Frente al manipuleo y a la instrumentalización política e ideológica en el Poder Judicial para administrar justicia, que desde hace varios años viene instaurando la ONG caviar izquierdista Instituto de Defensa Legal (IDL), y que solo algunos medios de prensa vienen denunciando. El Tribunal Constitucional a traves de su Presidencia a emitido el siguiente comunicado:

COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el transcurso de estos días el IDL viene propalando subrepticiamente, como es su costumbre, un panfleto en el que ataca al Presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, sólo porque éste ha puesto al descubierto que sus integrantes se hacen nombrar profesores de la Academia de la Magistratura donde tienen como alumnos a los jueces ante quienes llevan procesos que ellos llaman de "interés público".

Se trata pues de un evidente conflicto de intereses que los "honestos" miembros del IDL no quieren reconocer, como si pudiese taparse el sol con un dedo.

Por eso es que se hace necesario poner al descubierto la pobreza argumentativa de estos supuestos entendidos en Derecho Constitucional, quienes pretenden ocultar su medianía intelectual afirmando que ellos son profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú y autoproclamándose hombres de "impecable trayectoria docente". Como si esto fuese suficiente para convertirse en un académico de respeto. Los señores del IDL creen que lo que la naturaleza no les ha dado en inteligencia, la Universidad Católica se los presta.

Pero ya es hora de decir las cosas como son: ¿algún miembro del IDL tiene obra escrita que pueda mostrar como decisiva o influyente en el derrotero del Derecho Constitucional en el Perú? Por cierto que no.

¿Tienen suficiencia profesional para capacitar a jueces, fiscales, vocales superiores y supremos a lo largo de todo el país? Es obvio que no.

Se trata de simples papagayos del discurso más elemental de los Derechos Humanos que quieren ungirse en capacitadores de jueces y fiscales. Ellos deciden a quién se asciende o quien ingresa a la judicatura. A quién se aprueba o se ratifica. Y luego, al día siguiente, muy orondos, se presentan en el despacho del juez favorecido a defender lo que ellos mismos han llamado "causas de interés público".

Sostienen que el Presidente del TC no trata "con respeto a los abogados y a las partes [y que] no observa conducta personal ejemplar". El IDL no quiere que Carlos Mesía denuncie lo que considera una grave falta ética. Para ellos el Presidente de un tribunal de Justicia del Perú debe quedarse "calladito" frente a hechos que no ayudan a mejorar el sistema judicial sino que alientan el amiguismo, el aconchabamiento y la corrupción.

¿a caso denunciar hechos objetivos – que los señores del IDL enseñan en la Academia de la Magistratura y a la vez patrocinan causas de interés público – significa no respetar a las partes ni mantener una conducta ejemplar? La intolerancia del Instituto de Defensa Legal es evidente. Su poca capacidad para tolerar el intercambio de ideas sin insultos ni diatribas los descalifica para liderar cualquier reforma de la justicia.

Según ellos, cuando el Presidente del Tribunal Constitucional fue abogado del Congreso nadie lo descalificó para el ejercicio de la docencia. En efecto, no era posible descalificarlo porque el Presidente del Tribunal Constitucional no ha litigado nunca teniendo al frente a un juez del Poder Judicial que haya sido su alumno en la Academia de la Magistratura. Más aún, el Presidente del Tribunal Constitucional no ha defendido ni una sola causa ante el Poder Judicial mientras fue profesor de la Academia de la Magistratura. No lo hizo por razones que son obvias para todos, menos para los miembros del IDL.

Sostienen que el Presidente del TC estaría atentando contra la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra que paradójicamente "fue defendida por Haya de la Torre, a quien el magistrado Mesía seguramente admira". No hay nada de paradójico en lo que afirman. El Presidente del Tribunal Constitucional admira a Haya de la Torre, lo reafirma con orgullo y defiende como él la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza. Pero también denuncia los conflictos de intereses que perjudican la administración de justicia.

Las críticas son bienvenidas siempre y cuando se hagan con decencia, con respeto y, sobre todo, con inteligencia. No profiriendo en los medios de comunicación adjetivos descalificadores que sólo demuestran la pigmea estatura moral de quien la expresa. Porque la democracia y los derechos humanos implican fundamentalmente el respeto de las instituciones y de quienes las integran.

En ese orden de ideas el Presidente del Tribunal Constitucional reafirma su voluntad de seguir respondiendo con tono enérgico los infundios y los insultos de todo aquél que con menosprecio de las formas, pretenda descalificar al TC y a sus miembros.

Lima, 20 de octubre de 2010