HASTA CUANDO PERU

La Corte Iinteramericana de Derechos Humanos es injusta para la mayoría de los peruanos

Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebra en Lima un nuevo período de sesiones, numerosos ciudadanos peruanos sufren desde hace varios años graves violaciones de sus derechos fundamentales, ante la indiferencia absoluta de ese organismo.

La prensa independiente ha denunciado esta realidad injusta muchas veces, los casos han sido motivo de escándalo por sus características groseras, pero pese a todo ello la impunidad persiste. Parece que para la Corte IDH nada injusto sucede en el Perú.

Esto tiene una explicación. Así como su presidente actual, el ex ministro toledista Diego García Sayán proviene del partido Vanguardia Revolucionaria (VR, marxista leninista) y fue predicador de la lucha armada en su momento, algunos otros miembros de ese tribunal tienen un pasado parecido, cercano a movimientos políticos comunistas o violentistas.

Principios del Derecho son violados a diario en el Perú, como el principio de legalidad (nadie puede ser juzgado con leyes que no regían cuando ocurrieron los hechos imputados), la irretroactividad de las leyes penales, los plazos judiciales razonables, la presunción de inocencia, la motivación debida de las sentencias, la tutela procesal efectiva, etc., pero la Corte IDH parece estar ciega.

En el Perú hay ciudadanos que están presos sin sentencia nueve o diez años, por incompetencia o corrupción de los fiscales y jueces; se condena a personas aplicándoles leyes derogadas, los Habeas Corpus son resueltos en medio año cuando debería serlo en 48 horas.

En otras palabras, el debido proceso es ultrajado todos los días, la justicia opera igual o peor que en la era Montesinos cuando se trata de casos de implicancia política, solo hemos cambiado de manipuladores. Y sin embargo, se pretende decirle al mundo que en el Perú impera una justicia independiente e impoluta, lo cual es una gran mentira.

Cuentas pendientes

El doctor Diego García Sayán tiene cuentas pendientes con la sociedad peruana, y en algún momento tendrá que responder por actos políticos y legales que le han hecho daño al país. Debe responder por los siguientes hechos:

- Por haberse allanado, cuando fue ministro de Justicia, ante denuncias falsas o interesadas presentadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Perú por terroristas y oportunistas políticos.

- Por haber inducido al estado a indemnizar con 120 mil dólares a la ex suboficial Leonor La Rosa cuando el Poder Judicial aún estaba investigando su caso. Al final la justicia absolvió a los militares acusados de haber torturado a La Rosa y estableció que aquella había mentido.

- Por haber nombrado miembros de la Comisión de Indultos, Conmutación de Pena y Derecho de Gracia del Ministerio de Justicia a Ernesto de la Jara, Iván Bazán Chacón y Amado Enco Tirado, directivos del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fedepaz, defensoras de terroristas presos. Esta comisión fue presidida por Javier Ciurliza, ex activista del Partido Comunista Revolucionario (PCR, marxista-leninista-maoísta).

- Por haber sostenido el año 2001, siendo ministro de Justicia, pláticas secretas con Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Peter Cárdenas y otros jefes terroristas, por medio de su jefe de Gabinete de Asesores, Javier Ciurlizza.

- Por haber discutido con los jefes terroristas, en dichas conversaciones secretas, los alcances y la posible composición de la Comisión de la Verdad, En esos tratos Iparraguirre “sugirió” que el ex congresista Carlos Tapia fuese designado miembro de la CVR, lo que ocurrió tiempo después.

- Por haberse abstenido en la demanda que presentó la senderista Mónica Feria ante la Corte IDH por el caso del motín terrorista en el penal Castro Castro (1992). Se abstuvo pese a que la Corte IDH rechazó una impugnación que presentó la terrorista Feria.

- Por haber permitido que la Corte IDH humille al Perú con una sentencia que nos obliga a pagar reparaciones millonarias y a desagraviar por radio y televisión, y con presencia de las autoridades nacionales, a los terroristas que participaron al motín del penal Castro Castro, entre ellos Osmán Morote y Atilio Cahuana, recapturado hace dos años en el Huallaga.

- Por no haber apelado o demorado la aplicación del fallo de la Corte IDH que declaró contrarias a la Convención Interamericana de DDHH las leyes que permitieron vencer al terrorismo. Y por haber permitido que sus amigos de la ONG IDL, la Universidad Católica (Justicia Viva) y la ONG Aprodeh, organizaran “talleres de capacitación” en los que enseñaron a fiscales y jueces a ser blandos con los terroristas y duros con los policías y militares.

- Por haber designado procurador de derechos humanos del sector Justicia a Ronald Gamarra, funcionario de la ONG IDL y conocido ex activista de la organización extremista de izquierda Pueblo en Marcha, brazo político de la banda terrorista MRTA.

- Por haber aplicado una política de “humanización” de las cárceles de máxima seguridad para terroristas que a la postre supuso privilegios para Abimael Guzmán y permitió a Sendero convertir otra vez esos penales en centros de adoctrinamiento y reclutamiento subversivo.

- Por haber creado una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) con una presencia hegemónica marxista, con el propósito evidente de legitimar y justificar la violencia terrorista, y de desatar una persecución judicial contra los militares que combatieron a las bandas armadas Sendero Luminoso y MRTA..

- Por haber promovido, en solo 15 días, la excarcelación de 31 terroristas sentenciados, mediante la concesión de los beneficios del indulto, derecho de gracia y reducción o conmutación de la pena, en noviembre del año 2000. Varias de esas excarcelaciones se consumaron mediante resoluciones supremas secretas.

Las consecuencias

Como consecuencia de todos los hechos políticos mencionados, miles de terroristas convictos y confesos fueron excarcelados: El año 2000 había más de 3,500 terroristas presos, en el 2003 la cifra se redujo a 1,064, y actualmente hay menos de 300 (estadísticas del INPE). Según la Dircote, la mayoría de los senderistas excarcelados no ha renunciado al terrorismo y están volviendo a las andadas.

El doctor García Sayán critica hoy duramente a la “dictadura” de Fujimori, como si no recordáramos que trabajó para ese gobierno en la reforma del Poder Judicial (1995-1999), y que se quedó allí después de que Vladimiro Montesinos truncó aquel proceso y tomó el control de la Judicatura tras conspirar contra Marcos Ibazeta y José Dellepiane.

Su amigo el presidente Alan García le ofreció esta semana un desayuno en Palacio, sus amigos de las ONG rojas lo han llenado de elogios, al igual que la prensa toledista y caviar, pero ni aún así podrán tapar el sol con un dedo. La historia no miente.

La presencia de García Sayán como presidente de la Corte CIDH no es motivo de orgullo para la mayoría de los peruanos, ya que llegó a ese cargo por cabildeos políticos antes que por méritos. Sería excelente que postulara al Congreso o en una plancha presidencial, para que los ciudadanos podamos expresar lo que sentimos hacia él.

Poco o nada tenemos que agradecerle los peruanos a la Corte IDH, pues más son los perjuicios que nos ha traído que los beneficios que hemos recibido de ella. Enumerar los fallos perjudiciales sería interminable, mientras que para contar los positivos nos sobran los dedos de una mano. El balance es contrario al Perú, debemos decirlo, aunque sea “políticamente incorrecto” para algunos, en honor a la verdad.

Un anhelo

Los países de América anhelamos y queremos un sistema de Derechos Humanos que sea justo y eficaz, pero sobre todo comprometido con la defensa de la democracia frente al terrorismo y el totalitarismo, sin prestarse al juego político de estos.

¿Alguien cree acaso que esta Corte IDH anularía, por ejemplo, las sentencias prevaricadoras promovidas por la izquierda caviar contra Julio Salazar Monroe (Caso Colina) y Enrique Gonzales Vásquez (avión presidencial), por mencionar solo dos casos?

Anhelamos por ello que los organismos que conforman el sistema estén integrados en un futuro solo por personas independientes que actúen con criterio de justicia y verdad, ajenas a las ideologías contrarias a la democracia, y que ejerzan una genuina defensa de los derechos humanos sin prestarse a juegos ni intereses políticos.

Mientras esto no sea una realidad, Canadá y los Estados Unidos continuarán apartados por su voluntad del sistema interamericano de DDHH, y otros países como Colombia, Uruguay, México, etc., mantendrán vigentes las reservas con que reconocen la competencia contenciosa de la Corte IDH, para protegerse de los excesos de ésta.

Con razón y justicia, Washington no está dispuesto a correr el riesgo de que los jueces de esa corte le obliguen eventualmente a liberar, desagraviar e indemnizar a los terroristas que derribaron las torres gemelas de Nueva York. Aprensamos de EEUU.

Vñictor Robles Sosa, Periodista, analista político y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)