OTRO ERROR DE ALAN GARCIA ?

Escándalo fabricado para encubrir a Toledo

Bastó que se volviera a ventilar la presunta actuación ilegal de Alejandro Toledo en la venta de América Televisión al grupo El Comercio-La República para que éste desatara una campaña feroz contra el gobierno, a través de su millonaria red de medios de comunicación.

Casi tres meses después de haberse aprobado el indulto presidencial a favor del ex dueño de Canal 4 José Enrique Crousillat, dicha red desempolvó el caso para montar un gran escándalo mediático destinado a impedir que Toledo sea inquirido por presunto tráfico de influencias.

Aunque el poder mediático toledista-caviar sostenga lo contrario, aquí el tema de fondo, el escándalo, no es el indulto a Crousillat, sino la presunta actuación delincuencial de Toledo en agravio del sistema democrático.

Si el empresario regresa a la cárcel, se fuga o se muere, no cambiará en nada lo que se tiene que esclarecer: el chantaje y la extorsión que habría ejercido Toledo, abusando de su poder, para entregarle América TV a sus amigos Chicho Mohme y El Comercio.

Nadie puede tapar el sol con un dedo, por más millones, diarios y canales de televisión que tenga en sus manos.

Todos saben que Chicho Mohme pagó una miseria por hacerse de las acreencias del Banco Wiese en el Canal 4. También sabemos que El Comercio adquirió su parte poniendo como garantía sus acciones en el Canal N, que no valían casi nada porque aquel estaba casi quebrado.

En los círculos políticos y mediáticos se comenta en voz baja, desde hace mucho tiempo, que Chicho es el testaferro de Toledo en Canal 4. ¿Por qué seguir alimentando esos rumores en vez de liquidarlos aclarando todo?

Si, como dice el aparato mediático, la transferencia del Canal 4 fue prístina, ¿por qué entonces se resisten a que el Congreso o el Poder Judicial investiguen el proceso? ¿Por qué tanto salto si el piso está parejo?

El delito de José Francisco Crousillat no ha sido hacerse el enfermo, que va. Ha sido denunciar penalmente a Toledo y un grupo de funcionarios de aquel gobierno por tráfico de influencias en el caso del Canal 4.

Si el empresario no hubiese iniciado esa acción legal, de seguro hoy seguiría disfrutando libremente de su casa en el balneario de Asia.

Dudo de la honestidad de Crousillat, pero dudo igual de quienes dicen que Alejandro Toledo encarna la ética, a sabiendas de que éste, entre otras fechorías, quiso apropiarse de los canales 2, 4 y 5 cuando ejerció en poder.

Álvaro Vargas Llosa se apartó de Toledo cuando lo escuchó pedirle a Josep Maiman que comprara el Canal 2 para silenciar a Jaime Bayly porque éste criticaba que negara a su hija Zaraí.

El plan contra Canal 2 se truncó gracias a la denuncia de Vargas Llosa hijo y a la reacción inmediata de Baruch Ivcher en defensa de su propiedad.

El gobierno toledista le entregó el Canal 5 a su amigo Genaro Delgado Parker sin que éste tuviese ningún derecho sobre esa empresa -como se probó en el Poder Judicial-, y pese a ser aquel un empresario montesinista.

Toledo presionó al presidente de Panamericana Televisión, Pedro Arbulú, para que le vendiera la empresa, mientras los dueños del canal eran acosados por la siniestra alianza prensa caviar - justicia “anticorrupción”.

Como Arbulú se negó, le dio el apoyo de la policía a Delgado Parker para que éste capturara por la fuerza la empresa y se apoderara de ella ilegalmente. El premio para Genaro fue una sentencia benévola, sin cárcel, por haber recibido prebendas de Vladimiro Montesinos.

Igual presionó al banquero Eugenio Bertini. La prensa toledista y la “justicia anticorrupción” lo acosaron y en ese contexto Toledo lo citó a Palacio para quejarse de los Crousillat y preguntarle ¿qué piensa hacer su banco con las deudas de Canal 4? Sutil pero claro chantaje.

Curioso: La República encabezó una feroz persecución mediática contra Bertini, pero después que Chicho Mohme se hizo de las acreencias del Banco Wiese en Canal 4, la campaña paró en seco, el diario “se olvidó” de Bertini.

Existe además el testimonio del correcto colega César Campos, quien ha narrado con lujo de detalles que Toledo lo citó a Palacio para pedirle que sea presidente de una “comisión interventora” del gobierno en Canal 4.

Sorprendido por la propuesta, Campos le preguntó a Toledo: “¿Pero ese caso no está en Indecopi? Y aquel le respondió: “No te preocupes, eso ya lo tengo arreglado”.

Claro que lo tenía arreglado, había nombrado a su abogado personal, César Almeyda, presidente de Indecopi y jefe del servicio de inteligencia.

Todo este cúmulo de claros indicios no existe para el grupo El Comercio – La República. Éste solo se escandaliza con el indulto a Crousillat. Es ciego, sordo y mudo ante las graves denuncias de corrupción contra Toledo.

Pero, ¿es verdad que el presidente Alan García indultó indebidamente a Crousillat? No lo sabemos aún, no se ha demostrado todavía, por más que la mediática toledista – caviar sostenga lo contrario.

Comparto la opinión de quienes creen que si la torpeza fuese delito el ex dueño de América TV merece cadena perpetua, pues apenas recuperó la libertad es esmeró en dar la impresión de que se había burlado de la justicia.

De hecho merece ser castigado si ha actuado ilícitamente, pero esto debe ser aclarado técnicamente, por médicos, no política ni mediáticamente.

El poder mediático ha desplegado primeras planas y espacios estelares en televisión dándole la razón a un médico del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y a dos miembros de la dirigencia izquierdista del Colegio Médico del Perú (CMP) que opinan que Crousillat nunca debió ser liberado.

Bien que divulguen esa versión, pero también deben divulgar la de los 11 médicos que opinaron que si el empresario seguía preso su salud corría peligro de muerte. ¿Por qué ocultan esta información a la ciudadanía?

Un destacado periodista radial me comentó alarmado: “qué peligroso es que un grupo de medios tenga tanto poder en el país, esto no puede seguir”. Se refería a la fuerte presión para que renuncie el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, solo porque el grupo El Comercio-La República sostiene, sin pruebas, que el indulto a Crousillat fue fraudulento.

También se refería a la manipulación del Poder Judicial que ejerce el otro brazo del poder mediático: las ONG caviares que han maniobrado para que un fiscal y un juez “anticorrupción” acusen y le abran proceso a Crousillat, con orden de captura, ¡sin una investigación previa!

La acusación fiscal está sustentada en un artículo de un diario del grupo El Comercio que sostiene que el empresario se hizo el enfermo. Típica manera de actuar de la totalitaria Fiscalía “Anticorrupción”.

Igual de totalitaria es la denuncia presentada por un procurador “anticorrupción” Jorge Luis Caldas contra el abogado del ex dueño del Canal 4, Jorge Castro, porque éste se niega a informar el paradero del empresario. Ningún magistrado decente admitirá semejante denuncia pues todos los abogados están obligados a proteger a sus clientes perseguidos.

Cuando estaba por terminar este artículo se conoció que el presidente García había echado del Gabinete al ministro Aurelio Pastor, sacrificándolo para saciar la sed de venganza del grupo El Comercio-La República.

García, siempre ha sacrificado políticamente a quien sea para salvar su imagen personal, pero esta vez ha sobrepasado todos los límites, pues lo que ha sacrificado en realidad es la democracia.

Con su decisión, García la ha dejado sometida a la voluntad de un grupo oligárquico y de oportunistas corruptos que solo defienden un negocio mediático signado por un origen oscuro y pestilente.

Metafóricamente hablando, García la ha entregado la banda presidencial a “don” Luis Miró Quesada, y el fajín de la Presidencia del Consejo de Ministros al sinuoso montesinista Chicho Mohme, en vez de hacer respetar la investidura que le delegó el pueblo y de defender el estado de derecho y la justicia.

Sin ser aprista me avergüenza de que el líder de ese partido se comporte como un pusilánime político de segunda, dócil y obediente ante el poder económico. El pueblo aprista no se lo merece.

Por Víctor Robles Sosa. Periodista y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)