HASTA CUANDO PERU

La Corte Iinteramericana de Derechos Humanos es injusta para la mayoría de los peruanos

Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebra en Lima un nuevo período de sesiones, numerosos ciudadanos peruanos sufren desde hace varios años graves violaciones de sus derechos fundamentales, ante la indiferencia absoluta de ese organismo.

La prensa independiente ha denunciado esta realidad injusta muchas veces, los casos han sido motivo de escándalo por sus características groseras, pero pese a todo ello la impunidad persiste. Parece que para la Corte IDH nada injusto sucede en el Perú.

Esto tiene una explicación. Así como su presidente actual, el ex ministro toledista Diego García Sayán proviene del partido Vanguardia Revolucionaria (VR, marxista leninista) y fue predicador de la lucha armada en su momento, algunos otros miembros de ese tribunal tienen un pasado parecido, cercano a movimientos políticos comunistas o violentistas.

Principios del Derecho son violados a diario en el Perú, como el principio de legalidad (nadie puede ser juzgado con leyes que no regían cuando ocurrieron los hechos imputados), la irretroactividad de las leyes penales, los plazos judiciales razonables, la presunción de inocencia, la motivación debida de las sentencias, la tutela procesal efectiva, etc., pero la Corte IDH parece estar ciega.

En el Perú hay ciudadanos que están presos sin sentencia nueve o diez años, por incompetencia o corrupción de los fiscales y jueces; se condena a personas aplicándoles leyes derogadas, los Habeas Corpus son resueltos en medio año cuando debería serlo en 48 horas.

En otras palabras, el debido proceso es ultrajado todos los días, la justicia opera igual o peor que en la era Montesinos cuando se trata de casos de implicancia política, solo hemos cambiado de manipuladores. Y sin embargo, se pretende decirle al mundo que en el Perú impera una justicia independiente e impoluta, lo cual es una gran mentira.

Cuentas pendientes

El doctor Diego García Sayán tiene cuentas pendientes con la sociedad peruana, y en algún momento tendrá que responder por actos políticos y legales que le han hecho daño al país. Debe responder por los siguientes hechos:

- Por haberse allanado, cuando fue ministro de Justicia, ante denuncias falsas o interesadas presentadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Perú por terroristas y oportunistas políticos.

- Por haber inducido al estado a indemnizar con 120 mil dólares a la ex suboficial Leonor La Rosa cuando el Poder Judicial aún estaba investigando su caso. Al final la justicia absolvió a los militares acusados de haber torturado a La Rosa y estableció que aquella había mentido.

- Por haber nombrado miembros de la Comisión de Indultos, Conmutación de Pena y Derecho de Gracia del Ministerio de Justicia a Ernesto de la Jara, Iván Bazán Chacón y Amado Enco Tirado, directivos del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fedepaz, defensoras de terroristas presos. Esta comisión fue presidida por Javier Ciurliza, ex activista del Partido Comunista Revolucionario (PCR, marxista-leninista-maoísta).

- Por haber sostenido el año 2001, siendo ministro de Justicia, pláticas secretas con Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Peter Cárdenas y otros jefes terroristas, por medio de su jefe de Gabinete de Asesores, Javier Ciurlizza.

- Por haber discutido con los jefes terroristas, en dichas conversaciones secretas, los alcances y la posible composición de la Comisión de la Verdad, En esos tratos Iparraguirre “sugirió” que el ex congresista Carlos Tapia fuese designado miembro de la CVR, lo que ocurrió tiempo después.

- Por haberse abstenido en la demanda que presentó la senderista Mónica Feria ante la Corte IDH por el caso del motín terrorista en el penal Castro Castro (1992). Se abstuvo pese a que la Corte IDH rechazó una impugnación que presentó la terrorista Feria.

- Por haber permitido que la Corte IDH humille al Perú con una sentencia que nos obliga a pagar reparaciones millonarias y a desagraviar por radio y televisión, y con presencia de las autoridades nacionales, a los terroristas que participaron al motín del penal Castro Castro, entre ellos Osmán Morote y Atilio Cahuana, recapturado hace dos años en el Huallaga.

- Por no haber apelado o demorado la aplicación del fallo de la Corte IDH que declaró contrarias a la Convención Interamericana de DDHH las leyes que permitieron vencer al terrorismo. Y por haber permitido que sus amigos de la ONG IDL, la Universidad Católica (Justicia Viva) y la ONG Aprodeh, organizaran “talleres de capacitación” en los que enseñaron a fiscales y jueces a ser blandos con los terroristas y duros con los policías y militares.

- Por haber designado procurador de derechos humanos del sector Justicia a Ronald Gamarra, funcionario de la ONG IDL y conocido ex activista de la organización extremista de izquierda Pueblo en Marcha, brazo político de la banda terrorista MRTA.

- Por haber aplicado una política de “humanización” de las cárceles de máxima seguridad para terroristas que a la postre supuso privilegios para Abimael Guzmán y permitió a Sendero convertir otra vez esos penales en centros de adoctrinamiento y reclutamiento subversivo.

- Por haber creado una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) con una presencia hegemónica marxista, con el propósito evidente de legitimar y justificar la violencia terrorista, y de desatar una persecución judicial contra los militares que combatieron a las bandas armadas Sendero Luminoso y MRTA..

- Por haber promovido, en solo 15 días, la excarcelación de 31 terroristas sentenciados, mediante la concesión de los beneficios del indulto, derecho de gracia y reducción o conmutación de la pena, en noviembre del año 2000. Varias de esas excarcelaciones se consumaron mediante resoluciones supremas secretas.

Las consecuencias

Como consecuencia de todos los hechos políticos mencionados, miles de terroristas convictos y confesos fueron excarcelados: El año 2000 había más de 3,500 terroristas presos, en el 2003 la cifra se redujo a 1,064, y actualmente hay menos de 300 (estadísticas del INPE). Según la Dircote, la mayoría de los senderistas excarcelados no ha renunciado al terrorismo y están volviendo a las andadas.

El doctor García Sayán critica hoy duramente a la “dictadura” de Fujimori, como si no recordáramos que trabajó para ese gobierno en la reforma del Poder Judicial (1995-1999), y que se quedó allí después de que Vladimiro Montesinos truncó aquel proceso y tomó el control de la Judicatura tras conspirar contra Marcos Ibazeta y José Dellepiane.

Su amigo el presidente Alan García le ofreció esta semana un desayuno en Palacio, sus amigos de las ONG rojas lo han llenado de elogios, al igual que la prensa toledista y caviar, pero ni aún así podrán tapar el sol con un dedo. La historia no miente.

La presencia de García Sayán como presidente de la Corte CIDH no es motivo de orgullo para la mayoría de los peruanos, ya que llegó a ese cargo por cabildeos políticos antes que por méritos. Sería excelente que postulara al Congreso o en una plancha presidencial, para que los ciudadanos podamos expresar lo que sentimos hacia él.

Poco o nada tenemos que agradecerle los peruanos a la Corte IDH, pues más son los perjuicios que nos ha traído que los beneficios que hemos recibido de ella. Enumerar los fallos perjudiciales sería interminable, mientras que para contar los positivos nos sobran los dedos de una mano. El balance es contrario al Perú, debemos decirlo, aunque sea “políticamente incorrecto” para algunos, en honor a la verdad.

Un anhelo

Los países de América anhelamos y queremos un sistema de Derechos Humanos que sea justo y eficaz, pero sobre todo comprometido con la defensa de la democracia frente al terrorismo y el totalitarismo, sin prestarse al juego político de estos.

¿Alguien cree acaso que esta Corte IDH anularía, por ejemplo, las sentencias prevaricadoras promovidas por la izquierda caviar contra Julio Salazar Monroe (Caso Colina) y Enrique Gonzales Vásquez (avión presidencial), por mencionar solo dos casos?

Anhelamos por ello que los organismos que conforman el sistema estén integrados en un futuro solo por personas independientes que actúen con criterio de justicia y verdad, ajenas a las ideologías contrarias a la democracia, y que ejerzan una genuina defensa de los derechos humanos sin prestarse a juegos ni intereses políticos.

Mientras esto no sea una realidad, Canadá y los Estados Unidos continuarán apartados por su voluntad del sistema interamericano de DDHH, y otros países como Colombia, Uruguay, México, etc., mantendrán vigentes las reservas con que reconocen la competencia contenciosa de la Corte IDH, para protegerse de los excesos de ésta.

Con razón y justicia, Washington no está dispuesto a correr el riesgo de que los jueces de esa corte le obliguen eventualmente a liberar, desagraviar e indemnizar a los terroristas que derribaron las torres gemelas de Nueva York. Aprensamos de EEUU.

Vñictor Robles Sosa, Periodista, analista político y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)

DONDE QUEDO EL DINERO QUE ALEJANDRO TOLEDO RECIBIO DE SOROS

TOLEDO DEBE DAR CUENTA PORQUE Y, A CAMBIO DE QUE LOS RECIBIO, MUCHOS PERUANOS NECESITAN CONOCER SOBRE ESTE HECHO, SIN RODEOS NI SUTERFUGIOS POR LA MORAL DEL PAIS, DE LA QUE TANTO DEFIENDE.

Dónde quedó el dinero que recibió Toledo de Soros?,(es la pregunta que se hace el ciudadano común y corriente?. 700 mil dólares fueron depositados en una cuenta a nombre de su sobrino "Coqui".

El inicio del proceso electoral 2010-2011 trae a la memoria hechos que para conveniencia de algunos al parecer han quedado en el olvido sin ser esclarecidos ni menos investigados. Hoy se nos viene a la mente el escándalo que se generó cuando se descubrió que el ex presidente Alejandro Toledo, de candidato, recibió de Georges Soros, oscuro personaje conocido por su empeño permanente en querer legalizar las drogas en el mundo, un millón de dólares para organizar la Marcha de los Cuatro Suyos.

Pero la historia no termina ahí, ya que luego se descubre que Toledo sólo utilizó parte de ese dinero. Resulta que presuntamente se quedó con 750 mil dólares que fueron depositados en una cuenta privada a nombre de su sobrino Jorge "Coqui" Toledo, en un banco de Carolina del Norte.

Denuncia de Bayly

En su momento el periodista Jaime Bayly denunció extraños depósitos de hasta 700,000 dólares (entre junio y septiembre del año 2000) poniendo en entredicho los manejos financieros de la campaña de Alejandro Toledo. Bayly no necesitó mostrar documentos, pues al llegar de una gira por Nueva York y Washington –de la que "Coqui" no regresó–Toledo confirmó los envíos a la cuenta personal de su sobrino en el First Union Bank de Charlotte (Carolina del Norte, EE UU), y como para darle la imagen de una buena acción, él y sus asesores lo bautizaron como la "Cuenta de contingencia contra la dictadura". Al respecto, el ex secretario general del APRA, Mauricio Mulder, manifestó que en su momento el ahora congresista Carlos Bruce señaló que ese dinero fue depositado en 25 cuentas, a nombre de 25 empresarios peruanos que hasta ahora nadie conoce, y fue a través de éstas que sacaron el dinero al extranjero abriendo una cuenta a nombre de "Coqui" Toledo en un banco en Arkansas. "Es decir, usaron US$ 300 mil de lo que les dio Soros y el resto lo depositaron en esa cuenta en Arkansas, y el propio Toledo lo reconoció en conferencia de prensa; pero afirmó que lo había hecho porque pensaba que lo iban a exiliar, era para poder vivir en su exilio, y de ahí nadie hizo nunca una investigación ni se dijo qué se hizo con esa plata", sostuvo. ¿Qué pide a cambio? Estimó que en una eventual candidatura de Toledo para ocupar nuevamente el sillón presidencial, esto será recordado por sus adversarios pues no olvidemos que el señor Soros es un especulador, que utiliza todas las herramientas que le da el poder para enriquecerse, y en ese caso "la pregunta es cuando él entrega ese dinero, qué exige a cambio". Subrayó que la entrega de recursos a cualquier candidato es algo que debe hacerse sobre la base de la transparencia, más aún cuando viene de personas que son cuestionadas internacionalmente, y lo mejor es evitarlo para que no haya cuestionamientos. Muchas dudas Pese a las explicaciones que diera Toledo en su momento quedan muchas dudas que siguen flotando en el ambiente. Si bien aclaró que el primer depósito no correspondía a una parte del dinero entregado por George Soros, ya que el aporte del financista húngaro llegó un mes después, poco se aclaró sobre el origen de los fondos viajeros ni sobre los depósitos de 200,000 dólares posteriores a la donación de Soros. Otra de sus explicaciones fue que durante la lucha contra el autoritarismo fujimorista era peligroso mantener ese dinero, –que según él era lo que sobraba de la campaña presidencial en segunda vuelta, de la que se retiró– en el Banco Wiese, que era banco de Vladimiro Montesinos; pero no queda claro por qué lo hizo a la cuenta personal de un familiar. También se dijo que el dinero se utilizó en gastos logísticos, mítines y movilizaciones como la Marcha de los Cuatro Suyos cuando se sabía que empresarios como Dante Matos proveían el avión que utilizaba el candidato para sus continuos viajes a provincias, y que fue Jorge Mufarech quien donó la tela para construir los tambos durante la marcha. Además tenía en su plancha presidencial a empresarios solventes como Raúl Diez Canseco, entonces candidato a la primera vicepresidencia. Moralmente destruido La ex congresista del fujimorismo Martha Chávez señaló, por su parte, que es en las urnas que la gente debe expresar un rechazo contundente a estos hechos, más aún en caso de que Toledo quiera tentar nuevamente el sillón presidencial. "Se pueden cometer errores políticos, se puede ser incluso ineficiente políticamente; pero no pueden pretender aparecer como un icono de la moralidad personas que están moralmente destruidas (…), las campañas tienen que ser abiertas y hay que pedirle a la gente que con valentía cuestione este tipo de juegos que indican corrupción y falta de moral", expresó. Es más, consideró que este tema debe ser abiertamente tratado por los demás candidatos porque no se trata de un tema personal. Lamentó que en este tema se haya optado por el silencio pese a que las explicaciones dadas por el ex presidente Toledo nunca han sido convincentes, tal como sucedió con el caso Crousillat y el traslado del Canal 4. "Nunca sus explicaciones han sido claras, es un hombre acostumbrado a fingir argumentos", dijo. Saludó que hoy exista una Ley de Partidos Políticos que impide ese tipo de asignaciones de dinero y que establece límites para los aportes que pudiera recibir una agrupación política.

Que no postule

Hace unas semanas un grupo de ex militantes de Perú Posible (PP), encabezados por el ex dirigente Fidel Supo, protestó frente a la casa del ex presidente Alejandro Toledo, exigiendo que no postule en las elecciones generales del 2011. Los manifestantes, algunos vestidos de roedores, consideraron un despropósito que Toledo postule nuevamente cuando es público como en su gobierno se sucedieron casos de beneficios a sus familiares, el no reconocimiento de su hija Zaraí Toledo y su intervención en los medios de prensa, como la presión politica en el caso del Canal 4 a grupos empresariales, que ahora le pagan ese favor dandole cabida a sus declaraciones que están llenas de dudas para la mayoría de ciudadanos de la calle.

Quien es Augusto Alvarez Rodrich?

El actual Ministro Rafael Rey, quien también fué Ministro en el Gobierno de Albrto Fujimori, es el ministro que por excelencia es atacado por el periodista Augusto Alavrez Rodrich, que cree que el poder que tiene en el periodismo mediático, puede socavar o mancillar la imagen y la decencia de personas honradas que trabajan por el PERU.

El Ministro solo responde en forma simple y sencilla sobre la"ALTA MORAL" que funge este mancebo en el periodimo¨:

"Augusto Álvarez Rodrich (AR), quien -según ha confesado hace poco- me considera 'majadero' porque le respondo sus ataques (es que está acostumbrado a que le tengan miedo), es el único periodista que ha recogido una calumnia de La Primera contra mí para repetirla en su columna. No voy a ocuparme de la calumnia. No vale la pena. Lo que resulta increíble es la osadía y la desvergüenza de Alvarez Rodrich.

Alvarez Rodrich descalifica a todo aquel que participó o apoyó al gobierno de Alberto Fujimori (AF), pero esconde que él trabajó a sueldo para ese gobierno, y además en un puesto de confianza: en junio de 1993 fue designado, por el propio Fujimori, miembro del Consejo Directivo de OSIPTEL, que entonces era un puesto de confianza. Fue ratificado en julio de 1996. Se le encargó la presidencia de OSIPTEL nada menos que 13 veces. Se mantuvo en el cargo hasta noviembre de 1998.

Simultáneamente, en junio de 1996 fue designado miembro de INDECOPI y vicepresidente de una de sus comisiones en enero de 1999. Recién renuncia en mayo del 2002.

Durante ese período se produjeron la Ley Cantuta (Feb. 94), la Ley de Re-Reelección (Ago. 96), la destitución de magistrados del TC (Mayo 97), la Ley Antireferéndum (Ago. 98), la Absolución del Espionaje Telefónico (Mayo 99), la corrupción en Popular y Porvenir (Oct. 96), el retiro de la nacionalidad de Baruch Ivcher (Jul. 97), el cierre de la señal abierta para la oposición (Enero 2000) y los sospechosos pases al retiro de oficiales (Feb. 2000).

Nunca he negado, porque no tengo el complejo de algunos, que como parlamentario -y por lo tanto sin trabajar para el gobierno- apoyé muchas de las cosas buenas que hizo AF, pero protesté y me opuse a todas las que acabo de mencionar. ¡Alvarez Rodrich, en cambio, nada dijo! ¡Nunca protestó! ¡Y siguió en el mismo cargo de confianza! No tiene pues autoridad moral para criticar a otros que, como él, laboraron para Fujimori y lo hicieron de buena fe.

Pero hay más. Alvarez Rodrich tiene la osadía de hablar de 'transparencia y de lobby'. Muy bien, tratemos eso. Mientras Alvarez Rodrich estaba en el Consejo Directivo de OSIPTEL, el Cepri Telefónico realizó un concurso 'por invitación' (o sea, directo) para elaborar el plan de privatización de las acciones.

¿A quién le adjudica la buena pro? Al Consorcio APOYO CONSULTORÍA-ARGENTARIA. ¿Quién firma el contrato como representante de este ganador? ¡Nada menos que el mismo Alvarez Rodrich, que además trabajaba en esa consultora! ¿Cuál era la retribución? Un mínimo fijo de US$940 mil, más honorarios de éxito acumulativos... No sé si las normas legales vigentes le impedían a Alvarez Rodrich, que integraba el directorio de Osiptel, actuar a la vez como el representante del consorcio ganador.

Pero... ¿Hubo allí la 'transparencia indispensable' que Alvarez Rodrich ahora reclama tanto? ¿O, en su propia expresión, sólo un 'Hakuna Matata' ('No hay problema')?".

EN EL PERU DIARIOS DOMINANTES, EL COMERCIO Y LA REPUBLICA HACEN ABUSO DE POSICION DOMINANTE

La dictadura mediática no debe imponerse a la democracia

Por Víctor Robles Sosa

El congresista Walter Menchola ha acertado al alertar a la ciudadanía acerca del peligro que representa para la democracia que un solo cartel empresarial, el grupo El Comercio – La República, concentre a un conjunto de medios de comunicación que maneja casi el 50 % de la información del país.

Menchola ha dicho bien que la Constitución de la República prohíbe el monopolio y el abuso de la posición de dominio, especialmente por parte de las empresas propietarias de medios de comunicación social.

Lo dice así en su Artículo 61: "

El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios"."La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y en general,las empresas, bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio, ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del estado ni de particulares".

Es evidente que el grupo mediático toledista no tiene el monopolio sobre los medios de comunicación social, pero sí practica el abuso de posición de dominio al concertar la orientación política de los medios que controla de modo tal que estos no tienen la posibilidad de ejercer cada cual la libertad de prensa.

Supuestamente los diarios de La República están a la izquierda de los de El Comercio, pero en realidad todos ellos actúan de manera concertada siguiendo una sola línea política que se resume en imponerles a las autoridades del país la voluntad de los dueños del cartel y los amigos de éste.

Esto es peligroso porque las autoridades elegidas por el voto popular deben responder a la voluntad ciudadana, no a la de unos cuantos dueños de medios de comunicación poderosos. Cuando esto ocurre la democracia se desvanece y da lugar a una dictadura de facto, en este caso una mediática.

En la última década hemos visto como buena parte de los principales cargos públicos han sido ocupados por personas "promovidas", o mejor dicho impuestas por presión de ese grupo mediático.

El más reciente episodio de abuso de poder de El Comercio – La República lo hemos visto en el caso Crousillat

, en el que con una campaña mediática empujó al gobierno pusilánime a matar la institución constitucional del indulto, solo porque éste era inconveniente a dicho grupo.

De la misma manera logró que el ex ministro Pastor fuese apartado del Ejecutivo solo porque opinó que el Congreso debía investigar al ex presidente Alejandro Toledo por presunto tráfico de influencias en la venta del Canal 4 al grupo mediático de marras.

Con presión abierta ese poderoso cartel mediático ha logrado además que abogados amigos de sus aliados el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Transparencia sean finalistas en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, tras haber lanzado una campaña sucia contra el único constitucionalista en la competición, Raúl Chanamé Orbe.

Hemos llegado a una situación tan grave que los más altos magistrados y otros altos cargos del estado ya no son elegidos libremente por el Congreso de la República o por el Consejo Nacional de la Magistratura, sino por un grupo mediático que impone su voluntad mediante una presión sistemática a los congresistas o consejeros de la magistratura

.

La arrogancia de este grupo no tiene límites. Hace unos días, como cabeza de la asociación privada Consejo de la Prensa Peruana (CPP) acaba de sentar al Perú en el "banquillo de los acusados" de violar la libertad de prensa en el continente americano.

Ante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dicho grupo acusó al gobierno peruano de estar comprometido en un supuesto complot para cercenar la libertad de prensa, solo porque el ministro Pastor pidió que se investigara la presunta venta ilegal del Canal 4.

No me interesa defender al gobierno, tampoco soy aprista. Como periodista independiente rechazo la patraña urdida por el CPP en la SIP porque se basa en mentira enorme y daña la imagen del Perú.

Kela León, funcionaria del CPP, expuso ante los dueños de diarios de América un "informe de la situación de la libertad de prensa en el Perú". ¿Con qué legitimidad, con que autoridad? Solo con la que le confieren el poder del dinero y el control de los medios.

Ella dijo lo siguiente: "Las preocupantes declaraciones de las altas autoridades del Poder Ejecutivo alertaron sobre la presunta, y hoy relativamente despejada, intención del gobierno del presidente Alan García de interferir en los asuntos privados de un medio de comunicación".

¿Investigar la evidente intromisión política de Toledo en la venta de Canal 4 es interferir en asuntos privados de un medio de comunicación? ¿Indagar si hubo extorsión a Eugenio Bertini, si hubo tráfico de influencias en Indecopi por parte de César Almeyda son asuntos privados? ¿Qué tiene de privado aclarar si Toledo presionó a favor de los actuales dueños del Canal 4?

Este es un problema de violación de la libertad de prensa, pero por parte de Toledo y de un grupo empresarial que se habría apropiado ilegalmente de un canal de televisión valiéndose del favor político, de la extorsión judicial y del tráfico ilícito de influencias. ¿Acaso esto no merece ser esclarecido?

La prensa es libre de fiscalizar, opinar, sugerir o denunciar. El problema surge cuando lo hace en función de sus propios intereses, no en defensa de los valores democráticos, ni de la salud moral del país.

Si la prensa es el Quinto Poder de facto, bien por ella, pero el sistema democrático de basa en el equilibrio de poderes, lo cual supone que ninguno de estos puede imponerse sobre los demás.

Cuando un poder les impone su voluntad a los otros y al resto de la sociedad, se quiebra el equilibrio e ingresamos a una dictadura. Es lo que está ocurriendo.

El punto es que todo poder mediático responde solo al poder económico que lo sostiene, mientras que los poderes públicos sí son legítimos porque surgen de la voluntad popular y del marco constitucional democrático.

Los ciudadanos no le hemos delegado facultades a la prensa para que ejerza poder político, por tanto no puede decidir quien debe ser ministro o magistrado del TC, de la Corte Suprema o del Ministerio Público, ni tampoco jefe o presidente de los organismos públicos.

Para eso hemos elegido al presidente de la república y a 120 congresistas, quienes, actuando en el marco de la Constitución, son los únicos facultados para elegir o designar a los más altos funcionarios de los poderes públicos: Electoral, Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

Informar y opinar está bien, pero presionar de manera concertada para imponerle condiciones al estado democrático es muy grave es corroer las bases mismas de la democracia.

Con coraje que merece ser reconocido, el congresista Menchola ha puesto el dedo en la llaga al afirmar que este es un problema "que como país hay que enfrentarlo porque si no estaríamos cambiando mocos por babas".

"No hemos enfrentado aquel grave problema (la red de Montesinos) para que después nos demos el lujo de entregar la comunicación del país a una sola familia", añadió.

El parlamentario admitió que abordar el abuso de la posición dominante del grupo El Comercio – La República genera temor en los congresistas y políticos, pero advirtió que "sería una cobardía no alertar del problema a la opinión pública". ¿Empiezan a romperse los diques de miedo?

Las declaraciones valientes de Menchola, que se suman a las del ex ministro Aurelio Pastor, nos dicen que el problema ya está planteado, la idea ya está en las mentes ciudadanas. Solo es cuestión de tiempo para que ocurra un desenlace a favor de la democracia.