LA PRENSA MEDIATICA EN PERU

La República un diario del Perú que asolapadamente y prosiguiendo la estrategia caviar (o Comunista), de vez en cuando publica este tipo de titulares con el único afán de contrarestar los altos índices que las encuestas señalan para Keiko Fujimori . Están con miedo de que nuevamente se queden sin la teta que el Fujimorismo les arrebató cuando goberno Alberto Fujimori. Llama poderosamente una opinión vertida y difundida por la comunista y caviar progre???? Susana Villarán de la Puente, el día 13 de Octubre de este año a las 5 y 52 pm, a CPN Radio“Haremos lo posible para que Keiko Fujimori no llegue nunca a la Presidencia de la República. Eso significaría el gobierno de la impunidad y el retorno de Alberto Fujimori al gobierno porque ella lo va a indultar”. Tanto es el odio de esta mujer, quien tiene un tremendo rabo de paja que por ahora no se atreven a tocarlo, ya que la familia caviar, esa mezcla rara del asolapado comunismo que otrora eran los grupos vanguardistas y comunistas deseminados por todos lados, acogidos por el pañiaguato y el toledismo, están con cierto poder político mediatico, además están infiltrados en todas las instituciones públicas Keiko es una candidata que se ubica en el primer lugar en las encuestas, cuando se pregunta a cualquier ciudadano en la calle, por quien votaría si mañana son las elecciones. Villarán de la Puente, dijo además, que también se enfrentarán a los apristas si pretende endosarle los votos a la candidatura de Keiko Fujimori para garantizar “una continuidad en la impunidad y poder seguir manejando de manera sucia el país”. Ella cree que todos son de su misma condición cuando habla de suciedad, y acaso esto que se publica no es una muestra de su mugredad? Así está el Perú y ese no es el NUEVO PERU QUE BUSCAMOS. Hasta la próxima....

CON LOS PANTALONES BIEN PUESTOS

Muy pocas veces en el Perú, compatriotas verdaderamente comprometidos con el Perú, alzan sus voces de protestas emitiendo serias opiniones sin tapujos, ni caretas, dándole la cara a quienes, de una u otra forma ocultan, maquillan, o tergiversan la realidad y la verdad. Vale rescatar estos artículos de opinión, porque la Historia del Perú no se escribe bajo consignas, ni mediación o jugando con cartas bajo la mesa. La Historia del Perú se escribe con verdades, duela a quien le duela y, lo que esta pasando ahora en el Perú es culpa de la "mafia caviar" enquistada en las esferas y en las entidades del actual gobierno. Este copamiento es parte de la estrategia planificada de SL antes de su derrota, concebida y aplicada después de la captura de los cabecillas asesinos terroristas, como es sabido poco a poco se fueron enquistando durante los gobiernos del difunto Paniagua y del ex presidente Toledo. Los servicios de Inteligencia de USA y de los países europeos han determinado y concluido finalmente después de un severo y acucioso seguimiento que las organizaciones terroristas en el mundo, han montado oficialmente como fachadas operativas las llamadas ONG defensoras de derechos humanos. Porque creen que no hay mejor tapiz que los puedan ocultar, que estos ostentosos títulos, y vaya uno a saber porque los gobernantes les tienen miedo y no las quieren tocar. Desde allí operan y dirigen logisticamente, planifican los llamados talleres con rimbombantes carteles, cursillos de adoctrinamiento y todo permitido y aparentemente ocultos temas, y planes contra los gobiernos de turno para desestabilizarlos y así poder crear las condiciones para la toma del poder que tanto añoran quien sabe para que fines. Los gobernantes de los gobiernos de turno viven atemorizados y presionados por estas Ong que utilizan todo un aparato logistico para la compra y difusion de informaciones con los medios de difusión que están vendidos cobrando buen dinero bajo la forma de pago de comerciales de empresas ligadas a estas ONG y que los servicios de inteligencia no las ubican y ponen al descubierto. La estrategia aplicada por los medios adictos a las ONG, es publicar de vez en cuando algún articulo en contra tratando de desorientar y para cubrirse bien en un mañana cercano, asi es como juegan por el Perú. Ellos creen que existen ingenuos agentes de inteligencia. "Hay que combatir el terrorismo con métodos del ‘90 de Fujimori y no con los del ‘80 de FBT y García" Bajo este encabezamiento se ha publicado el siguiente articulo escrito por el General PNP (r) Juan Gonzales Sandoval (*) "Pensé, desde luego, no hablar más, por el momento, del Nuevo Sendero y más bien analizar la absurda posición antiperuana de Evo Morales, pero el derribamiento el primero de setiembre último, de un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea en el paraje de San Antonio de Carrizales –en la región Junín– y la muerte del piloto, copiloto y técnico de la nave, a manos de elementos senderistas, me impele a tratar nuevamente el tema de la violencia terrorista que no cesa. Y, desde luego, de la clamorosa ausencia de una estrategia del Estado para combatirla. Con la serie, casi ininterrumpida de atentados y emboscadas contra las fuerzas del orden en los últimos meses, que ya lleva casi cincuenta víctimas entre los uniformados, el terrorismo ha alcanzado tres de sus más grandes objetivos inmediatos: miedo en la población, confusión entre sus autoridades y notoriedad en la prensa nacional e internacional. Cuán penoso es levantarse uno o dos días después del atentado y enterarse por los medios de comunicación que la histeria y la esquizofrenia dominan no solo a la opinión pública, sino a los "líderes de opinión": políticos, comunicadores, "expertos" en terrorismo y opinólogos de distintos pelajes. La tendencia dominante ha sido "hagamos del VRAE una zona de guerra o combate". El hombre de la calle que llamaba a la radio coincidía con algunas autoridades que prácticamente están proponiendo la vietnamización del VRAE. Una pregunta que cae por su peso: ¿No es este un retorno absurdo a los inicios de los ‘80, cuando el desconcierto y la desesperación empujaron a Belaúnde a una represión indiscriminada? ¿No es esta una forma de generar más Putis, Lucanamarcas y Accomarcas? Calma, señores. Calma y cabeza fría para no darle, precisamente, en la yema del gusto a un enemigo que quiere que demos ese paso. Y a las cosas hay que llamarlas hoy por su nombre, y el calificativo que merecen el ex ministro de Defensa y el actual es de legos en la materia, no saben ni papa de lo que ocurre en el VRAE y de lo que puede significar aplicar una estrategia de "zona de combate". Ambos incurren en bravatas de escritorio o gabinete, que para los hombres que hemos luchado contra el terror directamente, son risibles. No me cansaré de repetir de que no se trata de la cantidad de la respuesta del Estado, sino de la calidad. No se puede vencer con criterios anticuados y desfasados –en términos técnicos con los métodos de la Guerra de Tercera Generación a un enemigo que ya superó ese esquema en 1980. Si creen que convirtiendo el VRAE en zona de guerra van a derrotar al terrorismo se equivocan; el Nuevo Sendero se movilizará a otra zona y así sucesivamente. Lo que hoy se necesita es una estrategia que parta del conocimiento de la naturaleza de este enemigo que ha mutado, y también del conocimiento de lo que hoy está haciendo en frentes diversos, no sólo en el militar. Hay que conocer la estrategia global del Nuevo Sendero, y no solo llenarse la boca de generalidades y pretender resolverlo todo diciendo que son narcoterroristas. La relación entre el terrorismo y el narcotráfico es de antigua data, y como siempre se trata de una alianza estratégica de ambas fuerzas criminales. Eso ya lo sabemos. Y sabemos también que el Perú es hoy el primer productor mundial de cocaína. Una estrategia que funcione, como en los ‘90 requiere una lúcida decisión política al más alto nivel y la puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia que funcione, no este aparato formal, que ayer con Toledo fue CNI y hoy con García es DINI, y que ha hecho que la Inteligencia desde el 2000 produzca solo babas. ¿Cuántos cabecillas terroristas de primer nivel han capturado todos los inútiles que han estado al frente de estos organismos en nueve años? Resulta también paradójico escuchar hoy a muchas personas que criticaban la pacificación del ex presidente Fujimori pedir "mano dura" y guerra sin cuartel contra el terror. A Alberto Fujimori se le ha condenado a veinticinco años de prisión por hechos aislados, de los que no tiene responsabilidad penal alguna, pues durante su mandato el Estado capturó al 99 por ciento de la cúpula terrorista sin un rasguño. Si no nos hemos convertido en un país esquizofrénico y demente, Fujimori debiera abandonar su centro de reclusión mañana mismo, debiera ofrecérsele disculpas por los maltratos increíbles que ha sufrido, y recibir un reconocimiento nacional por no solo hacer bien, sino excelentemente, lo que debía como Jefe de Estado. Esto sería lógico, ya que gran parte del país pide combatir al terrorismo como en los ‘80 y no como Fujimori que exhibiendo éxitos contundentes, tuvo los escrúpulos que no tuvieron sus antecesores. Pero sí parece que nos estamos volviendo un país demente, o cínico en todo caso. Para llegar a esta conclusión basta escuchar en TV o leer los blogs de conocidos periodistas caviares que han venido sosteniendo machaconamente que el fujimorismo sobredimensiona lo que queda de Sendero, su peligrosidad, para justificar su proyecto "autoritario". Más claramente sugieren que inflar al terrorismo es parte de una estrategia electoral de Keiko Fujimori. Nunca he puesto en duda el odio cerril de esta gente contra Fujimori, lo que pongo en duda es su afecto por el Perú. ¿Cómo puede ser posible que prefieran que sigan muriendo militares y policías, que crezca la amenaza totalitaria, antes de reconocer, hidalgamente, que se equivocaron? " (*) Ex jefe de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE) y autor del libro "El Arte de la Paz".

Articulo publicado en el Diario Peruano La Razón.

CORRUPCION IMPERA EN EL PODER JUDICIAL DEL PERU

Sistema corrupto tiene maniatados a nuestros soldados Por Víctor Robles Sosa (*) El ministro de Defensa, Rafael Rey, ha puesto el dedo en la llaga al denunciar el acoso implacable que sufren nuestros soldados que hoy combaten en el VRAE por parte de una administración de justicia irracional e indolente frente a la agresión terrorista que sufre nuestro país. El ministro Rey ha protestado con razón e indignación justa contra los fiscales y jueces que actúan de esa manera, tratando a nuestros soldados como si fuesen delincuentes; y ha demandado que las máximas autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial enmienden tal comportamiento de sus magistrados. Pero, ¿cuál es la causa del problema? Es el llamado “sistema de derechos humanos” del Ministerio Público y el Poder Judicial, que ha sido concebido ex profesamente para perseguir y condenar de manera indefectible a los policías, ronderos y soldados que han combatido o combaten al terrorismo. Este sistema fue creado el año 2003 con el fin expreso de lograr que los acusados de ser autores “materiales e intelectuales” de las supuestas violaciones de derechos humanos “judicializadas” por la ex Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sean “castigados ejemplarmente” por la justicia. El lema bajo el cual ha sido concebido este sistema, “No la impunidad”, quiere decir que todos aquellos que son acusados por la ex CVR tienen que ser declarados culpables y condenados, sí o sí, porque de lo contrario habría “impunidad”. Origen del mal El sistema judicial y fiscal de “derechos humanos” fue construido a partir de un acuerdo entre la ONG estadounidense Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT en inglés) y Asociación Pro Derechos Humanos /Aprodeh), cabeza de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y viejo apéndice del partido Vanguardia Revolucionaria (VR marxista leninista, hoy Partido Socialista). Esta labor del ICJT y Aprodeh empezó el 2002, un año antes del informe final de la CVR, preparando así el camino para que los futuros juicios a los ronderos, policías y militares acusados en dicho informe terminen en condenas seguras. El su página web (http://www.ictj.org/es/where/region2/617.html), el ICJT lo dice así: “en co-auspicio con APRODEH, en junio, julio y diciembre de 2002, el equipo del ICTJ y los consultores facilitaron talleres y aportaron copiosos materiales a los abogados de ONGs, a la policía, y a los fiscales y jueces involucrados en la investigación y persecución penal de violaciones de los derechos humanos del pasado”. Informa además que en los años 2004 y 2005, “un consultor (suyo) pasó casi 20 semanas en Perú brindando apoyo técnico intensivo…”, y que “el trabajo del ICTJ en Perú continuó en 2006 en forma de misiones de terreno y talleres con jueces, fiscales y otras ONG”. En esos “talleres de capacitación” los jueces y fiscales fueron adoctrinados para que apliquen el derecho penal internacional en los casos “judicializados” por la CVR, aún cuando aquel colisionara abiertamente con nuestra Constitución. Todo indica que aquellos magistrados que fueron mejor adoctrinados fueron designados después, por influencia y presión de Justicia Viva, fiscales y jueces del llamado “sistema de derechos humanos” del Ministerio Público y del Poder Judicial. Esos son los magistrados que acusan y juzgan hoy por delitos de “lesa humanidad” a los soldados y policías acusados por la CVR, y resuelven además que los supuestos delitos imputados son “imprescriptibles”, violentando el principio universal y constitucional que consagra la irretroactividad de las leyes penales. Y son esos mismos magistrados los que también acusan y juzgan a los militares que combaten en el VRAE. Ellos tienen la exclusividad de esos casos en el país. La corrupción Obnubiladas por el poder que han construido con el apoyo de cierta prensa embarcada en la persecución, las ONG caviares pasaron el límite de la prudencia e incurrieron en una abierta violación de la ley, en complicidad con los fiscales y jueces que habían convertido en sus incondicionales en los “talleres”. Esto ocurrió en el momento en que los abogados de esas ONG se constituyeron como parte civil en los procesos judiciales promovidos por fiscales capacitados por las mismas ONG, y conducidos por jueces también capacitados por aquellas. Esto es lo que se llama un “juicio sastre”, a la medida exacta del que acusa. Esto es corrupción abierta en agravio del derecho fundamental que tiene toda persona acusada a recibir un juicio justo e imparcial. Nuestra legislación penal establece además que quien condiciona la actuación de una autoridad jurisdiccional de una u otra manera, incurre en delito grave y, por lo tanto, debe ser denunciado y sentenciado por tal conducta. La sumisión total de esos magistrados a las ONG caviares se aprecia abiertamente en los expedientes judiciales, pues en ellos se aprecia que la acusación del representante del Ministerio Público es planteada por lo general sin una investigación fiscal y simplemente se acusa alegando que el inculpado es presunto responsable “según el informe” de la CVR. Esto ocurre porque en los “talleres” de capacitación se les inculcó a los participantes un falso dogma: “la “verdad” ha sido desentrañada por la CVR, por lo tanto ya no es necesario investigar. Esto es otro delito en agravio de la correcta administración de justicia. Desconcertante En este contexto resulta desconcertante que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz haya justificado la persecución alegando que los fiscales “se ven obligados” a acusar indiscriminadamente porque el Ejército no identifica a los responsables. Esto es falso, señora fiscal. Los fiscales de “derechos humanos” actúan así porque la doctrina que practican sostiene que las fuerzas armadas son un “aparato de poder” que actúan como una “organización” criminal. ¿Usted comparte este concepto? Al parecer sí. El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, se ha lavado las manos cual Pilatos con toga, al afirmar que los jueces simplemente se limitan a juzgar de acuerdo con la denuncia fiscal, lo cual también es falso, porque tienen la potestad de resolver “no ha lugar” a la acusación cuando ésta carece de un sustento sólido. Y mientras la doctora Echaíz y el doctor Villa “se tiran la pelota” mutuamente, el terrorismo continúa avanzando y creciendo debido a que las fuerzas que deben combatirlo están maniatadas legalmente, impedidas de actuar como deberían hacerlo. La historia se repite, tal como sucedió a comienzos de los años 80’. El país se desangra y los únicos que ponen el pecho para evitarlo son nuestros policías y soldados, mientras que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso y la presidencia de la República, les dan la espalda a los combatientes. En esta lucha en defensa de la democracia y del orden constitucional, esas instituciones deberían estar en la primera línea de combate, pero, igual que en los años 80, han decidido eludir su responsabilidad, por oportunismo político o por cobardía. Justicia, no venganza Los peruanos no queremos impunidad para quienes han cometido algún exceso en la lucha contra el terror, sino justicia, es decir una justicia que investigue y juzgue con imparcialidad, sin prejuicios ideológico-políticos introducidos de contrabando mediante pseudo doctrinas “jurídicas” que violan nuestra Constitución. Queremos fiscales y jueces independientes y descontaminados de toda influencia política, no magistrados adoctrinados para tratar a los soldados como si fuesen asesinos compulsivos o psicópatas incontinentes; y a los terroristas como si fuesen “luchadores sociales” y “víctimas de la sociedad”. La única solución posible a este problema es que el Ministerio Público y el Poder Judicial reestructuren sus respectivos sistemas de ‘’derechos humanos’, apartando del mismo a aquellos fiscales y jueces adoctrinados por las ONG para perjudicar a nuestros policías, ronderos y soldados. No hay otra alternativa si queremos hacer justicia y no venganza.

Artículo enviado gentilmente por Víctor Robles Sosa (¨) Periodista y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)

SENTENCIA CONDENATORIA EN FRANCE PRESS (AFP)

Ricardo Uztarroz(*), es un periodista y escritor francés, que conoce de la idiosincrasia y realidad peruana. Ha publicado en Francia como corresponsal de France Press, el presente artículo,en el que analiza y critica la sentencia condenatoria al Ex Presidente Alberto Fujimori, desde una perspectiva distinta y diametralmente opuesta a los "pensantes" jurídicos que odian a Fujimori, y lo ha hecho como ciudadano extranjero conocedor de la política peruana y seguidor de todo el proceso que culminó con una Sentencia bastante cuestionable para muchos. Así se difundió el artículo periodístico "JUECES HICIERON UNA PIRUETA DE GIMNASIA JURIDICA QUE TIENE MUCHO DE REALISMO MAGICO" La avestruz es un animal torpe cuya singularidad es ocultar su cabeza bajo la arena cuando presiente un peligro, convencido de que lo que no se ve no existe. Esta imagen se me viene a la mente inevitablemente cuando pienso en los tres jueces que han condenado, el pasado 7 de abril, a 25 años de prisión al ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) por responsabilidad indirecta en dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por una banda de sicarios que mató en total a 25 personas; y cuando pienso en las organizaciones que supuestamente defienden los Derechos Humanos, que se alegran y califican la sentencia de gran victoria histórica. La condena del ex presidente, llamado familiarmente "El Chino", debido a su origen japonés, corresponde realmente a una cadena perpetua puesto que él tiene 70 años cumplidos, a menos que tenga una excepcional longevidad. Esta sentencia puede ser calificada como una venganza de las avestruces si reflexionamos acerca de lo que hacían los acusadores y los jueces que han condenado al ex presidente peruano durante los años 1990-1993, en los que ocurrieron los crímenes juzgados. ¿Qué hacían en esos años, cuándo Sendero Luminoso, organización terrorista discípula del monstruo Pol Pot, mataba sumariamente a todos los que le resistían, cuando daba la impresión de que estaba a punto de triunfar, de que estaba a dos dedos de tomar el poder y de transformar el Perú en una especie de Camboya comunista y sanguinaria?. Pues tenían la cabeza metida en la tierra y esperaban que alguien, en este caso "el Chino", se encargara del "sucio trabajo" de acabar con el terrorismo. Una apatía casi institucional. Y si por desgracia el Chino fallaba, acaso ellos ya estaban listos para dialogar con Sendero y a proponerle sus servicios? Rumores recurrentes, pero por el momento imposibles de comprobar, permiten pensar que ellos anticiparon una posible victoria de SL y buscaron entrar en contacto con esa banda terrorista. Si esto es verdad, la historia revelará la identidad de aquellos cobardes que hoy se presentan como heraldos universales de los derechos humanos. ¡Pobres derechos humanos! Si los padres de los derechos humanos supieran el uso oportunista y falso que se hace de ellos en Perú, se sobresaltarían en sus tumbas. El más representativo de esa pusilanimidad, que se puede calificar en buena medida de institucional, pues se extendió en las altas esferas de la sociedad (magistrados, universitarios, políticos, empresarios, directores de diarios, etc.), es sin duda alguna el presidente de la ex Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner. Un día, este filósofo admitió que en esa época él no había tomado conciencia de la amplitud de la violencia y de las vesanias de Sendero Luminoso porque estaba muy ocupado en sus trabajos universitarios. Sus trabajos de ese entonces, como los que siguieron después, eran de tal importancia que nadie los conoce y por lo tanto nadie está en condiciones de acordarse de ellos, incluso entre sus colegas más cercanos. Esto me recuerda a algunos intelectuales franceses que durante la ocupación nazi practicaron la colaboración tranquila y siguieron publicando, filmando, cantando, y que, cuando llegó la liberación, aparecieron como miembros de la Resistencia de la hora 25. No hay vergüenza de ser cobarde; pero que no se juegue a ser un héroe cuando el peligro ha desaparecido. Hoy en día, esa CVR, cuyo informe es a menudo un tejido de alegaciones increíbles o aproximativas, y que no responde a ningún criterio científico, pretende distribuir buenos y malos puntos, como si la lucha contra el terrorismo (pues había en Perú un terrorismo, el de Sendero Luminoso) hubiera sido un juego mundano de sociedad. La CVR afirma que esos años de violencia dejaron 70.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, cifra superior a las pérdidas norteamericanas en Vietnam. Al mismo tiempo, esa comisión dice implícitamente que el conflicto peruano fue de media o alta intensidad. ¡Qué absurdo! Es verdad que algunos de esos comisionados tuvieron una relación turbia con Sendero. Uno de ellos dijo en esa época que estaba de acuerdo con los objetivos de Sendero pero no con sus métodos, que éstos (es decir, el uso de las armas y del asesinato, habría que recordarle) prematuros. La izquierda peruana pagó duro su ambigüedad,.su negativa a condenar firmemente a los asesinos de SL, ya que éste era una organización de asesinos en serie, sin escrúpulos, sin remordimiento. La izquierda peruana no obtuvo en las últimas elecciones en 2006 sino un 1% de los votos. Los electores la juzgaron. Estos mismos electores estiman en un 60% que Fujimori fue el mejor presidente que el país ha tenido en su historia. La única cuestión que vale la pena Como residente en Lima desde hace diez años, y periodista de la Agence France Presse (AFP), entrevisté a Fujimori en cinco ocasiones, incluso una vez lo entrevisté en Tokio, cuando él estaba exiliado, poco después de su caída en 2000 a causa de una conspiración que, como distintos índices lo sugieren, habría sido urdida por Bill Clinton y Madeleine Albright, la entonces secretaria de Estado. Lo entrevisté de nuevo en Santiago de Chile, poco antes de su extradición. Durante los quince meses que duró el proceso de Fujimori, yo asistí a prácticamente todas las audiencias, 161 en total. Falté a lo sumo a una decena que no eran, además, esenciales. Puedo decir que conozco el expediente y también alegar una experiencia profesional de 40 años en el periodismo, experiencia que me enseñó a saber lo que es un hecho, una prueba, un índice, una alegación, una suposición, una deducción, una especulación, un conjunto de conceptos elementales que los tres jueces obviamente ignoran, lo que lanza una duda sobre su competencia jurídica y sobre su imparcialidad. En fin, puedo añadir que, ideológicamente, todo me separa de Fujimori, siendo él un hombre de derechas, y yo más bien de izquierda. Pero no de una izquierda de salón, como lo prueban mis compromisos pasados y presentes y la historia de mi familia. Por adelantado, le niego a quien sea tener la menor autoridad para impugnar mi pertenencia a la izquierda pues en la izquierda no hay un Papa que fije el dogma. En sus considerandos, el tribunal no respondió a la única cuestión central del proceso: ¿Fujimori dio la orden de realizar esas dos matanzas estúpidas que, obviamente, iban contra la política que él mismo preconizaba contra el terrorismo, a saber: convencer a la población, ganarse su simpatía, con el fin de aislar a Sendero Luminoso y a la otra organización subversiva, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)? A falta de pruebas, la parte civil y el fiscal cambiaron, puedo decirlo sin ironía, su fusil de hombro durante el proceso. Al principio, decían que Fujimori era el jefe del escuadrón de la muerte, del grupo llamado Colina (Colina es el nombre de un funcionario asesinado por SL), que realizó esos asesinatos y que él había dado la orden directa de esos crímenes. Como no pudieron probar esta alegación, entonces inventaron la tesis de que Fujimori es culpable porque él era el jefe de Estado. Basándose en una cadena de suposiciones, dijeron que él había transformado el Estado en una organización criminal con el fin de implementar una guerra sucia contra el terrorismo. Por lo tanto, siendo el inspirador de esa estrategia oculta de guerra sucia, disimulada en los pliegues de una guerra limpia, él era el autor indirecto de esos asesinatos. Como nada prueba esa otra alegación (repito, es una simple alegación), los jueces hicieron una pirueta de gimnasia jurídica que tiene mucho de realismo mágico: Amontonaron hechos sin relación evidente, rasparon aquí y allá entre cerca de 500 documentos de índices vagos con el único objetivo de construir una culpabilidad que parece muy hipotética. Los jueces demostraron tener una maquiavélica imaginación literaria. Al final, consideraron que Fujimori es culpable por omisión, lo que quiere decir que sabiendo que esas matanzas se preparaban, él no hizo nada para impedirlas. ¿Y qué prueba hay de que él sabía? El hecho de que en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía él debía saberlo. Los expertos jurídicos apreciarán la pertinencia, digo bien pertinencia, no inteligencia, del argumento. Lo digo sin temor alguno: ¡es grotesco! Individuos sin importancia Aceptemos desde un punto de vista puramente hipotético que los considerandos de los jueces sean fundados. ¿Cómo entonces puede uno explicar por qué Fujimori habría autorizado o, lo que es peor, dado la orden de matar a 25 personas sin importancia alguna, que no eran ni siquiera dirigentes terroristas de segunda o de tercera? Esas matanzas tenían un inconveniente principal para Fujimori: le quitaban credibilidad a su política oficial, proclamada y practicada, de guerra limpia. ¿Por una parte, él tendía la mano, y por la otra él habría apuñalado? Uno puede creer que la gente es imbécil, hasta que llega el momento en que ésta se da cuenta de que ha sido engañada. Aceptemos incluso que esa política de guerra sucia era cierta. ¿Puede alguien imaginar que un presidente de la República, incluso de un país pequeño como Perú, admite dar la orden de ejecutar a individuos sin importancia y sin ningún peso político o estratégico, como habría podido ser, por el contrario, la liquidación física de Abimael Guzmán, el jefe alucinado de Sendero, un tipo mesiánico hasta los forros? Ahora bien, todos los jefes terroristas, incluso Guzmán, fueron detenidos y están purgando penas.. El llamado Presidente Gonzalo tuvo durante años como vecina de celda a su compañera Elena Iparraguirre, ellos pasaban juntos todo el día. ¡Bonito ejemplo de la crueldad de Estado promovido por Fujimori! ¡Fujimori estaba loco o era un asesino en serie! Si eso es así ¿qué era lo que él buscaba? ¿Satisfacer sus instintos de asesino, impresionar al gallinero? Desde un punto de vista político, esas matanzas eran completamente improductivas. Fujimori tiene defectos, desde luego, pero no se lo puede acusar de carecer de inteligencia. Por otra parte, el colmo es que el tribunal no le reconoció a Fujimori ninguna circunstancia atenuante. Es decir, Fujimori actuó fuera del tiempo y del espacio. ¿En esa época, Perú no estaba acaso al fondo del abismo y en pleno caos, gracias a la herencia que le había legado Alan García, de nuevo presidente del Perú a pesar de su desastrosa e irresponsable gestión en su primer mandato (1985-90)? ¿Acaso los atentados terroristas, los carros-bomba, no eran diarios? ¿Los cortes de electricidad causados por los sabotajes a las torres de alta tensión no eran permanentes? ¿Acaso se podía salir de noche? ¿Alguien sabía si volvería a ver a sus seres queridos al final de la jornada de trabajo? ¿La inflación no era delirante? ¿La escasez de los productos de primera necesidad no era permanente? ¿No se destruía el aparato productivo? ¿Perú no estaba al margen de las naciones y tampoco tenía derecho al crédito externo? No, nada de esto existió, según los jueces. ¡Fujimori era un extraterrestre, un tipo sediento de sangre, una especie de Drácula! Las capas populares, las que tuvieron que sufrir más las salvajadas de SL, reconocen, en una muy amplia mayoría, que él fue quien salvó al país, que él fue quien le permitió a la gente encontrar una vida normal, si se puede hablar de vida normal en un país tan pobre como el Perú. Todo eso para los jueces (¿qué hacían ellos en esa época?) no existió. ¿Magistrados imparciales? Los que aplauden esta condena no dejan de repetir que los magistrados tuvieron todo el tiempo un comportamiento exento de reproches. Eso es, obviamente, muy discutible. La hostilidad que mostraba el rostro del presidente del tribunal, César San Martín, lo traicionaba y dejaba ver que él saciaba una venganza personal. En 1993, en el marco de una operación de depuración del aparato judicial peruano, corroído por la corrupción endémica, él había sido excluido de la magistratura. Tal vez eso fue un error. En todo caso, él había encontrado en el juicio la oportunidad de vengarse. Uno de sus asesores tiene, por su parte, un pasado de simpatizante de izquierda. La izquierda es visceral e irracionalmente anti- Fujimori, por razones demasiado largas para explicar aquí. Uno de los índices de la falta de imparcialidad es la ausencia de reconocimiento de las circunstancias atenuantes. Pero el colmo de los colmos, es que los jueces afirmaron que las víctimas de esas dos matanzas no tenían nada que ver con el terrorismo. Entonces, ese considerando significa implícitamente que Fujimori perpetró asesinatos gratuitos, que ni siquiera se inscribían en la estrategia de guerra sucia que ellos mismos le reprochan. También afirmaron que esas matanzas eran crímenes de lesa humanidad. Sin duda, cuando se cruza tal frontera, ya no hay razón para detenerse. Esa condena es como si en 1969, después de su renuncia, se hubiera llevado a Charles de Gaulle ante un tribunal especial (el tribunal que pronunció este veredicto es un tribunal especial) y se lo hubiera declarado culpable de las exacciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales practicados en Argelia entre 1958-1962. Este proceso de Fujimori revela la inconsistencia, la irresponsabilidad, el infantilismo, la frivolidad, de una parte de las clases dominantes peruanas, algunos de cuyos miembros se creen parte de una aristocracia descendente de los conquistadores o virreyes españoles. Sendero Luminoso no ha sido destruido totalmente, ha hecho una alianza con grupos narcotraficantes. Sus grupos armados operan en una zona de cultivos de coca a 400 km al este de Lima. La sentencia a Fujimori le abre una puerta enorme a SL para que pase a la ofensiva. ¿Quién se atreverá de ahora en adelante a oponerse militarmente a Sendero si la ?recompensa? será 25 años de prisión, 25 años que corresponden en realidad a una condena a muerte lenta en vista la edad del condenado? Fujimori interpuso el recurso de apelación. Recurso que no fue admitido. Para resumir, esta condena pone una línea de igualdad entre Abimael Guzmán, jefe terrorista, y Alberto Fujimori, el presidente que lo venció y que, en consecuencia, salvó al Perú de una pesadilla, de una especie de nazismo rojo. Así pues, según el fallo, nada ocurrió en el Perú entre 1980 y 2000, todo ha vuelto a ser de nuevo como antes. La oligarquía de Miraflores, San Isidro y La Molina, los tres barrios donde ésta reside, puede de nuevo dedicarse a sus intrigas florentinas de palacio. Nada ha ocurrido en Perú, repito. Salvo que un ¿chino de mierda?, asesino en serie sin móvil conocido, está en prisión. Circulen señores, no hay nada que ver. *) Periodista y escritor, ex director de la agencia de noticias France Presse (AFP) en el Perú LIMA.-

LA MAMADERA SE ACABA

Acabamos de ver un costoso aviso a toda página con el llorón título de “Nuevo intento por acallar a las ONG”, presentado por la tristemente famosa “Coordinadora de DDHH” y la desconocida “Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo”. Estos vividores emplean un lenguaje dirigido al caviaraje internacional y se permiten reclamar y llamar la atención con términos de “patrón furioso”, como si aún mangonearan en los tiempos de los malhadados gobiernos de Paniagua y Toledo.

De seguro que el mismo alegato ya está en la CIDH y en la prensa caviar del mundo. Los firmantes son la expresión de las dificultades que están viviendo los caviares. Las cosas se les están poniendo difíciles. Si no hay renovación, van a tener que lavar carros para vivir. Están haciendo relevo de comechados: la desacreditada “Coordinadora”, que sabe que van a desaparecer por falta de donaciones y por el control que se les viene, y la nueva estrella de las donaciones internacionales con la falsedad de ayudar a los pobres del Perú, con un raro nombrecito que da risa si pensamos en la trayectoria de cada uno de estos tipos, que les daría aires de científicos en lugar del conocido de politiqueros. Ahora son un centro de investigación para la promoción y desarrollo de…sus propios bolsillos.

Para que conozca Ud. estimado lector, lo que dicen estos angelitos, voy a transcribir partes de algunos párrafos, con un comentario mío. Veamos:

En su primer párrafo dicen: “denunciamos la iniciativa legislativa promovida por algunos sectores políticos, que tiene como fin incrementar las atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para amenazar y controlar a los organismos no gubernamentales (ONG)”.

Estos comunistas que nunca hubieran podido expresarse en esos términos cuando existía su amo ruso y que tampoco podrían hacerlo ahora en Cuba o Venezuela –sus nuevos amos- se permiten “denunciar” una iniciativa soberana de congresistas peruanos para incrementar las atribuciones de la APCI, porque a estos sinvergüenzas caviares nadie los debe “controlar” en el Perú, aunque en otros países sí los controlan, y…¡calladitos!

El segundo párrafo dice: “Señalamos que este nuevo intento está dirigido a reducir la capacidad de acción de las ONG que trabajamos por la defensa de los derechos humanos por democracia participativa (…) y en lucha contra todo tipo de impunidad”.

Vea Ud. estimado lector el cuajo de estos vividores falsos defensores de los DDHH, que se permiten “denunciar” una iniciativa legislativa del soberano Congreso de la República del Perú. Esa es la desesperación típica de personalidades sicopáticas que les ha hecho perder las formas.

Estos sinvergüenzas que nunca han trabajado por la defensa de los DDHH de los sacrificados miembros de las fuerzas del orden y de los ronderos que nos devolvieron la paz, que permanentemente están fomentando la impunidad al defender y poner en libertad a los terroristas antes, y ahora a los revoltosos que no respetan leyes ni autoridad, se permiten alegar que son luchadores “contra todo tipo de impunidad”. Bien saben que nadie quiere reducirles su capacidad de acción. No aceptan que sus donantes conozcan cómo gastan la plata que piden a nombre del Perú. ¡Eso es lo que no quieren!

El tercer párrafo dice: “Rechazamos que se trate de una iniciativa para promover una mayor transparencia en la gestión de las ONG, pues como es de dominio público estas son doblemente supervisadas por entidades estatales como la propia APCI, los registros públicos, la SUNAT…”

Sí, pero solamente para tener partida de nacimiento en la APCI, para tener derechos en los RRPP y para no pagar impuestos en la SUNAT. No quieren informar cómo gastan la plata que reciben en nombre de los pobres del Perú. No quieren informar cómo es que se reparten las donaciones y cuántas veces –porque ellos están en las planillas de varias ONG– y cómo y a quienes compran como plumarios y radioloros. Si fueran transparentes en su accionar, no tendrían por qué gritar tanto. El que no la debe, no la teme. Ya estamos viendo cómo es que los defienden y “se defienden” algunos…

El cuarto párrafo dice: “Denunciamos que para promover esta Ley, sus autores no tengan ningún reparo en recurrir a argumentos abiertamente antijurídicos que ya han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional el 2007”.

Estos sinvergüenzas no tienen el menor empacho de expresarse en esta forma. Es el lenguaje de los caviares, infundado y malcriado. Los argumentos antijurídicos son justamente los de ellos. Es la típica grita del caviaraje internacional. Los argumentos y la intención de la nueva Ley son diferentes, así como que el TC ya no está conformado por camaradas. Esto lo saben muy bien los caviares, por eso su desesperación.

Después de dos párrafos cortos y que insisten en las tonterías, dicen en el séptimo párrafo: “Por lo tanto rechazamos este nuevo intento. Alertamos a la opinión pública y a la comunidad internacional sobre este ataque a las libertades de asociación y expresión.”.

Mire Ud. estimado lector, cómo se expresan estos sinvergüenzas. Nadie les ha impedido nunca asociarse ni mucho menos expresarse. Esas libertades son respetadas por el gobierno a pesar de todas las barbaridades que cometen los caviares. El control va a ser sobre el manejo transparente de los fondos y sobre las mentiras para azuzar.

En su octavo y último párrafo dicen: “Finalmente llamamos al Congreso, al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo a actuar conforme a sus roles constitucionales de velar por la legalidad y no permitir que se apruebe esta Ley. Y al Presidente de la República, recordarle que así como es un gran promotor de la inversión extranjera lucrativa, no debería poner obstáculos para la inversión extranjera no lucrativa, que promueve el desarrollo, la ayuda humanitaria y la paz.”

Esto ya es el colmo. Tienen la lisura de “llamar” al Congreso, al TC y a la Defensoría del Pueblo a actuar conforme a sus roles. No les solicitan o proponen, como hacen todos los ciudadanos peruanos educados y respetuosos de las jerarquías administrativas.

Y para cerrar con broche de oro su falta de respeto a todos los peruanos, se permiten “recordarle” al Presidente de la República, no le solicitan, le recuerdan como si fuera su empleado, que permita la inversión extranjera no lucrativa, dirigida a ellos. Es el colmo de la lisura. Justamente estos hipócritas! reclamando “la inversión no lucrativa” con la que solamente ellos lucran y emplean para promover todas las asonadas contra el desarrollo del Perú y finalmente azuzar con mentiras descaradas que nadie sanciona, todas las actividades de los irresponsables para alterar el clima de paz que tanto necesita nuestra Patria amada. ¡Ojalá se suprimiera para siempre la “inversión extranjera no lucrativa” que viene para las ONG comunistas politiqueras!

Contralmirante(r) Hugo Ramirez Canaval, articulo publicado en La Razón (13JUL09)

DEMOCRACIA O TOTALITARISMO EN EL PERU

La matanza de 24 policías en Bagua e Imazita no debe quedar como un episodio más de la escalada de violencia que, desde hace varios años, impulsan en el país en nuestro país los grupos chavistas locales con el fin expreso de desacreditar al sistema democrático y de allanar el camino para que tome el poder una opción política totalitaria.

La ciudadanía espera, con justa razón, que los autores materiales e intelectuales de este crimen abominable sean identificados, capturados y castigados con todo el rigor de la ley, lo más pronto posible. El problema es que la historia reciente nos enseña que esta expectativa ha acabado siempre convertida en frustración.

Una vez más, hemos escuchado a las más altas autoridades del Ejecutivo y del Congreso prometer que castigarán los responsables de este nuevo baño de sangre, “caiga quien caiga”. Yo, francamente, no les creo.

¿Alguien ha sido condenado por la muerte de los tres policías asesinados a tiros durante el desalojo del bosque de Pomac, ocurrido en enero pasado? Que se sepa, nadie.

¿Quién ha sido sentenciado por el ataque y secuestro de 60 policías registrado en octubre del año pasado en el puente Montalvo de Moquegua? ¿Qué castigo han recibido los que asaltaron y quemaron la comisaría de Celendín en marzo del 2008, o los que atacaron la comisaría de Juanjui en diciembre de ese mismo año? Tampoco hay respuesta.

Nos faltaría espacio para recordar todas las agresiones que ha sufrido la autoridad policial durante los últimos años por parte de turbas enardecidas que actúan siempre azuzadas por agitadores que buscan desestabilizar la democracia.

Es fácil acusar a los agitadores y cargar sobre ellos toda la culpa de esta situación de anarquía y desgobierno que corroe los cimientos del estado de derecho, cuando el fondo del problema es otro: la complicidad del estado y de algunas instituciones sociales con esos grupos.

No es que el estado se ponga de acuerdo con los chavistas y las ONG caviares para desatar la violencia en el país; se trata de una complicidad por omisión en la que han incurrido ciertos gobernantes y legisladores por ignorancia, cálculo político o interés electoral.

Tampoco quiero decir que las instituciones aludidas se confabulen con los grupos que alientan el vandalismo y el sabotaje; sino que han adoptado como válidos falsos valores, creyendo de buena fe que son democráticos.

Así hemos llegado a la absurda situación en que el principio de autoridad es socavado desde el propio estado y desde la sociedad, los cuales han aprobado como legítimas diversas normas y criterios que criminalizan de hecho la labor policial, militar y de inteligencia.

Según la Constitución, el estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y es legítimo que recurra a ella para mantener el orden y para proteger a la sociedad; sin embargo, ese mandato ha sido desplazado por una penalización de facto del derecho del estado a defenderse contra violencia.

Se han impuesto la idea absurda de que represión policial es sinónimo de crimen, de que el estado está obligado a dialogar con quienes utilizan la violencia para plantearle reclamos, y de que es criminal responder con la fuerza pública a los grupos que recurren a la violencia.

Cuando los agitadores y la turba rodearon a los policías en la estación del oleoducto de Imazita, estos tuvieron dos alternativas: rechazar el ataque con sus armas, con lo cual habrían salvado sus vidas e impedido la ocupación del oleoducto, o ceder a la presión de los agresores.

La primera opción la descartaron de plano porque si un agresor moría el propio estado que les había enviado para proteger el oleoducto iba a condenarlos como criminales, así que buscaron el diálogo con la turba, pero fueron asesinados cruelmente.

Casi el mismo trance vivieron los policías atacados en Moquegua, Pomac, Celendín y Juanjui. Se sintieron atados de manos, impotentes de actuar, desamparados, abandonados a su suerte por el mismo estado que los había enviado a enfrentarse con los vándalos y criminales.

Por eso el mejor homenaje a nuestros 24 mártires de Bagua sería acabar de una vez con el abandono legal en que se encuentran nuestros policías y militares por parte del estado, el cual los deja indefensos cada vez que las ONG de derechos humanos los acusa de supuestas violaciones de derechos humanos.

Los policías asesinados en Bagua han muerto por culpa de los asesinos, pero también por culpa del estado incapaz de imponer el respeto a la autoridad. La izquierda le ha hecho creer a éste –igual que a cierta prensa - que reprimir la violencia es autoritarismo. Por eso se paraliza mientras aquella lo desborda, por miedo a que lo llamen “autoritario”.

Y cuando digo el estado, me refiero al gobierno, al Congreso, la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y al Poder Judicial, instituciones que han asumido como legítima la doctrina de las ONG que criminaliza el uso de la fuerza pública.

El Congreso tolera la persecución judicial contra policías y militares que cumplen su deber, mientras que los representantes del sector Justicia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se allanan de manera sistemática ante las acusaciones presentadas por las ONG contra nuestros policías y militares.

El Ministerio Público y el Poder Judicial permiten que esas mismas ONG den cursos de “capacitación” a fiscales y jueces, a quienes les enseñan cómo deben procesar las denuncias planteadas por los mismos “capacitadores” contra policías y militares, presumiendo siempre culpables a los denunciados.

El ministro de Defensa ha anunciado la creación de una Defensoría del Militar para que defienda a los militares, lo cual es absurdo porque es el mismo estado el que los acusa y los persigue. ¿No es mejor acaso acabar con el andamiaje legal que hace posible la persecución, y cortar así, de una vez por todas, con tales mecanismos perversos?

En vez de crear esa Defensoría, el ministro debería pedir que los juzgados, tribunales y fiscalías especiales de DDHH sean conducidos por magistrados ajenos a la influencia ideológica de las ONG caviares, independientes y comprometidos con el estado de derecho.

La noche del domingo último, cuando se había confirmado el asesinato de 24 policías en Bagua, el canal de cable del grupo El Comercio entrevistó casi una hora a un “analista” político de vieja militancia comunista, quien hizo malabares para racionalizar lo irracional, buscando argumentos antropológicos, culturales, etc., para justificar la matanza.

El mensaje que dejó fue: la culpa es del sistema político porque es incapaz de resolver los problemas y porque recurrió a la policía en vez de aceptar las exigencias del “pueblo”. El televidente debe haber llegado a la conclusión falsa de que la democracia es ineficiente, injusta y genera violencia y muerte. No lo dijo, pero quedó claro: Humala es la alternativa.

¿Hay tanta ingenuidad en ese medio como para dejarse meter semejante contrabando político ideológico? Creo que el canal actuó de buena fe, y convocó al analista caviar porque también cree que si el estado recurre a la fuerza es autoritario. Un ejemplo ilustrativo de cómo se han impuesto conceptos falaces como reales.

Los directivos de esa empresa periodística deberían meditar al respecto y preguntarse ¿cuándo un gobierno democrático debe recurrir a la fuerza? ¿Por qué nunca debe hacerlo si el uso de ese recurso está consagrado en la Constitución? ¿Creen ustedes de veras que la culpa de lo sucedido es del sistema democrático?

En otro plano, la matanza de Bagua abrió un momento de definiciones en el que se ha decantado nítidamente quién está del lado de la democracia y quién están del lado del totalitarismo que conspira para desestabilizarla, en la perspectiva de liquidarla.

El presidente de la república dejó en claro en carácter político de la asonada en la selva al señalar cómo lo que debía ser una protesta social se convirtió en los hechos una acción coordinada y bien planeada de sabotaje al sistema energético nacional y a las redes de abastecimiento de alimentos del norte y del sur del país.

El mismo día que fueron asesinados los policías, grupos organizados y armados con bombas incendiarias atacaron puntos estratégicos de Bagua, para sembrar el caos. No hubo un desborde espontáneo de una masa sino un ataque selectivo hacia objetivos políticos claros.

Frente a hechos tan evidentes, el Apra, Unidad Nacional, Renovación Nacional, Somos Perú, el fujimorismo y Solidaridad Nacional cerraron filas en defensa del sistema democrático, mientras que el humalismo y la izquierda caviar apoyaron abiertamente la asonada, y Toledo la justificó oportunistamente sacando un pésimo cálculo electoral.

Patético el papel de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, quien siguió presionando al Ejecutivo a que se siente a negociar con los dirigentes de los nativos, como si nada hubiese pasado, después del asesinato en serie de los agentes del orden.

Merino se dio tiempo además para insinuar un ocultamiento de detenidos por parte del ejército, al afirmar que había encontrado 39 intervenidos en el cuartel de Bagua, mientras que el Ministerio Público había reportado 20 detenciones. Lo que no dijo es que los 19 restantes fueron arrestados después de que la fiscalía hizo su reporte.

A los humalistas y a las ONG caviares se les cayó la careta y mostraron su verdadero rostro totalitario al encubrir los primeros la fuga del responsable político de la matanza de los policías, Alberto Pizango, y al asumir las otras la defensa legal del cabecilla y de sus cómplices.

Opinión de Victor Robles Sosa .Periodista y Director Ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)

CONTRA LA CVR (Comunismo de Vanguardia Revolucionaria)

Carta abierta al presidente Constitucional de la República, Dr. Alan García Pérez

Los ciudadanos que suscribimos el presente documento nos dirigimos al presidente constitucional de la república, doctor Alan García Pérez, para manifestarle lo siguiente:

• La comisión designada por usted para crear el Museo de la Memoria acaba de resolver, por sí y ante sí, que dicho museo sea construido en el Campo de Marte y que forme parte de un mismo conjunto con el cuestionado monumento llamado Ojo que llora. Esta actitud no refleja una visión democrática y fiel con la historia de la lucha que aún seguimos librando los peruanos contra el terrorismo.

• La comisión designada refleja únicamente la visión de la ex Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Tres comisionados: Salomón Lerner Febres, Enrique Bernales Ballesteros y Luis Bamabarén Gastelumendi formaron parte de la ex CVR, este último en calidad de observador personal del ex presidente Alejandro Toledo.

• Lamentamos que el escritor Mario Vargas Llosa haya descalificado de antemano a los ciudadanos demócratas que discrepamos con la ex CVR, al afirmar que la labor realizada por ésta es criticada sólo “por círculos militares y por las pandillas sobrevivientes del fujimorismo…” (Entrevista con El Comercio)

• Objetamos la visión de la ex CVR porque es ajena a la verdad histórica y porque justifica el terrorismo y falsea la historia al sostener lo siguiente:

• a) Que la victoria de nuestra nación sobre el terrorismo ha sido el capítulo más “vergonzoso y deshonroso” de nuestra historia.

• b) Que la sociedad peruana se mantuvo indiferente ante la agresión terrorista contra la democracia.

• c) Que la banda terrorista de Sendero Luminoso lideró una “guerra campesina” en favor de la justicia social.

• d) Que los líderes políticos de extrema izquierda cumplieron un papel democrático durante la agresión terrorista.

• e) Que las fuerzas de la democracia desataron una represión indiscriminada y sistemática contra la población en respuesta al terrorismo.

• f) Que las fuerzas armadas, la policía y los ronderos violaron los derechos humanos de la misma manera en que lo hicieron los terroristas.

• Los peruanos nos sentimos orgullosos de haber derrotado a un terrorismo que pretendió imponernos, a sangre y fuego, un régimen totalitario y genocida; creemos que esa victoria merece ser realzada en gratitud eterna a los mártires y héroes que dieron sus vidas para legarnos la paz y la democracia que hoy disfrutamos.

• La sociedad peruana jamás fue indiferente, se enfrentó al terrorismo y lo rechazó primero con sus policías y soldados, y después con sus Comités de Autodefensa, Rondas Campesinas, Rondas Urbanas, organizaciones barriales, sindicales, estudiantiles, autoridades, etc. Así fue como entregaron sus vidas María Elena Moyano, Alejandro Calderón, Pascuala Rosado, Pedro Huillca, Orestes Rodríguez, Ricardo Ramos Plata, entre muchos otros más.

• La única guerra campesina que vivimos fue la rebelión de nuestras comunidades andinas contra el yugo terrorista, que acabó arrojando a los criminales de esa región, obligándolos a desplazarse desesperadamente a Lima.

• La extrema izquierda de ayer, que hoy pretende escribir la historia de la lucha contra el terrorismo y hacer el museo de la memoria, es la principal responsable política de que miles de hombres y mujeres se enrolaran en el terrorismo porque les inculcó la idea insana de que la lucha armada era el único camino hacia el poder. Esto ha sido groseramente omitido en el informe de la ex CVR porque varios de quienes elaboraron ese documento jugaron en su momento aquel nefasto rol pro-terrorista.

• Las fuerzas que defendieron la democracia cometieron excesos propios de toda guerra, porque en la historia de la humanidad jamás hubo una guerra limpia. Estos hechos fueron excepcionales, jamás respondieron a una premeditación criminal del estado. Tampoco se puede acusar de racista a unas FF.AA. cuyos oficiales mayoritariamente tienen origen andino o popular.

• Los ex miembros de la CVR se han descalificado a sí mismos para participar en la creación del Museo de la Memoria porque su informe final sesgado nos ha dividido a los peruanos y ha propiciado una persecución indiscriminada e injusta contra quienes combatieron al terrorismo en defensa de la democracia.

Señor presidente de la República, como ve, hay visiones opuestas sobre lo que fue la lucha contra el terrorismo. Una, liderada por la vieja izquierda marxista y por quienes se dejan arrastrar por sus odios y rencores políticos, que concilia con el terrorismo, lo redime y lo reivindica ante la historia, de manera injusta y falaz, pretendiendo que los peruanos agachemos la cerviz y nos avergoncemos de haber vencido a esa lacra totalitaria y genocida.

La otra visión rescata la verdad histórica, exalta el orgullo de una nación que venció al terrorismo como nadie en el mundo lo había logrado antes, y honra la memoria de nuestros héroes y mártires, civiles y uniformados, que dieron su vida por la paz y la democracia, entre ellos más de 1800 compatriotas que integraron el Partido Aprista Peruano (PAP).

Por lo expuesto, señor presidente, le pedimos que reconsidere usted la designación de dicho grupo y que nombre a una nueva comisión realmente plural, para que en el futuro Museo de la Memoria no se repitan las gruesas omisiones e injusticias que contiene el informe de la ex CVR.

FIRMAS

Las personas que deseen suscribir esta carta deben añadir sus respectivos nombres al pie de este documento, y devolverlo al correo ipades@gmail.com desde su mail personal, escribiendo en el mismo la frase siguiente: “Firmado digitalmente por el titular de este correo”.

Ricardo Sánchez Serra

Ivette Robles Maldonado

Firmado digitalmente por el titular de este BLOG.

PD: Todos los peruanos que queremos un Nuevo Perú, y que en el desaparezca para siempre ese cancer político podrido que asoma en el Perú, debemos firmar esta carta memorial y ojala quien gobierna hoy al País reconozca de sus errores.

NADIE LIDERA POLITICA NACIONAL

Lo fundamental es tener una clara política de defensa nacional

Tener capacidad disuasiva no es sólo comprar armas

La defensa nacional ha retornado de pronto al primer plano de la agenda política como consecuencia de la incesante compra de armamento moderno por parte de Chile, de la silenciosa presencia militar del chavismo en Bolivia, y del fortalecimiento evidente de la actividad terrorista y del narcotráfico en el valle Apurimac-Ene.

El estado peruano ha volteado la mirada hacia su defensa, y se ha dado cuenta de que nuestras capacidades militares son limitadas, casi precarias. Lo de sorpresa es un decir, porque el propio estado nos llevó a esta situación en el período 2000-2006.

El Ejecutivo y el Congreso han comprendido que el problema debe ser revertido cuanto antes, porque constituye un riesgo serio para la supervivencia de nuestra nación. Sin embargo, para garantizar la defensa del país no basta con reparar o comprar armamento; hay que tener una política de defensa clara, y un compromiso firme de la sociedad con las metas de esa política.

Liderazgo

Los países fijan sus objetivos de defensa en función de alcanzar objetivos nacionales superiores, que a su vez constituyen metas que se imponen a sí mismas las naciones para proteger sus intereses legítimos.

Según declaraciones reiteradas del ministro de Defensa, Ántero Florez-Aráoz, un objetivo de nuestra defensa es tener unas fuerzas armadas disuasivas, es decir capaces de desalentar cualquier posible plan de agresión externa contra nuestro país.

Florz-Aráoz ha mostrado entusiasmo y deseos de hacer bien las cosas, pero es evidente que la defensa no es su especialidad, y que tampoco se ha rodeado de gente entendida en la materia, salvo muy honrosas excepciones, como la del almirante Jorge Montoya.

El solo hecho de que el proyecto del canon para las Fuerzas Armadas haya sido rechazado por los gobiernos municipales y regionales es un indicador alarmante que revela una ausencia de compromiso ciudadano con la defensa que no responde a una falta de patriotismo, sino de información y de liderazgo político.

La tarea pedagógica y política de crear conciencia ciudadana sobre seguridad y defensa tiene que ser liderada por el presidente de la república y el ministro del sector, quienes deberían convocar a los líderes políticos y sociales para imbuirlos en el tema y comprometerlos en el logro de los objetivos nacionales de defensa.

Es lamentable, pero al parecer el presidente piensa que la defensa es asunto de los militares, tal como vemos en la lucha contra el terrorismo, en la que también el jefe de estado se niega a asumir el liderazgo político.

No solo armamento

No basta con que las fuerzas armadas reparen su armamento o compren otro nuevo para que tengan una capacidad disuasiva. Hay otras capacidades militares que tienen que ser atendidas, como son la competencia y la motivación.

La competencia es la capacidad que desarrollan los militares para poder combatir en igualdad o superioridad de condiciones, y está determinada por su nivel de entrenamiento y de capacitación permanente para el combate.

Por ejemplo, ¿si tenemos un avión moderno pero el piloto puede volarlo solo unas horas al mes, mientras que el país enemigo tiene un avión igual pero su piloto vuela casi todos los días, quién tiene más posibilidades de ganar la batalla si se enfrentan ambos? Se trata de que nuestros militares estén siempre bien preparados en manejar el armamento de que disponen, y listos para entrar en acción.

La motivación es otro factor decisivo por cuanto permite que el combatiente vaya al teatro de operaciones sintiéndose respaldado por su institución y su país en todos los aspectos: bien preparado, bien tratado y bien protegido.

Nuestros militares han dado muchas muestras de desprendimiento y patriotismo cuando les ha tocado combatir en medio de grandes limitaciones logísticas y materiales; sin embargo, tales condiciones se han deteriorado demasiado, al extremo que nuestras FFAA han perdido a muchos oficiales que han renunciado para poder darle una vida más decorosa a su familia.

Estas bajas ha representado además la pérdida de ingentes sumas de dinero invertidas por el estado en la formación de dichos profesionales.

Si este problema no es resuelto en un plazo razonablemente corto, será siendo un obstáculo insalvable en el camino para recuperar unas fuerzas armadas disuasivas.

Otro obstáculo es el abandono legal de nuestros militares por parte del estado cuando van a combatir al terrorismo. Están totalmente desprotegidos ante a el acoso judicial promovido por ciertos grupos de interés que actúan bajo la cobertura de “defensores de los derechos humanos”.

Más de 200 militares que combaten en el VRAE – inclusive uno muerto –han sido acusados de haber herido o abusado de personas inocentes mientras combatían en la zona de Vizcatán, donde sólo habitan terroristas y proveedores del narcotráfico aliados del terror.

Esta persecución hace que muchos oficiales eviten combatir por temor a que su carrera se vea truncada por acusaciones de las ONG de derechos humanos, de los fiscales y de los jueces amigos de esas mismas ONG, Nadie lo quiere decir, pero esto está ocurriendo actualmente en el VRAE y en el Huallaga.

Medidas disuasivas

En consecuencia, si el estado peruano desea contar con unas fuerzas armadas disuasivas debe empezar brindándoles a sus hombres la protección legal mínima que requieren para poder entrar en combate contra los terroristas.

También debe invertir en asegurar la competencia de su personal militar, y en resolver el problema de las magras remuneraciones que reciben nuestros soldados, a fin de frenar la fuga masiva de talentos militares hacia el sector privado.

Otras medidas complementarias, y de bajo costo, que podría adoptar el estado para alcanzar una capacidad militar disuasiva son restablecer el Servicio Militar Obligatorio (SMO) y la Instrucción Pre Militar (IPM) en las escuelas del país.

La primera garantizaría la provisión de los recursos humanos básicos que requieren los institutos militares, que actualmente son escasos porque dicho servicio es voluntario. Se ha intentado superar este obstáculo mejorando las propinas de los reclutas y ofreciéndoles a estos servicios educativos, pero no ha funcionado. E

Aquí es necesario señalar que el SMO debe ser democrático, es decir para todos, no solo para los hijos de los hogares pobres.

La IPM, aunque ciertos sectores izquierdistas conservadores se rasguen las vestiduras, es una herramienta que le permitiría al Perú contar con una reserva numerosa de combatientes entrenados para defender a su patria.

Cualquier país que tuviese en mente un plan eventual de agredir al Perú tendrá que pensarlo mucho al ver que los peruanos se preparan desde las escuelas para defender a su patria.

Víctor Robles Sosa. Periodista, Director Ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)

E-Mail: victor.robles.sosa@hotmail.com

Blog: http://victorrobles.wordpress.com

ACORDARON SENTENCIAR A FUJIMORI ANTES DE INICIAR EL JUICIO

La democracia peruana, hoy con casi treinta años de vigencia presidencial y muchas bajas, pero elegida por las urnas libres de manera continuada, constituye una aureola y nos damos cuenta de ello. Es un lapso suficientemente largo para que muchos peruanos hayan olvidado los años oxidados y frágiles de Juan Velasco Alvarado.

Al término de la dictadura, el país venía de una larga serie de irregularidades institucionales. Con Velasco era normal: lo excepcional era que los gobiernos civiles fueran interrumpidos por golpes militares. Al reanudar la democracia con Fernando Belaunde Terry, nada demasiado sólido nos garantizaba que, esta vez, las cosas serían distintas. Pero, sí lo fueron y lo son con excepciones.

Las masas y la élite llenaron la Plaza Bolívar y coreaban “por más años de democracia” como una cálida expresión de deseos para el regreso de este sistema de gobierno. Todos nos preguntábamos, en el fondo si al gobierno civil resistiría tanto. Superamos y dejamos constancia –tanto la élite como la masa anónima- que antes los derechos humanos habían sido quebrados y el pueblo no podía elegir a sus gobernantes.

Había existido antes inmoralidad, decadencia, improvisación, falta de libertades públicas, violencia, caos y desorden. Muchos peruanos no sabían qué significaba vivir bajo el imperio de la Constitución y de la ley, pero ahora sabemos lo que significa estar dentro del marco de la Carta Magna y de las leyes. El velascato no podía ocultarnos aquel detalle. Lamentablemente, la conciencia y la memoria política surgen no antes de la adolescencia. Los que nacieron bajo la garra militar, no vivieron bajo el hálito de la democracia.

La conciencia y la memoria política despuntan no antes de la adolescencia. Por lo tanto, a los millones de peruanos que nacieron después de ese 28 de julio que asumió la presidencia el arquitecto Fernando Belaunde Terry les era anormal el sistema democrático. Muchos no tienen vívidos los episodios anteriores con Velasco Alvarado, años de tiranía e ilegalidad. Hoy día, opino, que la democracia no corre riesgo de ser interrumpida.

El Congreso desde 1980 se convirtió, con luces y con sombras, en uno de los pilares del país en el que vivimos de manera ininterrumpida desde hace 29 años. Parecería que la democracia ha pasado la prueba de fuego y curado la fatalidad de las insurrecciones militares. Bien será decir que el Parlamento es uno de los soportes de la democracia aunque muchos mediocres y turbios hayan obtenido escaños tanto en el régimen bicameral como en el unicameral.

A veces, ha sido el mal espejo de leyes absurdas, no idóneas, arbitrarias, de grupo, pero así es la democracia, aunque no guste toda la imagen que refleja. Cada gobierno y parlamentarismo tiene sus momentos ignominiosos, esos de los que no deben olvidar y que, sería lo sano, no deberían repetirse.

La justicia ha funcionado, después de la época de Leguía –muy antaño- como un hospital de emergencia de la democracia que no ha superado las taras políticas y sociales, pero que también vivió momentos aislados de éxitos. Muchos magistrados han sido o son sacados de los infiernos dantescos de la corrupción y del “tarjetazo”.

Los esfuerzos legislativos, orientados a la simplificación de los procedimientos legales, a su sencillez y transparencia, no han sido exitosos en los últimos 50 años. En este tema de las reformas integrales de la materia judicial, ha decidido una rara incapacidad. Un recuerdo dramático está en unos párrafos del Inca Garcilaso de la Vega, publicado en 1589, cuyo texto es del siguiente tenor: “Decían que por la dilación del castigo se atrevían muchos a delinquir, y que los pleitos civiles, por las muchas apelaciones, pruebas y tachas se hacían inmortales y que los pobres, por no pasar tantas molestias y dilaciones eran forzados a desamparar su justicia y perder su hacienda, porque para cobrar diez se gastaban treinta”.

Hoy, en un nuevo milenio, podemos afirmar, sin margen excesivo de error, que los pobres se retraen de concurrir a la justicia, la que es costosa, pese a que la Constitución Política establece su gratuidad.

Urgen, pues, las reformas legales orientadas a la simplificación y agilidad de los procedimientos. El procedimiento oral, forma de justicia sin abogados en determinados asuntos, y el uso de la mediación y la conciliación como métodos de resolución de disputas, son promisorios senderos susceptibles de explorarse, activamente, en nuestro medio. Estamos viendo por los canales de televisión el mejor ejemplo: la actuación incompetente, arrogante, indiferente y sin respeto por los derechos humanos que merecen muchos inculpados, y que son ajenos a la percepción política de las delicadas funciones administrativas.

De aquí que los esfuerzos que se orienten a dignificar, preparar y entrenar al personal judicial de todos los niveles, con acento en la ética y la responsabilidad judicial, se ubican en el camino correcto, pues la mejor garantía de los derechos de las personas radica en los rasgos personales del cuerpo judicial.

Los honorarios de los abogados, los gastos lícitos y otros indebidos colindantes, con formas más o menos sutiles de corrupción, y el tiempo que los usuarios de la justicia deben restar a su trabajo, constituyen barras económicas, costos imposibles de solventar para sectores muy extensos de la población.

Enfrentados a necesidades prioritarias de alimentación, salud o vivienda, la solución de sus problemas legales o judiciales viene a ser un lujo. ¿Quiénes deben contribuir a la solución de tan importante problema social? En nuestra opinión, el Estado, las universidades, los Colegios de Abogados y los abogados mismos, las fundaciones y las empresas, entre otros.

El Estado debe incrementar, en lo posible, sus aportes económicos, pero debe abandonarse la idea de constituirlo en el único sostén de los programas de ayuda legal. Desde que exige a todos el irrestricto obedecimiento de las reglas del Derecho, cualquiera sea su condición social o económica, el Estado tiene la correlativa obligación de asegurar que nadie quede fuera del sistema de justicia. Desde este punto de vista, el acceso a la justicia es una necesidad pública que requiere, para su satisfacción, recursos adicionales de ese tipo. La contribución fiscal es, por lo tanto, imperiosa, pero resulta ilusorio pensar que por sí sola puede resolver el problema de acceso a la justicia, como lo demuestra la experiencia de los países desarrollados. Además, no es conveniente que el Estado sea el único proveedor de ayuda legal, porque a menudo es parte en la contienda, lo cual afecta la independencia de los programas financiados con recursos públicos.

Las universidades, por su parte, pueden hacer una importante contribución económica y humana al problema del acceso a la justicia incentivando el aprendizaje del Derecho, a través del servicio público. Las clínicas jurídicas de las facultades de Derecho se encuentran en óptima posición para proporcionar asistencia legal de calidad a escala reducida, con importantes proyecciones y aportes al mejoramiento teórico y práctico de la enseñanza del Derecho, de la investigación jurídica, de la profesión legal y de la administración de justicia con su componente de acceso.

Los servicios legales deben estar disponibles para todos los sectores sociales, sin costos desiguales para los pobres. Una justicia eficaz no debe privilegiar sólo a los ricos. No debemos postergar a los marginados en una era democrática.

No debemos ser cortos en la extensión del concepto puro de democracia. Dejemos de pecar de diminutos. Ha quedado en el olvido el concepto de seguridad jurídica: poder vaticinar, con relativo criterio el resultado de los procesos judiciales. Para lograr este fin los magistrados no deben ser atrabiliarios ni solónicos.

Los fallos deben ser inteligibles, sintéticos, enjundiosos, ajenos a posiciones doctrinarias discutibles sino sustentados en la Constitución y la ley. Para que un inculpado sea condenado a la pena de 25 años de privación de libertad debe haber existido dolo causante y volitivo. Y las teorías del delito deben ser utilizadas correctamente.

Tanto la teoría de la acción causal de von Liszt, la teoría de la acción final del alemán Hans Welzel y la finalista de Eberhard Schmidt exigen una conducta de dolo volitiva. Si no hay dolo no existe pena de 25 años de reclusión penal.

La conclusión fáctica es que las sentencias complejas –y arbitrarias también- vuelven más costosa a la justicia para quienes pretenden ser absueltos de delitos que no han cometido. El Palacio de Justicia no puede convertirse en la sede suprema de la fatalidad humana, como ha sucedido con un ex presidente del Perú y las sentencias judiciarias, cualquiera que sean, no deben tener sombras que nublen su camino normal.

Me invitaron a comer, con poca amenidad, unos flamantes jueces de primera instancia. Querían que compartiese su alegría por el fallo a Fujimori y el acuerdo desde antes de iniciar el juicio, su intención de condenar al inculpado. Los fallos condenatorios de ex- presidentes son uno de los “puching balls” favoritos de quienes tienen poco criterio.

A miles de homicidas se les condena por veinte años y sólo uno o tres jueces reductan el fallo y un regimiento de abogados participa en el asesoramiento de las sentencias como sucedió con Fujimori.

Es probable que la judicatura haya resuelto antes del juicio, tomando la decisión de condenar a Fujimori: Pero existe la evidencia de que se ha extendido en demasía la pesarosa mala conciencia a un fallo muy controvertido, basado en doctrina que no es fuente de Derecho.

Colaborador Dr. Jorge Basadre Ayulo. Este Artículo se publicó en el Diario La Razón de Lima Perú

CAVIARES YANQUIS MATIZARON SENTENCIA CONTRA FUJIMORI

ESTE ES EL PODER JUDICIAL QUE SE LLAMA IMPARCIAL?

DEJA MUCHAS DUDAS EN INTELECTUALES

La universidad norteamericana George Washington dispone entre sus órganos académicos de una Clínica Jurídica de Derechos Humanos, denominación inusitada que más parece corresponder a una institución dedicada al cuidado de la salud. Empero, a estar con la información proporcionada por el doctor Luis Lamas Puccio, tal entidad existe y funciona y, precisamente, asumió un papel orientador importante en la elaboración de la sentencia contra el ex Presidente de la República, Alberto Fujimori, a quien la Sala Penal Especial presidida por el magistrado César San Martín Castro le impuso una condena de un cuarto de siglo de pena privativa de la libertad.

Los trece asesores de la Sala San Martín, de acuerdo a la reiterada insinuación del doctor Lamas Puccio, participaron de la inspiración que imprimió la sentencia, en el sentido de considerar a los hechos de La Cantuta y Barrios Altos no como delitos de homicidio ubicados únicamente dentro del marco legal peruano, sino como crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, reprimibles en el campo jurídico normativo más amplio y extenso del derecho penal internacional.

Ahí radica, precisamente, uno de los más notorios excesos cometidos por los jueces que integraron la Sala Penal Especial, al haber quebrantado el marco fijado por la Corte Suprema de Chile al conceder la extradición.

Tras imponerle una condena esencialmente injusta, puesto que los hechos incriminados no han sido respaldados a lo largo del proceso con prueba idónea y suficiente, el objetivo que se persigue consiste en complicar aún más la situación del acusado y en dejar sentada una prevalencia de las normas internacionales sobre el derecho nacional, lo cual en el caso concreto sometido a juzgamiento resulta inadmisible, puesto que la autorización de la justicia chilena fue referida a los delitos contemplados en nuestra legislación y no en la internacional. Entonces, la sentencia de la Sala Penal Especial, al haber quebrantado esa limitación, ha incurrido en insalvable causal de nulidad.

(...) He ahí, a propósito, que el juez San Martín no ha ajustado su desempeño en este caso a sus antecedentes como magistrado y como profesor de la ciencia procesal penal, porque ha emitido una sentencia plagada de graves irregularidades en la forma, que deben conducir necesariamente a su nulidad, y de gruesos errores en la apreciación de los hechos y de las pruebas, que han llevado a una resolución de condena, cuando lo que procedía era una absolución, sustentada precisamente en la falta de medios probatorios eficaces y dignos de formar convicción.

La sentencia se apoya únicamente en indicios –y en indicios ciertamente débiles- estando a la clasificación hecha por el propio San Martín respecto a los indicios –débiles y fuertes- en una sólida sentencia anterior y diferente a la que sirvió para condenar a Fujimori. Precisamente, con relación a los indicios, sostiene San Martín que deben ser lo suficientemente fuertes como para eliminar la posibilidad de que los hechos hayan podido ocurrir de manera distinta a la señalada por la acusación. Y todos los que hemos contemplado el proceso –urbi et orbi- hemos tenido la oportunidad cercana de apreciar cómo no se ha presentado prueba alguna o, cuando menos, indicio poderoso alguno, en el sentido de que la línea de mando para la ejecución de las acciones de Barrios Altos y La Cantuta partió de la persona de Alberto Fujimori.

No son más que indicios débiles, simples decires y conjeturas. Ese ha sido el sustento de la sentencia de San Martín y sus socios en la Sala Penal Especial, totalmente frágil y deleznable. (Dr.Francisco Chirinos Soto, Abogado penalista)

LA HISTORIA QUE NUNCA SE PODRÁ CAMBIAR

haga click en este link

http://www.youtube.com/watch?v=kWySNberDaI