INJUSTICIA EN EL PERU

domingo 13 de diciembre de 2009

JUSTICIA EN EL PERU VIOLA LOS DD. HH. FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Solo en "Democracia Correcta" suceden estos atropellos contra DD.HH.

El sistema anticorrupción creado por la izquierda caviar enquistada en los órganos de administración de justicia ha colapsado víctima de su propia podredumbre moral, atiborrado de corruptela y de resoluciones prevaricadoras fraguadas entre gallos y medianoche, y a la medida de la víctima. El caso del general Walter Chacón ha sido solo un leve toque sobre la herida oculta, que bastó para que brotara bruscamente el pus que durante nueve años se ha acumulado en el cuerpo de nuestra maltratada Judicatura. Las ilegalidades que han motivado la intervención del Tribunal Constitucional en el caso Chacón no han sido la excepción, son la regla diaria en el accionar de fiscales y jueces de la llamada "justicia anticorrupción", salvo honrosas y muy escasas excepciones. El tribuno Javier Valle Riestra, en un lúcido artículo, acaba de dejar al desnudo las violaciones que cometen impunemente esos magistrados en contra de los Derechos Humanos de los procesados y de los principios del Derecho que garantizan el debido proceso, como son el Juez Natural, Tribunal imparcial, independiente y competente; la Presunción de Inocencia, etc. Valle Riestra ha mostrado el alma totalitaria de aquellos y nos ha revelado cómo la cacería política ha colocado a la Judicatura al margen de las leyes internacionales, por haber violado la Convención Interamericana de DDHH, la Declaración Universal de DDHH, y otros tratados afines, así como la propia Constitución del Perú. El Tribunal Constitucional ha actuado bien en el caso Chacón porque la Constitución lo faculta a restaurar los derechos fundamentales violados por la autoridad, en perjuicio de cualquier ciudadano, sin importar quien sea. El doctor Javier Villa Stein y la doctora Gladys Echaiz han salido en defensa de los prevaricadores alegando que el TC no tiene fuero sobre los fallos judiciales, en una actitud vergonzosa y cómplice con la ilegalidad. Vergonzoso porque hasta un alumno del primer año de Derecho sabe que el TC sí tiene jurisdicción sobre cualquier autoridad que violenta los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, sea policía, fiscal o juez. Y cómplice porque el presidente del Poder Judicial y la Fiscal de la Nación están propiciando el desacato contra el TC, al encubrir y justificar la violación consumada. De esto tendrán que responder ante la justicia. Esta actitud es una constante desde el año 2000. En el Poder Judicial la asumieron Hugo Sivina y Francisco Távara; y en el Ministerio Público Nelly Calderón y Adelaida Bolívar, ya fallecida. Estos seis pasarán a la historia como los ejecutores de una persecución que no reparó en pisotear los fundamentos del Derecho y de la justicia. Ellos han convertido al Perú en el único país del mundo en el que se aplica el seudo principio de la "retroactividad maligna de las leyes", en contra del principio universal de la Retroactividad Benigna, que señala que las leyes que perjudican al reo no son retroactivas. También han impuesto el "principio de ilegalidad", que ultraja al Principio de Legalidad que impide que toda persona sea juzgada con leyes distintas a las que estaban vigentes cuando se produjeron los hechos materia de juicio. Mención especial merece el caso de la sala San Martín, "buque insignia" del aparato persecutor, que ha innovado el "control intruso" (contrario al Control Difuso) al arrogarse atribuciones por encima del Tribunal Constitucional, para declarar nulas dos Leyes Constitucionales de 1992, en un fallo prevaricador que viola juntas a las Constituciones de 1978 y de 1993. La lista de aberraciones jurídicas perpetradas por quienes han creado o han tolerado la tenebrosa justicia anticorrupción es muy larga. No abundaré más al respecto. Pero el caso Chacón es apenas la punta de un iceberg enorme de ilegalidades perpetradas por la Sala Villa Bonilla, la principal operadora de ese sistema totalitario llamado "justicia anticorrupción", digno de la Albania del siniestro Enver Hoxha o de la Rusia de Stalin. El año 2006 esa sala pasó por encima del fuero constitucional del primer vicepresidente de la república, Luis Giampietri, originando un escándalo. El también congresista denunció al tribunal, pero la OCMA y el entonces presidente del Poder Judicial Francisco Távara lo encubrieron. En una entrevista que le hice a Távara aquella vez, éste admitió que la sala Villa Bonilla había violado la Constitución en el caso Giampietri, pero lo justificó diciendo que había sido un "error". ¡El prevaricato es solo un error! Ese mismo tribunal inquisidor ha arrasado con el principio de la presunción de inocencia y con el de independencia y neutralidad del juez, pues ha adelantado opinión en contra de los procesados en innumerables veces. Al ex secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, José Dellepiane, le impuso una carcelería injusta que le produjo el cáncer que lo mató, en el juicio que le abrió por haberle pagado a los vocales supremos una bonificación por combustible que recibían desde años atrás. La sala carcelera resolvió que aquellos pagos eran ilegales, sin el menor sustento, pero solo persiguió y enjuició a Dellepiane. A los vocales que cobraron ese dinero "ilegal" no los tocó. Al general Julio Salazar Monroe, la Sala Villa Bonilla lo condenó a 35 años de cárcel por el caso La Cantuta, violando las reglas del juicio imparcial ya que no había pruebas ni testimonios que lo inculparan. En el juicio oral se probó que Salazar Monroe es inocente, pues ninguno de los 40 testigos lo inculpó, tampoco hubo ni una prueba documental en su contra, y tampoco los co procesados dijeron algo que pudiera incriminarlo. Pero igual, la sala Villa lo condenó yendo en contra del debido proceso. Hace poco, el ex agente de inteligencia del ejército Douglas Arteaga Pascual fue excarcelado por mandato de un tribunal superior después de que la sala siniestra lo había tenido seis años preso sin ser sentenciado. Lo mismo ocurrió con otros acusados en los juicios por el grupo Colina. Otro caso de abuso es el del suboficial del ejército Pedro Santillán, quien ha sido encarcelado por mandato de la misma sala, que lo acusa de cómplice en el asesinato de un grupo de presuntos terroristas ocurrido en Huacho. Santillán es un agente en inteligencia electrónica que nada tiene que ver con lo que hacía Colina, y sin embargo lo han involucrado. Han sido incluidos en los juicios a Colina todos los agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), para "probar" que aquel era un grupo "oficial" del ejército. El caso de Santillán es dramático porque en los últimos seis años ha vivido bajo arresto domiciliario, y al no poder trabajar su familia se hundió en la pobreza, obligándolo a dejar a una de sus hijas en un albergue para menores en situación de abandono. Sus otras hijas están ahora con su anciano padre. Pero este tribunal de marras goza además de impunidad, pues han sido presentados en su contra constantes Habeas Corpus y pedidos de recusación justos que han sido denegados siempre, lo cual indica que está blindada por un sector poderoso de la Corte Suprema. Cuenta además con el apoyo de la maquinaria mediática caviar, que defiende a capa y espada a la sala Villa Bonilla cada vez que las miserias de ésta son expuestas a la luz pública. El apoyo es obvio porque la creadora de ese siniestro aparato totalitario ha sido la izquierda caviar, que tiene el apoyo de un grupo de jueces y fiscales "apristas caviarones", como Echaiz y Távara. Lo peor de todo es que esta perversión de la justicia, que tanto daño le hace a la democracia, ha sido concebida y consumada en el nombre de la "moralidad", que es solo una coartada que encubre una feroz persecución ideada por mentes torcidas de seres sin alma, ni conciencia, ni valores.

Artículo enviado por Víctor Robles Sosa Periodista y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (IPADES)

LAS ONG Y DEMOCRACIA CAVIAR INVADIÓ AL CLERO

Las sotanas rojas se agitan

Sería necio negar que el atraso secular que padece la selva fue un factor concurrente para el trágico desenlace de Bagua, pero sería igualmente insulso negar que el factor determinante para el estallido de la violencia fue la manipulación política que ejercieron el chavismo local y ciertos religiosos radicales de izquierda. Lo saben todos, pero nadie lo quiere decir en voz alta.

Esta es la verdad más importante que nos presenta el informe de la Comisión Bagua que se creó para esclarecer los hechos que desembocaron en la matanza de 24 policías y la muerte de nueve civiles (solo cuatro de ellos indígenas), en la cruenta asonada del 5 de junio pasado.

Es menester aclarar que ésta no es una crítica a la Iglesia Católica, institución que me merece el mayor respeto y aprecio, sino a un grupo de obispos, curas y monjas que han optado por asociarse de facto con quienes pugnan por desestabilizar al sistema democrático para reemplazarlo por otro totalitario.

Es el mismo grupo que en las últimas décadas ha llevado a la Iglesia católica peruana a perder predicamento en la fe religiosa de nuestro pueblo por dedicarse más a hacer política que a predicar el Evangelio. El crecimiento de las iglesias evangélicas, en detrimento de la católica, en ese mismo período, corrobora lo que afirmamos.

El caso Bagua revela que aquel grupo está tan comprometido con sus afanes políticos que al parecer estos prevalecen en ellos por sobre todo lo demás, inclusive sobre los valores de la Iglesia.

Azuzaron a los nativos

La comisión investigadora de la Matanza de Bagua ha llegado a la conclusión de que los religiosos radicales de la Vicaría de Jaén son co-responsables de esos hechos porque contribuyeron a azuzar y soliviantar a las comunidades amazónicas para que se enfrentasen con el estado, en vez de patrocinar una solución pacífica.

También ha concluido que esos religiosos participaron en la organización del "paro Amazónico", brindándole a los amotinados una logística diversa: avituallamiento, primeros auxilios, transporte, apoyo mediático, refugio y protección.

Les inculcaron en la mente a los comuneros la mentira que decía que mediante la llamada Ley de la Selva el estado (léase la democracia) les despojaría de sus tierras y envenenaría el agua de los ríos. Esto lo hicieron mediante "programas de animación" ejecutados por "misioneros" en las comunidades selváticas, según lo ha establecido la Comisión Bagua.

Durante los sucesos del 5 de junio, los periodistas de la Vicaría de Jaén estuvieron en la Curva del Diablo y en Uctubamba, cubriendo los hechos para la ONG Coordinadora Nacional de Radio (CNR), que propaló al mundo la infamia de que la democracia de "genocidio" de indígenas. Dicho sea de paso, no se ha rectificado.

Fueron esos periodistas quienes filmaron la matanza de policías en el cerro que domina la Curva del Diablo, según lo ha establecido la Comisión Bagua, la cual ha hallado además indicios que señalan que un segmento de cuatro minutos de ese vídeo fue mutilado para encubrir aparentemente a los asesinos del mayor PNP Felipe Bazán.

Refugio a los criminales

El 5 de junio, los nativos que asesinaron a los policías en el cerro de la Curva del Diablo se refugiaron en una sede en Bagua de la Vicaría de Jaén, a donde llevaron las armas que arrebataron a sus víctimas, cuchillos y lanzas manchadas con la sangre de los policías ultimados, cuyos cuerpos inertes fueron arrojados en un abismo.

Es imposible que los religiosos no hayan visto las armas que llevaron los nativos (fusiles AKM); y era obvio que si tenían ese armamento estaban implicados en la matanza de los policías. Aún así, los refugiaron en el Centro Pastoral "Santiago Apostol", y les dieron primeros auxilios a los heridos en la respuesta policial a la masacre.

La policía tuvo que allanar el local religioso para sacar de allí a los presuntos asesinos y recuperar el armamento robado, así como otras pruebas de la matanza.

El asesinato del mayor PNP Felipe Bazán, según los indicios hallados por la comisión, fue conocido desde el principio por la Vicaría de Jaén, que calló el crimen a pesar de que el padre de la víctima estaba buscando desesperado a su hijo. ¿Dónde quedó el sentido de la bondad y el amor al prójimo?

Según la comisión, la Vicaría también habría mutilado el vídeo para encubrir a los asesinos. Uno de estos, Asterio Cujupat, ya detenido, ha confesado su delito y ha delatado a algunos de sus cómplices.

La Vicaría acudió presta a darle asistencia legal a Cujupat, por medio de la ONG roja Fedepaz, que acusó a la PNP de haber inventado la confesión alegando que el detenido habla solo el dialecto Awajun. La mentira se deshizo al conocerse el vídeo del interrogatorio en el que se ve a Cujupat hablando en castellano.

Extremismo

Los religiosos comprometidos con la izquierda son tan extremistas que inclusive justifican la matanza de los 12 policías muertos en la Estación 6 del oleoducto (Imazita), y se niegan a condenarla, aún cuando las víctimas fueron degolladas a sangre fría, estando inermes y con las manos atadas en la espalda.

El grupo católico radical ha emitido pronunciamientos de apoyo a la monja española Maricarmen Gómez, quien pretende descalificar el trabajo de la comisión, pero calla sobre la matanza de Imazita y el asesinato del mayor Bazán. Está excesivamente politizado, no debería ejercer el sacerdocio.

Tiene una estrecha ligazón con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que avala otra infamia divulgada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), según la cual el ejército peruano inoculó a los detenidos en Bagua sangre de los policías muertos.

Esto no tiene el menor asidero porque una transfusión de sangre inopinada produce un shock linfático que ocasiona la muerte inmediata, y que se sepa ninguno de los detenidos aquella vez falleció.

La CNDDHH, mediante su cabeza principal, Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos), también inventó mentiras que no debemos olvidar: que cientos de nativos fueron asesinados y arrojados al río, que los helicópteros de la policía atacaron a los nativos con ametralladoras calibre 50 (que parten en dos un árbol de un tiro) y con lanzallamas (¡desde 300 metros de altura!), entre otras barbaridades.

Monja infidente

Ha quedado confirmado además que la monja Maricarmen Gómez le informaba a la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL, integrante de la CNDDHH) todo lo que se trataba en la Comisión Bagua, y también le entregó un borrador del informe final.

Los vínculos entre este sector radical de la Iglesia con la ultraizquierda marxista y la izquierda caviar son de vieja data. Juntos coordinaron acciones de "derechos humanos" destinadas a frenar operaciones militares y a acusar de falsos crímenes a las fuerzas armadas y a la PNP durante la guerra contra el terrorismo.

Son además intolerantes. Un episodio ilustrativo ocurrió en la Prelatura de Sicuani, donde los malos religiosos le traspasaron a un grupo izquierdista la propiedad de la radio de la Iglesia al ver que el nuevo obispo designado por Roma no era promarxista. Ahora esa radio se dedica a atacar al Prelado nuevo.

Una conocida integrante de ese sector religioso extremista era la ex monja Nelly Evans, quien después de una intensa actividad religioso-política de izquierda dejó los hábitos para incorporarse a Sendero Luminoso, donde integró el aparato terrorista encargado de la seguridad personal del genocida Abimael Guzmán.

Ella purga actualmente una condena de cárcel por delito de terrorismo, al haberse establecido que administró una casa donde se ocultó Guzmán y en la que se guardaba oculta documentación importante de la cúpula de la banda armada maoísta.

Otro exponente es el cura Marco Arana, quien montó una ONG que, en teoría, defiende el medio ambiente, pero en los hechos boicotea la inversión privada en minería y petróleo. Ha creado ahora un partido político con el que aspira a ser el candidato presidencial de la izquierda radical.

Todos los hechos mencionados plantean como urgente una intervención de El Vaticano que poner fin a estos excesos que desprestigian a la Iglesia Católica.

Roma debería tomar medidas ejemplares en la Vicaría de Jaén primero, y después en la jerarquía eclesiástica peruana, para impedir que los recursos de la iglesia sean usados en apoyar planes violentos que buscan socavar los cimientos del sistema democrático del Perú.

Por Víctor Robles Sosa. Periodista y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)

CASO DE CORRUPCION TOLEDISTA

Grave denuncia revelaría uso del poder para fines particulares.

Destacados juristas han considerado “grave” la denuncia de supuestas presiones por parte del ex presidente Alejandro Toledo y varios de sus funcionarios para el traslado de América TV al grupo Mohme y El Comercio, ya que podría revelarse una concertación con fines particulares, utilizando el poder político.

El constitucionalista Aníbal Quiroga consideró que esta denuncia amerita “sin duda” una investigación ya que revelaría la intención de copar a la prensa en medio de un régimen supuestamente democrático. “Yo creo que en este caso es importante la investigación porque revela la intención de copar a la prensa en un régimen democrático, eso es inconcebible y amerita ser investigado”, señaló. Para el jurista “la investigación se justifica”, más aún cuando hay elementos que denotan irregularidades, como la supuesta intervención en este caso de César Almeyda, ex asesor del ex presidente Alejandro Toledo, quien ha sido procesado y hallado responsable por vinculaciones con el ex cajero de Vladimiro Montesinos, general Óscar Villanueva. Quiroga indicó que esta indagación de los hechos debe hacerse a través del Ministerio Público, que de encontrar elementos suficientes para una denuncia constitucional pasaría el caso al Congreso de la República. Asimismo, descartó que el pedido del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, para que el Congreso y la Fiscalía inicien una inmediata investigación en torno a la denuncia, sea una amenaza a la libertad de prensa, tal como lo han señalado algunos medios de comunicación, más aún porque es inusual que un canal de televisión sea manejado por sus acreedores y no por su cuadro directivo. “A mí no me parece un ataque a la libertad de expresión, hay una preocupación legítima que no pasa por la voluntad del ministro (Pastor) porque, efectivamente, en el Canal 4 se discute la titularidad de quienes la manejan (sus acreedores), y es un asunto que tiene que verse conforme a las reglas jurídicas que existen”, dijo. Asociación ilícita El jurista y ex ministro de Justicia, Alfredo Quispe Correa, señaló que esta denuncia es “bastante grave” porque se estaría cometiendo el delito de asociación ilícita para delinquir, pues hay una concertación entre el ex jefe de Estado y funcionarios públicos de ese régimen para fines particulares y no del Estado en base a mecanismos que da el poder. “Si se han asociado para acciones irregulares es un delito, si no se investigó, si no se proceso, eso no ha prescrito, puede investigarse”, sentenció. Sostuvo que con esto se estaría revelando una contradicción en el discurso del ex presidente Toledo, quien se ha mostrado como un paladín de la democracia. Quispe Correa también aseveró que investigar y procesar a un gobierno y a funcionarios públicos no pone en riesgo la libertad de prensa, por más vinculación que haya con ésta, pues se trata de esclarecer una situación “un poco oscura” en la que habría ilícitos penales. “Entonces, ahora también debería haber una investigación hecha con todas las garantías de la ley para determinar si realmente hubo está asociación ilícita para delinquir”, señaló. Mencionó que de ser así el caso pasaría al Congreso, donde finalmente lo denunciarían constitucionalmente ante el Ministerio Público, teniendo en cuenta que aún no han trascurrido los cinco años que establece la ley sobre su derecho a la inmunidad.

• Cronología de una intervención
• 2 de noviembre de 2001: Las hermanas Crousillat advierten que Alejandro Toledo promete América Televisión a Yosef Maiman y al diario La República.
• 3 de diciembre de 2001: La compañía de Radiodifusión, CRP (América TV, canal 4) fue declarada en estado de insolvencia a pedido del banco Wiese Sudameris.
• 14 de febrero de 2002: César Augusto Almeyda Tasayco es nombrado presidente de Indecopi.
• 19 de marzo de 2002: El procurador especial para el caso Montesinos, José Vargas Valdivia, declara que la defensa del Estado está facultada para pedir un embargo preventivo contra América TV y que el hecho de que el canal haya ingresado a un proceso de reestructuración en Indecopi no lo excluye de cualquier medida cautelar.
• Primeros días de abril de 2002: El presidente Alejandro Toledo llama a Palacio de Gobierno al periodista César Campos para ofrecerle ser el interventor que nombrará oficialmente la Junta de Acreedores, próximamente Campos rechaza la oferta. Días antes también le fue ofrecida al periodista Alberto Ku King.
• 27 de abril 2002: La junta de acreedores de América TV decidió dar a por concluida la administración de las hermanas Crousillat y puso, en su reemplazo, un comité de gestión empresarial que a su vez entregó el manejo a la compañía consultora A, presidida por el empresario Jaime Crosby.
• 13 de julio de 2002: El propietario del diario La República compra el 80% de las acreencias del banco Wiese Sudameris en América Televisión.
• 19 de febrero de 2003: el consorcio Plural TV, conformado por la editora El Comercio y grupo La República, así como la colombiana Caracol TV , asume la administración de América Televisión.
• 23 de abril de 2003: César Almeyda se reunió, según el periodista Gustavo Gorriti, con Gustavo Mohme Seminario para plantearle la adquisición de acciones de Canal 4, cuando todavía era funcionario de Indecopi.
• 11 de mayo de 2003: Dos días después de que el directorio Plural Televisión asume la conducción del proceso de reestructuración de América TV, un repentino nombramiento de vocales “obligó” al tribunal a suspender el proceso. La orden fue dada por Indecopi, institución en la que su ex presidente y ex jefe del CNI, César Almeyda, mantiene un inusitado poder.
• 4 de junio de 2003: Acreedores de América TV aprueban plan de reestructuración. José Antonio Miro Quesada preside el nuevo directorio. El dato Hay que recordar que César Almeyda era jefe de Indecopi, justamente, cuando en esa entidad se estaba viendo el proceso de insolvencia en América TV, y aunque no hubo una investigación de por medio no son un secreto los rumores que había sobre su intervención en este

No tiene autoridad moral para denunciar nada. El legislador Mauricio Mulder señaló que existen pruebas más que suficientes que señalan que el ex presidente Alejandro Toledo presionó para tomar posesión de los canales 4 y 5 a inicios de su gobierno. “Cuando se formó la comisión investigadora en el Congreso, en esa oportunidad se determinó que Alejandro Toledo había pretendido apoderarse de los canales 4 y 5. La comisión investigadora estableció eso y la denuncia pasó al Ministerio Público. No sabemos qué camino siguió en el MP. Probablemente quedó en la investigación que se le inició a César Almeyda, ahí se acumuló. Pero que hubo intervención del presidente Toledo para apoderarse de Canal 4 y 5, eso está totalmente probado”, subrayó. En ese contexto, el también presidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento Nacional recordó que “hubo llamadas de Alejandro Toledo a Pedro Arbulú, administrador de Panamericana Televisión, efectuadas desde Palacio de Gobierno citándolo a ese lugar para hablar, a tal punto que le pidió que le vendiera el canal”. Investigó tema “No sólo César Campos habló de las influencias que ejerció Toledo por el tema de la posesión de los canales, sino el propio señor César Almeyda quien era el operador. Si no basta con recordar a este Almeyda cuando habla con el general Óscar Villanueva, quien luego se suicidó en extrañas circunstancias, diciéndole que el presidente Toledo le había encargado manejar el tema del Canal 4 desde Indecopi y también lo hizo a nivel de la Dirección de Inteligencia, donde también Almeyda fue presidente. Entonces con qué autoridad moral el señor Toledo ahora quiere aparecer como si nada sabía, es falso. El señor Toledo quiso apoderarse de los dos canales. Y a ello súmenle la falsificación de firmas, vinculaciones de sus hermanos de compras especiales, que uno se reunió con un narcotraficante”, reseñó. Mulder aseveró que él fue uno de los parlamentarios que investigó este tema de Canal 4 “y Javier Velásquez Quesquén también lo hizo”. La versión de Perú Posible El toledista Carlos Bruce, por su parte, aseveró que las investigaciones en torno a este caso son “bienvenidas”, pero “cuando se hacen para tejer cortinas de humo sobre temas más serios, ahí si nos oponemos”. “Gobierno tomará distancia” Luego de pedir a las instancias correspondientes una inmediata investigación sobre las supuestas presiones que se dieron en el gobierno de Toledo para declarar la insolvencia de canal 4, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, resaltó su pleno respeto a la libertad de prensa y expresión, y decidió retirar la propuesta que formuló en la víspera. “Para evitar que algunos consideren que se pueda estar involucrando, afectando, la libertad de expresión o interfiriendo en actividades propias de privados, retiro la propuesta y doy por superado el impasse”, declaró. En ese sentido, dijo que el gobierno toma absoluta distancia de la denuncia penal que existe en torno a dicha transferencia.

Ciertamente, el reciente despido de Beto Ortiz tiene que ver con esta situación difícil del empresario colchonero. A pesar de la clara tendencia naranja que ha venido mostrando el canal de la avenida San Felipe en Jesús María, con sus principales contrataciones, lo que es verdad es que lo que menos debe querer Baruch es banderizarse en el pleito de América Televisión. La opinión del juez en este caso ha sido muy instructiva y más o menos se resume en que no importa de dónde sacaron los Winter la plata para ampliar el capital, porque ya en lo penal se les sancionó por recibir dinero sucio, lo que cuenta es que ya se produjo una ampliación y a partir de ahí la mayor parte de las acciones son suyas. Obviamente, la respuesta de Ivcher va por el lado de cuestionar que el fallo desligue el delito ya sancionado, de la inversión realizada con el producto de la corrupción. En última instancia lo que se está discutiendo son los derechos de los antiguos dueños que regresan sin que haya un impedimento legal principista que los detenga, ya que nadie estableció limitaciones a su eventual regreso. Una parte del país puede sentir este reestreno de la hiper-corrupción de los 90 como un escándalo inaceptable, pero lo que no está muy claro es cuán amplio es todavía este sentimiento con el tiempo transcurrido y la propia corrupción en la que han caído muchos de los supuestos moralizadores. Es muy posible que el amague de regreso general de los amigos de Montesinos a los principales canales que se ve en estos días, represente más bien un símbolo de los tiempos ahora que entramos en un tramo electoral intenso y el Fujimorismo se muestra con pretensiones de volver a gobernarnos tanto en Lima y en todo el país. Al soltar a Crousillat, el presidente García ha abierto deliberadamente la caja de Pandora y dejado salir los demonios televisivos. En su mejor estilo ha creado una revolvedera en la que sólo él puede aparecer poniendo orden con el argumento de que puede dar o quitar indultos, y que puede desestabilizar a los empresarios que se sentían más poderosos en el control de la información televisiva. Los observadores más avispados interpretan que la contraofensiva de la vieja mafia en el terreno de los grandes medios de comunicación prefigura una intensa negociación entre diversos actores con vistas al ingreso del proceso electoral y con el presidente en el centro de los acontecimientos.

Señalan que grave denuncia revelaría uso del poder para fines particulares.

Destacados juristas han considerado “grave” la denuncia de supuestas presiones por parte del ex presidente Alejandro Toledo y varios de sus funcionarios para el traslado de América TV al grupo Mohme y El Comercio, ya que podría revelarse una concertación con fines particulares, utilizando el poder político. El constitucionalista Aníbal Quiroga consideró que esta denuncia amerita “sin duda” una investigación ya que revelaría la intención de copar a la prensa en medio de un régimen supuestamente democrático. “Yo creo que en este caso es importante la investigación porque revela la intención de copar a la prensa en un régimen democrático, eso es inconcebible y amerita ser investigado”, señaló.

Para el jurista “la investigación se justifica”, más aún cuando hay elementos que denotan irregularidades, como la supuesta intervención en este caso de César Almeyda, ex asesor del ex presidente Alejandro Toledo, quien ha sido procesado y hallado responsable por vinculaciones con el ex cajero de Vladimiro Montesinos, general Óscar Villanueva.

Quiroga indicó que esta indagación de los hechos debe hacerse a través del Ministerio Público, que de encontrar elementos suficientes para una denuncia constitucional pasaría el caso al Congreso de la República.Asimismo, descartó que el pedido del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, para que el Congreso y la Fiscalía inicien una inmediata investigación en torno a la denuncia, sea una amenaza a la libertad de prensa, tal como lo han señalado algunos medios de comunicación, más aún porque es inusual que un canal de televisión sea manejado por sus acreedores y no por su cuadro directivo.

“A mí no me parece un ataque a la libertad de expresión, hay una preocupación legítima que no pasa por la voluntad del ministro (Pastor) porque, efectivamente, en el Canal 4 se discute la titularidad de quienes la manejan (sus acreedores), y es un asunto que tiene que verse conforme a las reglas jurídicas que existen”, dijo. Asociación ilícita El jurista y ex ministro de Justicia, Alfredo Quispe Correa, señaló que esta denuncia es “bastante grave” porque se estaría cometiendo el delito de asociación ilícita para delinquir, pues hay una concertación entre el ex jefe de Estado y funcionarios públicos de ese régimen para fines particulares y no del Estado en base a mecanismos que da el poder.

“Si se han asociado para acciones irregulares es un delito, si no se investigó, si no se proceso, eso no ha prescrito, puede investigarse”, sentenció.

Sostuvo que con esto se estaría revelando una contradicción en el discurso del ex presidente Toledo, quien se ha mostrado como un paladín de la democracia.

Quispe Correa también aseveró que investigar y procesar a un gobierno y a funcionarios públicos no pone en riesgo la libertad de prensa, por más vinculación que haya con ésta, pues se trata de esclarecer una situación “un poco oscura” en la que habría ilícitos penales.“Entonces, ahora también debería haber una investigación hecha con todas las garantías de la ley para determinar si realmente hubo está asociación ilícita para delinquir”, señaló.

Mencionó que de ser así el caso pasaría al Congreso, donde finalmente lo denunciarían constitucionalmente ante el Ministerio Público, teniendo en cuenta que aún no han trascurrido los cinco años que establece la ley sobre su derecho a la inmunidad. Cronología de una intervención 1) 2 de noviembre de 2001: Las hermanas Crousillat advierten que Alejandro Toledo promete América Televisión a Yosef Maiman y al diario La República. 2) 3 de diciembre de 2001: La compañía de Radiodifusión, CRP (América TV, canal 4) fue declarada en estado de insolvencia a pedido del banco Wiese Sudameris.

3) de febrero de 2002: César Augusto Almeyda Tasayco es nombrado presidente de Indecopi. 19 de marzo de 2002: El procurador especial para el caso Montesinos, José Vargas Valdivia, declara que la defensa del Estado está facultada para pedir un embargo preventivo contra América TV y que el hecho de que el canal haya ingresado a un proceso de reestructuración en Indecopi no lo excluye de cualquier medida cautelar. Primeros días de abril de 2002: El presidente Alejandro Toledo llama a Palacio de Gobierno al periodista César Campos para ofrecerle ser el interventor que nombrará oficialmente la Junta de Acreedores, próximamente Campos rechaza la oferta. Días antes también le fue ofrecida al periodista Alberto Ku King. 27 de abril 2002: La junta de acreedores de América TV decidió dar a por concluida la administración de las hermanas Crousillat y puso, en su reemplazo, un comité de gestión empresarial que a su vez entregó el manejo a la compañía consultora A, presidida por el empresario Jaime Crosby. 13 de julio de 2002: El propietario del diario La República compra el 80% de las acreencias del banco Wiese Sudameris en América Televisión. 19 de febrero de 2003: el consorcio Plural TV, conformado por la editora El Comercio y grupo La República, así como la colombiana Caracol TV , asume la administración de América Televisión. 23 de abril de 2003: César Almeyda se reunió, según el periodista Gustavo Gorriti, con Gustavo Mohme Seminario para plantearle la adquisición de acciones de Canal 4, cuando todavía era funcionario de Indecopi. 11 de mayo de 2003: Dos días después de que el directorio Plural Televisión asume la conducción del proceso de reestructuración de América TV, un repentino nombramiento de vocales “obligó” al tribunal a suspender el proceso. La orden fue dada por Indecopi, institución en la que su ex presidente y ex jefe del CNI, César Almeyda, mantiene un inusitado poder. 4 de junio de 2003: Acreedores de América TV aprueban plan de reestructuración. José Antonio Miro Quesada preside el nuevo directorio. El dato Hay que recordar que César Almeyda era jefe de Indecopi, justamente, cuando en esa entidad se estaba viendo el proceso de insolvencia en América TV, y aunque no hubo una investigación de por medio no son un secreto los rumores que había sobre su intervención en este

No tiene autoridad moral para denunciar nada. El legislador Mauricio Mulder señaló que existen pruebas más que suficientes que señalan que el ex presidente Alejandro Toledo presionó para tomar posesión de los canales 4 y 5 a inicios de su gobierno. “Cuando se formó la comisión investigadora en el Congreso, en esa oportunidad se determinó que Alejandro Toledo había pretendido apoderarse de los canales 4 y 5. La comisión investigadora estableció eso y la denuncia pasó al Ministerio Público. No sabemos qué camino siguió en el MP. Probablemente quedó en la investigación que se le inició a César Almeyda, ahí se acumuló. Pero que hubo intervención del presidente Toledo para apoderarse de Canal 4 y 5, eso está totalmente probado”, subrayó. En ese contexto, el también presidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento Nacional recordó que “hubo llamadas de Alejandro Toledo a Pedro Arbulú, administrador de Panamericana Televisión, efectuadas desde Palacio de Gobierno citándolo a ese lugar para hablar, a tal punto que le pidió que le vendiera el canal”. Investigó tema “No sólo César Campos habló de las influencias que ejerció Toledo por el tema de la posesión de los canales, sino el propio señor César Almeyda quien era el operador. Si no basta con recordar a este Almeyda cuando habla con el general Óscar Villanueva, quien luego se suicidó en extrañas circunstancias, diciéndole que el presidente Toledo le había encargado manejar el tema del Canal 4 desde Indecopi y también lo hizo a nivel de la Dirección de Inteligencia, donde también Almeyda fue presidente. Entonces con qué autoridad moral el señor Toledo ahora quiere aparecer como si nada sabía, es falso. El señor Toledo quiso apoderarse de los dos canales. Y a ello súmenle la falsificación de firmas, vinculaciones de sus hermanos de compras especiales, que uno se reunió con un narcotraficante”, reseñó. Mulder aseveró que él fue uno de los parlamentarios que investigó este tema de Canal 4 “y Javier Velásquez Quesquén también lo hizo”. La versión de Perú Posible El toledista Carlos Bruce, por su parte, aseveró que las investigaciones en torno a este caso son “bienvenidas”, pero “cuando se hacen para tejer cortinas de humo sobre temas más serios, ahí si nos oponemos”. “Gobierno tomará distancia” Luego de pedir a las instancias correspondientes una inmediata investigación sobre las supuestas presiones que se dieron en el gobierno de Toledo para declarar la insolvencia de canal 4, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, resaltó su pleno respeto a la libertad de prensa y expresión, y decidió retirar la propuesta que formuló en la víspera. “Para evitar que algunos consideren que se pueda estar involucrando, afectando, la libertad de expresión o interfiriendo en actividades propias de privados, retiro la propuesta y doy por superado el impasse”, declaró. En ese sentido, dijo que el gobierno toma absoluta distancia de la denuncia penal que existe en torno a dicha transferencia.

Ciertamente, el reciente despido de Beto Ortiz tiene que ver con esta situación difícil del empresario colchonero. A pesar de la clara tendencia naranja que ha venido mostrando el canal de la avenida San Felipe en Jesús María, con sus principales contrataciones, lo que es verdad es que lo que menos debe querer Baruch es banderizarse en el pleito de América Televisión. La opinión del juez en este caso ha sido muy instructiva y más o menos se resume en que no importa de dónde sacaron los Winter la plata para ampliar el capital, porque ya en lo penal se les sancionó por recibir dinero sucio, lo que cuenta es que ya se produjo una ampliación y a partir de ahí la mayor parte de las acciones son suyas. Obviamente, la respuesta de Ivcher va por el lado de cuestionar que el fallo desligue el delito ya sancionado, de la inversión realizada con el producto de la corrupción. En última instancia lo que se está discutiendo son los derechos de los antiguos dueños que regresan sin que haya un impedimento legal principista que los detenga, ya que nadie estableció limitaciones a su eventual regreso. Una parte del país puede sentir este reestreno de la hiper-corrupción de los 90 como un escándalo inaceptable, pero lo que no está muy claro es cuán amplio es todavía este sentimiento con el tiempo transcurrido y la propia corrupción en la que han caído muchos de los supuestos moralizadores. Es muy posible que el amague de regreso general de los amigos de Montesinos a los principales canales que se ve en estos días, represente más bien un símbolo de los tiempos ahora que entramos en un tramo electoral intenso y el Fujimorismo se muestra con pretensiones de volver a gobernarnos tanto en Lima y en todo el país. Al soltar a Crousillat, el presidente García ha abierto deliberadamente la caja de Pandora y dejado salir los demonios televisivos. En su mejor estilo ha creado una revolvedera en la que sólo él puede aparecer poniendo orden con el argumento de que puede dar o quitar indultos, y que puede desestabilizar a los empresarios que se sentían más poderosos en el control de la información televisiva.

Los observadores más avispados interpretan que la contraofensiva de la vieja mafia en el terreno de los grandes medios de comunicación prefigura una intensa negociación entre diversos actoreson vistas al ingreso del proceso electoral y con el presidente en el centro de los acontecimientos.

OTRO ERROR DE ALAN GARCIA ?

Escándalo fabricado para encubrir a Toledo

Bastó que se volviera a ventilar la presunta actuación ilegal de Alejandro Toledo en la venta de América Televisión al grupo El Comercio-La República para que éste desatara una campaña feroz contra el gobierno, a través de su millonaria red de medios de comunicación.

Casi tres meses después de haberse aprobado el indulto presidencial a favor del ex dueño de Canal 4 José Enrique Crousillat, dicha red desempolvó el caso para montar un gran escándalo mediático destinado a impedir que Toledo sea inquirido por presunto tráfico de influencias.

Aunque el poder mediático toledista-caviar sostenga lo contrario, aquí el tema de fondo, el escándalo, no es el indulto a Crousillat, sino la presunta actuación delincuencial de Toledo en agravio del sistema democrático.

Si el empresario regresa a la cárcel, se fuga o se muere, no cambiará en nada lo que se tiene que esclarecer: el chantaje y la extorsión que habría ejercido Toledo, abusando de su poder, para entregarle América TV a sus amigos Chicho Mohme y El Comercio.

Nadie puede tapar el sol con un dedo, por más millones, diarios y canales de televisión que tenga en sus manos.

Todos saben que Chicho Mohme pagó una miseria por hacerse de las acreencias del Banco Wiese en el Canal 4. También sabemos que El Comercio adquirió su parte poniendo como garantía sus acciones en el Canal N, que no valían casi nada porque aquel estaba casi quebrado.

En los círculos políticos y mediáticos se comenta en voz baja, desde hace mucho tiempo, que Chicho es el testaferro de Toledo en Canal 4. ¿Por qué seguir alimentando esos rumores en vez de liquidarlos aclarando todo?

Si, como dice el aparato mediático, la transferencia del Canal 4 fue prístina, ¿por qué entonces se resisten a que el Congreso o el Poder Judicial investiguen el proceso? ¿Por qué tanto salto si el piso está parejo?

El delito de José Francisco Crousillat no ha sido hacerse el enfermo, que va. Ha sido denunciar penalmente a Toledo y un grupo de funcionarios de aquel gobierno por tráfico de influencias en el caso del Canal 4.

Si el empresario no hubiese iniciado esa acción legal, de seguro hoy seguiría disfrutando libremente de su casa en el balneario de Asia.

Dudo de la honestidad de Crousillat, pero dudo igual de quienes dicen que Alejandro Toledo encarna la ética, a sabiendas de que éste, entre otras fechorías, quiso apropiarse de los canales 2, 4 y 5 cuando ejerció en poder.

Álvaro Vargas Llosa se apartó de Toledo cuando lo escuchó pedirle a Josep Maiman que comprara el Canal 2 para silenciar a Jaime Bayly porque éste criticaba que negara a su hija Zaraí.

El plan contra Canal 2 se truncó gracias a la denuncia de Vargas Llosa hijo y a la reacción inmediata de Baruch Ivcher en defensa de su propiedad.

El gobierno toledista le entregó el Canal 5 a su amigo Genaro Delgado Parker sin que éste tuviese ningún derecho sobre esa empresa -como se probó en el Poder Judicial-, y pese a ser aquel un empresario montesinista.

Toledo presionó al presidente de Panamericana Televisión, Pedro Arbulú, para que le vendiera la empresa, mientras los dueños del canal eran acosados por la siniestra alianza prensa caviar - justicia “anticorrupción”.

Como Arbulú se negó, le dio el apoyo de la policía a Delgado Parker para que éste capturara por la fuerza la empresa y se apoderara de ella ilegalmente. El premio para Genaro fue una sentencia benévola, sin cárcel, por haber recibido prebendas de Vladimiro Montesinos.

Igual presionó al banquero Eugenio Bertini. La prensa toledista y la “justicia anticorrupción” lo acosaron y en ese contexto Toledo lo citó a Palacio para quejarse de los Crousillat y preguntarle ¿qué piensa hacer su banco con las deudas de Canal 4? Sutil pero claro chantaje.

Curioso: La República encabezó una feroz persecución mediática contra Bertini, pero después que Chicho Mohme se hizo de las acreencias del Banco Wiese en Canal 4, la campaña paró en seco, el diario “se olvidó” de Bertini.

Existe además el testimonio del correcto colega César Campos, quien ha narrado con lujo de detalles que Toledo lo citó a Palacio para pedirle que sea presidente de una “comisión interventora” del gobierno en Canal 4.

Sorprendido por la propuesta, Campos le preguntó a Toledo: “¿Pero ese caso no está en Indecopi? Y aquel le respondió: “No te preocupes, eso ya lo tengo arreglado”.

Claro que lo tenía arreglado, había nombrado a su abogado personal, César Almeyda, presidente de Indecopi y jefe del servicio de inteligencia.

Todo este cúmulo de claros indicios no existe para el grupo El Comercio – La República. Éste solo se escandaliza con el indulto a Crousillat. Es ciego, sordo y mudo ante las graves denuncias de corrupción contra Toledo.

Pero, ¿es verdad que el presidente Alan García indultó indebidamente a Crousillat? No lo sabemos aún, no se ha demostrado todavía, por más que la mediática toledista – caviar sostenga lo contrario.

Comparto la opinión de quienes creen que si la torpeza fuese delito el ex dueño de América TV merece cadena perpetua, pues apenas recuperó la libertad es esmeró en dar la impresión de que se había burlado de la justicia.

De hecho merece ser castigado si ha actuado ilícitamente, pero esto debe ser aclarado técnicamente, por médicos, no política ni mediáticamente.

El poder mediático ha desplegado primeras planas y espacios estelares en televisión dándole la razón a un médico del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y a dos miembros de la dirigencia izquierdista del Colegio Médico del Perú (CMP) que opinan que Crousillat nunca debió ser liberado.

Bien que divulguen esa versión, pero también deben divulgar la de los 11 médicos que opinaron que si el empresario seguía preso su salud corría peligro de muerte. ¿Por qué ocultan esta información a la ciudadanía?

Un destacado periodista radial me comentó alarmado: “qué peligroso es que un grupo de medios tenga tanto poder en el país, esto no puede seguir”. Se refería a la fuerte presión para que renuncie el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, solo porque el grupo El Comercio-La República sostiene, sin pruebas, que el indulto a Crousillat fue fraudulento.

También se refería a la manipulación del Poder Judicial que ejerce el otro brazo del poder mediático: las ONG caviares que han maniobrado para que un fiscal y un juez “anticorrupción” acusen y le abran proceso a Crousillat, con orden de captura, ¡sin una investigación previa!

La acusación fiscal está sustentada en un artículo de un diario del grupo El Comercio que sostiene que el empresario se hizo el enfermo. Típica manera de actuar de la totalitaria Fiscalía “Anticorrupción”.

Igual de totalitaria es la denuncia presentada por un procurador “anticorrupción” Jorge Luis Caldas contra el abogado del ex dueño del Canal 4, Jorge Castro, porque éste se niega a informar el paradero del empresario. Ningún magistrado decente admitirá semejante denuncia pues todos los abogados están obligados a proteger a sus clientes perseguidos.

Cuando estaba por terminar este artículo se conoció que el presidente García había echado del Gabinete al ministro Aurelio Pastor, sacrificándolo para saciar la sed de venganza del grupo El Comercio-La República.

García, siempre ha sacrificado políticamente a quien sea para salvar su imagen personal, pero esta vez ha sobrepasado todos los límites, pues lo que ha sacrificado en realidad es la democracia.

Con su decisión, García la ha dejado sometida a la voluntad de un grupo oligárquico y de oportunistas corruptos que solo defienden un negocio mediático signado por un origen oscuro y pestilente.

Metafóricamente hablando, García la ha entregado la banda presidencial a “don” Luis Miró Quesada, y el fajín de la Presidencia del Consejo de Ministros al sinuoso montesinista Chicho Mohme, en vez de hacer respetar la investidura que le delegó el pueblo y de defender el estado de derecho y la justicia.

Sin ser aprista me avergüenza de que el líder de ese partido se comporte como un pusilánime político de segunda, dócil y obediente ante el poder económico. El pueblo aprista no se lo merece.

Por Víctor Robles Sosa. Periodista y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)

EL MOHMEMONTESINISMO A LA LUZ

La dictadura mediática, el neomontesinismo

Por Víctor Robles Sosa

Estoy lejos, políticamente hablando, de mi colega periodista Humberto “Beto” Ortíz. Tampoco soy su amigo, apenas tuve algún contacto fugaz con él cuando ambos trabajamos juntos en Caretas, a comienzos 1990. Pero nada de esto me impide expresarle mi solidaridad pública por el atropello del que ha sido víctima hace poco.

Lo echaron del trabajo por ser leal con su profesión y por cuestionar el statu quo político antipopular e injusto que impera en el Perú (81% de los peruanos lo rechaza: Encuesta Nacional Ipsos Apoyo).

Aquello de que fue despedido del Canal 2 por contravenir la “línea editorial” de la empresa es un eufemismo estúpido. Lo botaron porque se atrevió a difundir en su programa la denuncia de corrupción que hizo el abogado Jorge Castro Castro contra el ex presidente Alejandro Toledo y el grupo mediático toledista El Comercio-La República sobre la forma presuntamente ilegal en que éste último se apropió del Canal 4.

Lo despidieron porque hizo público un hecho conocido en los círculos periodísticos que nadie quiso comentar hasta ahora: Muchos periodistas “políticamente correctos” que hoy suelen denostar a los Crousillat y elogiar al statu quo, trabajaron para aquel cobrando muy buenos sueldos y guardándole lealtad.

Estamos ante un caso flagrante de violación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, ante un caso típico de imposición de la mordaza y de parametraje, como en los tiempos de la última dictadura militar del general Francisco Morales-Bermudes.

La denuncia de una escandalosa injerencia del ex presidente Toledo en la turbia transferencia del Canal 4 al grupo Comercio-La República es un hecho de interés nacional, los ciudadanos tienen derecho de ser informados sobre el contenido de esa grave acusación, por eso Beto Ortiz decidió informar.

El "statu quo" lo obligaba a callarse, a mirar a otro lado, hacerse el loco y pasar piola para seguir cobrando, pero él prefirió ser periodista ante todo. Sabía que se jugaba el pellejo pero lo hizo: informó lo que había sucedido y comentó la noticia de manera sobria, porque tampoco estiró mucho la cuerda.

Silenciar la denuncia, ocultársela a la ciudadanía o presentársela de manera sesgada es violar el derecho de los ciudadanos a estar informados con la verdad, es sentarse sobre la ética periodística, es un atentado contra la libertad en general, un ultraje a la democracia en última instancia.

¿Dónde están ahora los preclaros “defensores” de la libertad de prensa? Silencio cómplice. ¿Dónde están los ínclitos activistas de los derechos fundamentales? No se oye. ¿Dónde están los líderes políticos patriotas que luchan por la libertad y la democracia? Más mutis.

Los intereses de grupo pesan más que los principios y el billete más que los valores democráticos, éste es el statu quo actual, impuesto por una dictadura mediática digitada ideológicamente por las ONG de origen marxista y por el toledismo corrupto. Es el neomontesinismo sin Montesinos.

Beto Ortiz es una víctima más de esta dictadura que le impone la agenda al Ejecutivo, al Congreso y al resto del país mediante al chantaje: Si no haces lo que yo digo, te tiro encima mi red de diarios, radios y canales de televisión, te hago papilla.

Y como muchos de nuestros políticos, periodistas y líderes sociales (salvo honrosas excepciones) tienen rabo de paja y piensan más en la quincena que en la historia, se arrodillan y se someten dócilmente. Esto debe acabarse ya, pero ya.

Periodista y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)