdistas son los grandes moralizadores y luchadores contra la corrupción. Tanto cinismo nos provoca arcadas.
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