PERU EN MANOS DE SICARIOS DE INJUSTICIA

IDL Y TRIBUNAL CONSPIRAN PARA DESACREDITAR AL TC

Por Víctor Alberto Robles Sosa (*)

El juicio al ciudadano Julio Salazar Monroe pasará a los anales de la Judicatura peruana como uno de los abusos judiciales más indignos que se hayan cometido en agravio de un ciudadano.

A Julio Salazar lo humillaron hace pocos días llevándolo en pijamas y pantuflas a la Primera Sala Penal Especial, el tribunal inquisidor que lo juzga desde hace más de siete años por el caso La Cantuta, el mismo tribunal que, sin pruebas ni testigos, el año 2008 lo declaró culpable de un crimen que no cometió (Barrios Altos) condenándolo a 35 años de cárcel.

Semejante humillación fue fraguada entre la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), el diario toledista La República y la Sala Penal, con el propósito de desacreditar un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que se veía venir en contra de esa Sala por haber violado el Plazo Razonable en el juicio a Salazar.

La Sala y el IDL sabían que dicho fallo sería contrario a sus intereses porque existía el precedente del caso Chacón, en el que el TC resolvió que el colegiado Villa Bonilla había violado la ley al juzgar por excesivo tiempo al general Walter Chacón Málaga.

Adelantándose a la sentencia del TC sobre el caso Salazar Monroe, la Sala y el IDL se confabularon con La República para inventar un supuesto "destape" que revelaría que Salazar "se hace el enfermo" para boicotear el juicio. De esta manera esperaban dejar "sin piso" a la resolución del TC.

Pero las mentiras tiene vida corta y pronto la verdad salió a flote, para desgracia de las vocales Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Ñecco e Hilda Piedra.

Primero el TC sentenció que la Sala Villa Bonilla había violado el principio del Plazo Razonable en el juicio a Salazar Monroe. Según nuestra ley, una persona no puede estar enjuiciada más de 50 meses, pero Salazar lleva sometido a juicio con detención ¡más de 84 meses!

En segundo lugar, el fallo del TC señala con absoluta claridad que la demora del juicio es por responsabilidad exclusiva de la Sala, y es mentira que el inculpado haya demorado el juicio.

El acápite 49 de la Sentencia dice lo siguiente: "En cuanto a la actividad o conducta procesal del favorecido, el Tribunal observa que de las instrumentales que corren en el presente hábeas corpus, que éste durante el desarrollo del procedimiento, no ha tenido actuaciones dilatorias u obstruccionistas. Por lo tanto, puede concluirse que la conducta procesal del afectado durante el proceso penal mencionado no ha influido en la demora de resolución definitiva de éste, ni lo ha entorpecido".

En cuanto a la responsabilidad de la Sala, el documento indica que ésta no puede argumentar que se trata de un "caso complejo" para justificar la demora.

Así lo dice en el acápite 47 del fallo: "El Tribunal considera que debe descartarse la complejidad del proceso penal para justificar que hasta la fecha no se haya emitido una sentencia definitiva que decida la situación jurídica del favorecido, pues si bien se trata de un caso que presenta una pluralidad de procesados y agraviados, ello, per se, no determina que el asunto sea complejo".

A continuación, en el punto 48, añade: "El Tribunal estima que el proceso penal cuestionado no es complejo, debido a que el análisis jurídico de los hechos por los que se le viene procesando al favorecido es sencillo, por cuanto tales hechos fueron determinados en forma clara en el proceso iniciado en la jurisdicción ordinaria que se inició con la denuncia de la Fiscal de la Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima (7 de abril de 1995)".

En otras palabras, el TC confirma que la única razón de la ilegal y excesiva demora del juicio a Salazar Monroe es la incompetencia de las vocales.

En lo que respecta a la supuesta simulación de la enfermedad de Salazar, esto ha sido desmentido por el ministro de Defensa, por el médico tratante y por la historia clínica del enfermo, en la que consta que el paciente padece de dos hernias en la columna vertebral, artrosis lumbar e hipertensión.

El médico neurólogo Augusto Martínez Cueva ha explicado que como consecuencia de dichos males, Salazar padece de fuertes dolores en la columna así como de calambres en las piernas que le impiden caminar.

Además, la Sala conoce el cuadro clínico del procesado, pues Martínez se lo informó a los peritos médicos del tribunal que lo visitaron a fines de mayo para pedirle con insistencia que diera de alta al paciente lo más pronto posible.

El doctor Martínez Cueva les dijo que daría de alta a Salazar solo si permitían que éste sea sometido a una terapia física semanal. Los peritos se comprometieron a hacerlo, pero Salazar nunca fue llevarlo al hospital.

En cambio sí lo llevaron al juicio en un camión, sentado sobre una banca madera, durante dos meses seguidos, lo cual acabó por agravar sus males.

Al ser informado por la familia de Salazar de que éste había empeorado, y en vista de que no le permitían ver al paciente, el médico prescribió reposo total del enfermo, desde el 31 de julio al 31 de agosto, por razones humanitarias y preventivas de urgencia.

Salazar Monroe recién pudo asistir a su primera terapia de medicina física el 11 de agosto, ¡dos meses y medio después de la prescripción!, visiblemente deteriorado, en una silla de ruedas.

Los hechos narrados confirman la falta de imparcialidad, de sentido de justicia y de humanidad de la sala que juzga a Salazar Monroe. Por estos motivos el abogado del procesado ha iniciado acciones contra las vocales ante el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la Defensoría del Pueblo. Esperemos que se haga justicia.

Por lo pronto, la Corte Superior de Justicia debería anular en el acto la resolución írrita de la Sala Villa Bonilla que decide prescindir del alegato final de Salazar, por estar sustentada en una mentira, que es la supuesta simulación del mal estado de salud que atraviesa el procesado.

Finalmente, la familia de Salazar también debería denunciar como corresponde al IDL, por haber fraguado la mentira sobre Salazar, en agravio de la salud y la vida de éste, sin tener el menor respeto por los derechos humanos.

(*) Periodista y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)

E-Mail:

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HASTA CUANDO PERU

La Corte Iinteramericana de Derechos Humanos es injusta para la mayoría de los peruanos

Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebra en Lima un nuevo período de sesiones, numerosos ciudadanos peruanos sufren desde hace varios años graves violaciones de sus derechos fundamentales, ante la indiferencia absoluta de ese organismo.

La prensa independiente ha denunciado esta realidad injusta muchas veces, los casos han sido motivo de escándalo por sus características groseras, pero pese a todo ello la impunidad persiste. Parece que para la Corte IDH nada injusto sucede en el Perú.

Esto tiene una explicación. Así como su presidente actual, el ex ministro toledista Diego García Sayán proviene del partido Vanguardia Revolucionaria (VR, marxista leninista) y fue predicador de la lucha armada en su momento, algunos otros miembros de ese tribunal tienen un pasado parecido, cercano a movimientos políticos comunistas o violentistas.

Principios del Derecho son violados a diario en el Perú, como el principio de legalidad (nadie puede ser juzgado con leyes que no regían cuando ocurrieron los hechos imputados), la irretroactividad de las leyes penales, los plazos judiciales razonables, la presunción de inocencia, la motivación debida de las sentencias, la tutela procesal efectiva, etc., pero la Corte IDH parece estar ciega.

En el Perú hay ciudadanos que están presos sin sentencia nueve o diez años, por incompetencia o corrupción de los fiscales y jueces; se condena a personas aplicándoles leyes derogadas, los Habeas Corpus son resueltos en medio año cuando debería serlo en 48 horas.

En otras palabras, el debido proceso es ultrajado todos los días, la justicia opera igual o peor que en la era Montesinos cuando se trata de casos de implicancia política, solo hemos cambiado de manipuladores. Y sin embargo, se pretende decirle al mundo que en el Perú impera una justicia independiente e impoluta, lo cual es una gran mentira.

Cuentas pendientes

El doctor Diego García Sayán tiene cuentas pendientes con la sociedad peruana, y en algún momento tendrá que responder por actos políticos y legales que le han hecho daño al país. Debe responder por los siguientes hechos:

- Por haberse allanado, cuando fue ministro de Justicia, ante denuncias falsas o interesadas presentadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Perú por terroristas y oportunistas políticos.

- Por haber inducido al estado a indemnizar con 120 mil dólares a la ex suboficial Leonor La Rosa cuando el Poder Judicial aún estaba investigando su caso. Al final la justicia absolvió a los militares acusados de haber torturado a La Rosa y estableció que aquella había mentido.

- Por haber nombrado miembros de la Comisión de Indultos, Conmutación de Pena y Derecho de Gracia del Ministerio de Justicia a Ernesto de la Jara, Iván Bazán Chacón y Amado Enco Tirado, directivos del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fedepaz, defensoras de terroristas presos. Esta comisión fue presidida por Javier Ciurliza, ex activista del Partido Comunista Revolucionario (PCR, marxista-leninista-maoísta).

- Por haber sostenido el año 2001, siendo ministro de Justicia, pláticas secretas con Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Peter Cárdenas y otros jefes terroristas, por medio de su jefe de Gabinete de Asesores, Javier Ciurlizza.

- Por haber discutido con los jefes terroristas, en dichas conversaciones secretas, los alcances y la posible composición de la Comisión de la Verdad, En esos tratos Iparraguirre “sugirió” que el ex congresista Carlos Tapia fuese designado miembro de la CVR, lo que ocurrió tiempo después.

- Por haberse abstenido en la demanda que presentó la senderista Mónica Feria ante la Corte IDH por el caso del motín terrorista en el penal Castro Castro (1992). Se abstuvo pese a que la Corte IDH rechazó una impugnación que presentó la terrorista Feria.

- Por haber permitido que la Corte IDH humille al Perú con una sentencia que nos obliga a pagar reparaciones millonarias y a desagraviar por radio y televisión, y con presencia de las autoridades nacionales, a los terroristas que participaron al motín del penal Castro Castro, entre ellos Osmán Morote y Atilio Cahuana, recapturado hace dos años en el Huallaga.

- Por no haber apelado o demorado la aplicación del fallo de la Corte IDH que declaró contrarias a la Convención Interamericana de DDHH las leyes que permitieron vencer al terrorismo. Y por haber permitido que sus amigos de la ONG IDL, la Universidad Católica (Justicia Viva) y la ONG Aprodeh, organizaran “talleres de capacitación” en los que enseñaron a fiscales y jueces a ser blandos con los terroristas y duros con los policías y militares.

- Por haber designado procurador de derechos humanos del sector Justicia a Ronald Gamarra, funcionario de la ONG IDL y conocido ex activista de la organización extremista de izquierda Pueblo en Marcha, brazo político de la banda terrorista MRTA.

- Por haber aplicado una política de “humanización” de las cárceles de máxima seguridad para terroristas que a la postre supuso privilegios para Abimael Guzmán y permitió a Sendero convertir otra vez esos penales en centros de adoctrinamiento y reclutamiento subversivo.

- Por haber creado una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) con una presencia hegemónica marxista, con el propósito evidente de legitimar y justificar la violencia terrorista, y de desatar una persecución judicial contra los militares que combatieron a las bandas armadas Sendero Luminoso y MRTA..

- Por haber promovido, en solo 15 días, la excarcelación de 31 terroristas sentenciados, mediante la concesión de los beneficios del indulto, derecho de gracia y reducción o conmutación de la pena, en noviembre del año 2000. Varias de esas excarcelaciones se consumaron mediante resoluciones supremas secretas.

Las consecuencias

Como consecuencia de todos los hechos políticos mencionados, miles de terroristas convictos y confesos fueron excarcelados: El año 2000 había más de 3,500 terroristas presos, en el 2003 la cifra se redujo a 1,064, y actualmente hay menos de 300 (estadísticas del INPE). Según la Dircote, la mayoría de los senderistas excarcelados no ha renunciado al terrorismo y están volviendo a las andadas.

El doctor García Sayán critica hoy duramente a la “dictadura” de Fujimori, como si no recordáramos que trabajó para ese gobierno en la reforma del Poder Judicial (1995-1999), y que se quedó allí después de que Vladimiro Montesinos truncó aquel proceso y tomó el control de la Judicatura tras conspirar contra Marcos Ibazeta y José Dellepiane.

Su amigo el presidente Alan García le ofreció esta semana un desayuno en Palacio, sus amigos de las ONG rojas lo han llenado de elogios, al igual que la prensa toledista y caviar, pero ni aún así podrán tapar el sol con un dedo. La historia no miente.

La presencia de García Sayán como presidente de la Corte CIDH no es motivo de orgullo para la mayoría de los peruanos, ya que llegó a ese cargo por cabildeos políticos antes que por méritos. Sería excelente que postulara al Congreso o en una plancha presidencial, para que los ciudadanos podamos expresar lo que sentimos hacia él.

Poco o nada tenemos que agradecerle los peruanos a la Corte IDH, pues más son los perjuicios que nos ha traído que los beneficios que hemos recibido de ella. Enumerar los fallos perjudiciales sería interminable, mientras que para contar los positivos nos sobran los dedos de una mano. El balance es contrario al Perú, debemos decirlo, aunque sea “políticamente incorrecto” para algunos, en honor a la verdad.

Un anhelo

Los países de América anhelamos y queremos un sistema de Derechos Humanos que sea justo y eficaz, pero sobre todo comprometido con la defensa de la democracia frente al terrorismo y el totalitarismo, sin prestarse al juego político de estos.

¿Alguien cree acaso que esta Corte IDH anularía, por ejemplo, las sentencias prevaricadoras promovidas por la izquierda caviar contra Julio Salazar Monroe (Caso Colina) y Enrique Gonzales Vásquez (avión presidencial), por mencionar solo dos casos?

Anhelamos por ello que los organismos que conforman el sistema estén integrados en un futuro solo por personas independientes que actúen con criterio de justicia y verdad, ajenas a las ideologías contrarias a la democracia, y que ejerzan una genuina defensa de los derechos humanos sin prestarse a juegos ni intereses políticos.

Mientras esto no sea una realidad, Canadá y los Estados Unidos continuarán apartados por su voluntad del sistema interamericano de DDHH, y otros países como Colombia, Uruguay, México, etc., mantendrán vigentes las reservas con que reconocen la competencia contenciosa de la Corte IDH, para protegerse de los excesos de ésta.

Con razón y justicia, Washington no está dispuesto a correr el riesgo de que los jueces de esa corte le obliguen eventualmente a liberar, desagraviar e indemnizar a los terroristas que derribaron las torres gemelas de Nueva York. Aprensamos de EEUU.

Vñictor Robles Sosa, Periodista, analista político y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)

DONDE QUEDO EL DINERO QUE ALEJANDRO TOLEDO RECIBIO DE SOROS

TOLEDO DEBE DAR CUENTA PORQUE Y, A CAMBIO DE QUE LOS RECIBIO, MUCHOS PERUANOS NECESITAN CONOCER SOBRE ESTE HECHO, SIN RODEOS NI SUTERFUGIOS POR LA MORAL DEL PAIS, DE LA QUE TANTO DEFIENDE.

Dónde quedó el dinero que recibió Toledo de Soros?,(es la pregunta que se hace el ciudadano común y corriente?. 700 mil dólares fueron depositados en una cuenta a nombre de su sobrino "Coqui".

El inicio del proceso electoral 2010-2011 trae a la memoria hechos que para conveniencia de algunos al parecer han quedado en el olvido sin ser esclarecidos ni menos investigados. Hoy se nos viene a la mente el escándalo que se generó cuando se descubrió que el ex presidente Alejandro Toledo, de candidato, recibió de Georges Soros, oscuro personaje conocido por su empeño permanente en querer legalizar las drogas en el mundo, un millón de dólares para organizar la Marcha de los Cuatro Suyos.

Pero la historia no termina ahí, ya que luego se descubre que Toledo sólo utilizó parte de ese dinero. Resulta que presuntamente se quedó con 750 mil dólares que fueron depositados en una cuenta privada a nombre de su sobrino Jorge "Coqui" Toledo, en un banco de Carolina del Norte.

Denuncia de Bayly

En su momento el periodista Jaime Bayly denunció extraños depósitos de hasta 700,000 dólares (entre junio y septiembre del año 2000) poniendo en entredicho los manejos financieros de la campaña de Alejandro Toledo. Bayly no necesitó mostrar documentos, pues al llegar de una gira por Nueva York y Washington –de la que "Coqui" no regresó–Toledo confirmó los envíos a la cuenta personal de su sobrino en el First Union Bank de Charlotte (Carolina del Norte, EE UU), y como para darle la imagen de una buena acción, él y sus asesores lo bautizaron como la "Cuenta de contingencia contra la dictadura". Al respecto, el ex secretario general del APRA, Mauricio Mulder, manifestó que en su momento el ahora congresista Carlos Bruce señaló que ese dinero fue depositado en 25 cuentas, a nombre de 25 empresarios peruanos que hasta ahora nadie conoce, y fue a través de éstas que sacaron el dinero al extranjero abriendo una cuenta a nombre de "Coqui" Toledo en un banco en Arkansas. "Es decir, usaron US$ 300 mil de lo que les dio Soros y el resto lo depositaron en esa cuenta en Arkansas, y el propio Toledo lo reconoció en conferencia de prensa; pero afirmó que lo había hecho porque pensaba que lo iban a exiliar, era para poder vivir en su exilio, y de ahí nadie hizo nunca una investigación ni se dijo qué se hizo con esa plata", sostuvo. ¿Qué pide a cambio? Estimó que en una eventual candidatura de Toledo para ocupar nuevamente el sillón presidencial, esto será recordado por sus adversarios pues no olvidemos que el señor Soros es un especulador, que utiliza todas las herramientas que le da el poder para enriquecerse, y en ese caso "la pregunta es cuando él entrega ese dinero, qué exige a cambio". Subrayó que la entrega de recursos a cualquier candidato es algo que debe hacerse sobre la base de la transparencia, más aún cuando viene de personas que son cuestionadas internacionalmente, y lo mejor es evitarlo para que no haya cuestionamientos. Muchas dudas Pese a las explicaciones que diera Toledo en su momento quedan muchas dudas que siguen flotando en el ambiente. Si bien aclaró que el primer depósito no correspondía a una parte del dinero entregado por George Soros, ya que el aporte del financista húngaro llegó un mes después, poco se aclaró sobre el origen de los fondos viajeros ni sobre los depósitos de 200,000 dólares posteriores a la donación de Soros. Otra de sus explicaciones fue que durante la lucha contra el autoritarismo fujimorista era peligroso mantener ese dinero, –que según él era lo que sobraba de la campaña presidencial en segunda vuelta, de la que se retiró– en el Banco Wiese, que era banco de Vladimiro Montesinos; pero no queda claro por qué lo hizo a la cuenta personal de un familiar. También se dijo que el dinero se utilizó en gastos logísticos, mítines y movilizaciones como la Marcha de los Cuatro Suyos cuando se sabía que empresarios como Dante Matos proveían el avión que utilizaba el candidato para sus continuos viajes a provincias, y que fue Jorge Mufarech quien donó la tela para construir los tambos durante la marcha. Además tenía en su plancha presidencial a empresarios solventes como Raúl Diez Canseco, entonces candidato a la primera vicepresidencia. Moralmente destruido La ex congresista del fujimorismo Martha Chávez señaló, por su parte, que es en las urnas que la gente debe expresar un rechazo contundente a estos hechos, más aún en caso de que Toledo quiera tentar nuevamente el sillón presidencial. "Se pueden cometer errores políticos, se puede ser incluso ineficiente políticamente; pero no pueden pretender aparecer como un icono de la moralidad personas que están moralmente destruidas (…), las campañas tienen que ser abiertas y hay que pedirle a la gente que con valentía cuestione este tipo de juegos que indican corrupción y falta de moral", expresó. Es más, consideró que este tema debe ser abiertamente tratado por los demás candidatos porque no se trata de un tema personal. Lamentó que en este tema se haya optado por el silencio pese a que las explicaciones dadas por el ex presidente Toledo nunca han sido convincentes, tal como sucedió con el caso Crousillat y el traslado del Canal 4. "Nunca sus explicaciones han sido claras, es un hombre acostumbrado a fingir argumentos", dijo. Saludó que hoy exista una Ley de Partidos Políticos que impide ese tipo de asignaciones de dinero y que establece límites para los aportes que pudiera recibir una agrupación política.

Que no postule

Hace unas semanas un grupo de ex militantes de Perú Posible (PP), encabezados por el ex dirigente Fidel Supo, protestó frente a la casa del ex presidente Alejandro Toledo, exigiendo que no postule en las elecciones generales del 2011. Los manifestantes, algunos vestidos de roedores, consideraron un despropósito que Toledo postule nuevamente cuando es público como en su gobierno se sucedieron casos de beneficios a sus familiares, el no reconocimiento de su hija Zaraí Toledo y su intervención en los medios de prensa, como la presión politica en el caso del Canal 4 a grupos empresariales, que ahora le pagan ese favor dandole cabida a sus declaraciones que están llenas de dudas para la mayoría de ciudadanos de la calle.

Quien es Augusto Alvarez Rodrich?

El actual Ministro Rafael Rey, quien también fué Ministro en el Gobierno de Albrto Fujimori, es el ministro que por excelencia es atacado por el periodista Augusto Alavrez Rodrich, que cree que el poder que tiene en el periodismo mediático, puede socavar o mancillar la imagen y la decencia de personas honradas que trabajan por el PERU.

El Ministro solo responde en forma simple y sencilla sobre la"ALTA MORAL" que funge este mancebo en el periodimo¨:

"Augusto Álvarez Rodrich (AR), quien -según ha confesado hace poco- me considera 'majadero' porque le respondo sus ataques (es que está acostumbrado a que le tengan miedo), es el único periodista que ha recogido una calumnia de La Primera contra mí para repetirla en su columna. No voy a ocuparme de la calumnia. No vale la pena. Lo que resulta increíble es la osadía y la desvergüenza de Alvarez Rodrich.

Alvarez Rodrich descalifica a todo aquel que participó o apoyó al gobierno de Alberto Fujimori (AF), pero esconde que él trabajó a sueldo para ese gobierno, y además en un puesto de confianza: en junio de 1993 fue designado, por el propio Fujimori, miembro del Consejo Directivo de OSIPTEL, que entonces era un puesto de confianza. Fue ratificado en julio de 1996. Se le encargó la presidencia de OSIPTEL nada menos que 13 veces. Se mantuvo en el cargo hasta noviembre de 1998.

Simultáneamente, en junio de 1996 fue designado miembro de INDECOPI y vicepresidente de una de sus comisiones en enero de 1999. Recién renuncia en mayo del 2002.

Durante ese período se produjeron la Ley Cantuta (Feb. 94), la Ley de Re-Reelección (Ago. 96), la destitución de magistrados del TC (Mayo 97), la Ley Antireferéndum (Ago. 98), la Absolución del Espionaje Telefónico (Mayo 99), la corrupción en Popular y Porvenir (Oct. 96), el retiro de la nacionalidad de Baruch Ivcher (Jul. 97), el cierre de la señal abierta para la oposición (Enero 2000) y los sospechosos pases al retiro de oficiales (Feb. 2000).

Nunca he negado, porque no tengo el complejo de algunos, que como parlamentario -y por lo tanto sin trabajar para el gobierno- apoyé muchas de las cosas buenas que hizo AF, pero protesté y me opuse a todas las que acabo de mencionar. ¡Alvarez Rodrich, en cambio, nada dijo! ¡Nunca protestó! ¡Y siguió en el mismo cargo de confianza! No tiene pues autoridad moral para criticar a otros que, como él, laboraron para Fujimori y lo hicieron de buena fe.

Pero hay más. Alvarez Rodrich tiene la osadía de hablar de 'transparencia y de lobby'. Muy bien, tratemos eso. Mientras Alvarez Rodrich estaba en el Consejo Directivo de OSIPTEL, el Cepri Telefónico realizó un concurso 'por invitación' (o sea, directo) para elaborar el plan de privatización de las acciones.

¿A quién le adjudica la buena pro? Al Consorcio APOYO CONSULTORÍA-ARGENTARIA. ¿Quién firma el contrato como representante de este ganador? ¡Nada menos que el mismo Alvarez Rodrich, que además trabajaba en esa consultora! ¿Cuál era la retribución? Un mínimo fijo de US$940 mil, más honorarios de éxito acumulativos... No sé si las normas legales vigentes le impedían a Alvarez Rodrich, que integraba el directorio de Osiptel, actuar a la vez como el representante del consorcio ganador.

Pero... ¿Hubo allí la 'transparencia indispensable' que Alvarez Rodrich ahora reclama tanto? ¿O, en su propia expresión, sólo un 'Hakuna Matata' ('No hay problema')?".

EN EL PERU DIARIOS DOMINANTES, EL COMERCIO Y LA REPUBLICA HACEN ABUSO DE POSICION DOMINANTE

La dictadura mediática no debe imponerse a la democracia

Por Víctor Robles Sosa

El congresista Walter Menchola ha acertado al alertar a la ciudadanía acerca del peligro que representa para la democracia que un solo cartel empresarial, el grupo El Comercio – La República, concentre a un conjunto de medios de comunicación que maneja casi el 50 % de la información del país.

Menchola ha dicho bien que la Constitución de la República prohíbe el monopolio y el abuso de la posición de dominio, especialmente por parte de las empresas propietarias de medios de comunicación social.

Lo dice así en su Artículo 61: "

El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios"."La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y en general,las empresas, bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio, ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del estado ni de particulares".

Es evidente que el grupo mediático toledista no tiene el monopolio sobre los medios de comunicación social, pero sí practica el abuso de posición de dominio al concertar la orientación política de los medios que controla de modo tal que estos no tienen la posibilidad de ejercer cada cual la libertad de prensa.

Supuestamente los diarios de La República están a la izquierda de los de El Comercio, pero en realidad todos ellos actúan de manera concertada siguiendo una sola línea política que se resume en imponerles a las autoridades del país la voluntad de los dueños del cartel y los amigos de éste.

Esto es peligroso porque las autoridades elegidas por el voto popular deben responder a la voluntad ciudadana, no a la de unos cuantos dueños de medios de comunicación poderosos. Cuando esto ocurre la democracia se desvanece y da lugar a una dictadura de facto, en este caso una mediática.

En la última década hemos visto como buena parte de los principales cargos públicos han sido ocupados por personas "promovidas", o mejor dicho impuestas por presión de ese grupo mediático.

El más reciente episodio de abuso de poder de El Comercio – La República lo hemos visto en el caso Crousillat

, en el que con una campaña mediática empujó al gobierno pusilánime a matar la institución constitucional del indulto, solo porque éste era inconveniente a dicho grupo.

De la misma manera logró que el ex ministro Pastor fuese apartado del Ejecutivo solo porque opinó que el Congreso debía investigar al ex presidente Alejandro Toledo por presunto tráfico de influencias en la venta del Canal 4 al grupo mediático de marras.

Con presión abierta ese poderoso cartel mediático ha logrado además que abogados amigos de sus aliados el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Transparencia sean finalistas en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, tras haber lanzado una campaña sucia contra el único constitucionalista en la competición, Raúl Chanamé Orbe.

Hemos llegado a una situación tan grave que los más altos magistrados y otros altos cargos del estado ya no son elegidos libremente por el Congreso de la República o por el Consejo Nacional de la Magistratura, sino por un grupo mediático que impone su voluntad mediante una presión sistemática a los congresistas o consejeros de la magistratura

.

La arrogancia de este grupo no tiene límites. Hace unos días, como cabeza de la asociación privada Consejo de la Prensa Peruana (CPP) acaba de sentar al Perú en el "banquillo de los acusados" de violar la libertad de prensa en el continente americano.

Ante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dicho grupo acusó al gobierno peruano de estar comprometido en un supuesto complot para cercenar la libertad de prensa, solo porque el ministro Pastor pidió que se investigara la presunta venta ilegal del Canal 4.

No me interesa defender al gobierno, tampoco soy aprista. Como periodista independiente rechazo la patraña urdida por el CPP en la SIP porque se basa en mentira enorme y daña la imagen del Perú.

Kela León, funcionaria del CPP, expuso ante los dueños de diarios de América un "informe de la situación de la libertad de prensa en el Perú". ¿Con qué legitimidad, con que autoridad? Solo con la que le confieren el poder del dinero y el control de los medios.

Ella dijo lo siguiente: "Las preocupantes declaraciones de las altas autoridades del Poder Ejecutivo alertaron sobre la presunta, y hoy relativamente despejada, intención del gobierno del presidente Alan García de interferir en los asuntos privados de un medio de comunicación".

¿Investigar la evidente intromisión política de Toledo en la venta de Canal 4 es interferir en asuntos privados de un medio de comunicación? ¿Indagar si hubo extorsión a Eugenio Bertini, si hubo tráfico de influencias en Indecopi por parte de César Almeyda son asuntos privados? ¿Qué tiene de privado aclarar si Toledo presionó a favor de los actuales dueños del Canal 4?

Este es un problema de violación de la libertad de prensa, pero por parte de Toledo y de un grupo empresarial que se habría apropiado ilegalmente de un canal de televisión valiéndose del favor político, de la extorsión judicial y del tráfico ilícito de influencias. ¿Acaso esto no merece ser esclarecido?

La prensa es libre de fiscalizar, opinar, sugerir o denunciar. El problema surge cuando lo hace en función de sus propios intereses, no en defensa de los valores democráticos, ni de la salud moral del país.

Si la prensa es el Quinto Poder de facto, bien por ella, pero el sistema democrático de basa en el equilibrio de poderes, lo cual supone que ninguno de estos puede imponerse sobre los demás.

Cuando un poder les impone su voluntad a los otros y al resto de la sociedad, se quiebra el equilibrio e ingresamos a una dictadura. Es lo que está ocurriendo.

El punto es que todo poder mediático responde solo al poder económico que lo sostiene, mientras que los poderes públicos sí son legítimos porque surgen de la voluntad popular y del marco constitucional democrático.

Los ciudadanos no le hemos delegado facultades a la prensa para que ejerza poder político, por tanto no puede decidir quien debe ser ministro o magistrado del TC, de la Corte Suprema o del Ministerio Público, ni tampoco jefe o presidente de los organismos públicos.

Para eso hemos elegido al presidente de la república y a 120 congresistas, quienes, actuando en el marco de la Constitución, son los únicos facultados para elegir o designar a los más altos funcionarios de los poderes públicos: Electoral, Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

Informar y opinar está bien, pero presionar de manera concertada para imponerle condiciones al estado democrático es muy grave es corroer las bases mismas de la democracia.

Con coraje que merece ser reconocido, el congresista Menchola ha puesto el dedo en la llaga al afirmar que este es un problema "que como país hay que enfrentarlo porque si no estaríamos cambiando mocos por babas".

"No hemos enfrentado aquel grave problema (la red de Montesinos) para que después nos demos el lujo de entregar la comunicación del país a una sola familia", añadió.

El parlamentario admitió que abordar el abuso de la posición dominante del grupo El Comercio – La República genera temor en los congresistas y políticos, pero advirtió que "sería una cobardía no alertar del problema a la opinión pública". ¿Empiezan a romperse los diques de miedo?

Las declaraciones valientes de Menchola, que se suman a las del ex ministro Aurelio Pastor, nos dicen que el problema ya está planteado, la idea ya está en las mentes ciudadanas. Solo es cuestión de tiempo para que ocurra un desenlace a favor de la democracia.

INJUSTICIA EN EL PERU

domingo 13 de diciembre de 2009

JUSTICIA EN EL PERU VIOLA LOS DD. HH. FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Solo en "Democracia Correcta" suceden estos atropellos contra DD.HH.

El sistema anticorrupción creado por la izquierda caviar enquistada en los órganos de administración de justicia ha colapsado víctima de su propia podredumbre moral, atiborrado de corruptela y de resoluciones prevaricadoras fraguadas entre gallos y medianoche, y a la medida de la víctima. El caso del general Walter Chacón ha sido solo un leve toque sobre la herida oculta, que bastó para que brotara bruscamente el pus que durante nueve años se ha acumulado en el cuerpo de nuestra maltratada Judicatura. Las ilegalidades que han motivado la intervención del Tribunal Constitucional en el caso Chacón no han sido la excepción, son la regla diaria en el accionar de fiscales y jueces de la llamada "justicia anticorrupción", salvo honrosas y muy escasas excepciones. El tribuno Javier Valle Riestra, en un lúcido artículo, acaba de dejar al desnudo las violaciones que cometen impunemente esos magistrados en contra de los Derechos Humanos de los procesados y de los principios del Derecho que garantizan el debido proceso, como son el Juez Natural, Tribunal imparcial, independiente y competente; la Presunción de Inocencia, etc. Valle Riestra ha mostrado el alma totalitaria de aquellos y nos ha revelado cómo la cacería política ha colocado a la Judicatura al margen de las leyes internacionales, por haber violado la Convención Interamericana de DDHH, la Declaración Universal de DDHH, y otros tratados afines, así como la propia Constitución del Perú. El Tribunal Constitucional ha actuado bien en el caso Chacón porque la Constitución lo faculta a restaurar los derechos fundamentales violados por la autoridad, en perjuicio de cualquier ciudadano, sin importar quien sea. El doctor Javier Villa Stein y la doctora Gladys Echaiz han salido en defensa de los prevaricadores alegando que el TC no tiene fuero sobre los fallos judiciales, en una actitud vergonzosa y cómplice con la ilegalidad. Vergonzoso porque hasta un alumno del primer año de Derecho sabe que el TC sí tiene jurisdicción sobre cualquier autoridad que violenta los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, sea policía, fiscal o juez. Y cómplice porque el presidente del Poder Judicial y la Fiscal de la Nación están propiciando el desacato contra el TC, al encubrir y justificar la violación consumada. De esto tendrán que responder ante la justicia. Esta actitud es una constante desde el año 2000. En el Poder Judicial la asumieron Hugo Sivina y Francisco Távara; y en el Ministerio Público Nelly Calderón y Adelaida Bolívar, ya fallecida. Estos seis pasarán a la historia como los ejecutores de una persecución que no reparó en pisotear los fundamentos del Derecho y de la justicia. Ellos han convertido al Perú en el único país del mundo en el que se aplica el seudo principio de la "retroactividad maligna de las leyes", en contra del principio universal de la Retroactividad Benigna, que señala que las leyes que perjudican al reo no son retroactivas. También han impuesto el "principio de ilegalidad", que ultraja al Principio de Legalidad que impide que toda persona sea juzgada con leyes distintas a las que estaban vigentes cuando se produjeron los hechos materia de juicio. Mención especial merece el caso de la sala San Martín, "buque insignia" del aparato persecutor, que ha innovado el "control intruso" (contrario al Control Difuso) al arrogarse atribuciones por encima del Tribunal Constitucional, para declarar nulas dos Leyes Constitucionales de 1992, en un fallo prevaricador que viola juntas a las Constituciones de 1978 y de 1993. La lista de aberraciones jurídicas perpetradas por quienes han creado o han tolerado la tenebrosa justicia anticorrupción es muy larga. No abundaré más al respecto. Pero el caso Chacón es apenas la punta de un iceberg enorme de ilegalidades perpetradas por la Sala Villa Bonilla, la principal operadora de ese sistema totalitario llamado "justicia anticorrupción", digno de la Albania del siniestro Enver Hoxha o de la Rusia de Stalin. El año 2006 esa sala pasó por encima del fuero constitucional del primer vicepresidente de la república, Luis Giampietri, originando un escándalo. El también congresista denunció al tribunal, pero la OCMA y el entonces presidente del Poder Judicial Francisco Távara lo encubrieron. En una entrevista que le hice a Távara aquella vez, éste admitió que la sala Villa Bonilla había violado la Constitución en el caso Giampietri, pero lo justificó diciendo que había sido un "error". ¡El prevaricato es solo un error! Ese mismo tribunal inquisidor ha arrasado con el principio de la presunción de inocencia y con el de independencia y neutralidad del juez, pues ha adelantado opinión en contra de los procesados en innumerables veces. Al ex secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, José Dellepiane, le impuso una carcelería injusta que le produjo el cáncer que lo mató, en el juicio que le abrió por haberle pagado a los vocales supremos una bonificación por combustible que recibían desde años atrás. La sala carcelera resolvió que aquellos pagos eran ilegales, sin el menor sustento, pero solo persiguió y enjuició a Dellepiane. A los vocales que cobraron ese dinero "ilegal" no los tocó. Al general Julio Salazar Monroe, la Sala Villa Bonilla lo condenó a 35 años de cárcel por el caso La Cantuta, violando las reglas del juicio imparcial ya que no había pruebas ni testimonios que lo inculparan. En el juicio oral se probó que Salazar Monroe es inocente, pues ninguno de los 40 testigos lo inculpó, tampoco hubo ni una prueba documental en su contra, y tampoco los co procesados dijeron algo que pudiera incriminarlo. Pero igual, la sala Villa lo condenó yendo en contra del debido proceso. Hace poco, el ex agente de inteligencia del ejército Douglas Arteaga Pascual fue excarcelado por mandato de un tribunal superior después de que la sala siniestra lo había tenido seis años preso sin ser sentenciado. Lo mismo ocurrió con otros acusados en los juicios por el grupo Colina. Otro caso de abuso es el del suboficial del ejército Pedro Santillán, quien ha sido encarcelado por mandato de la misma sala, que lo acusa de cómplice en el asesinato de un grupo de presuntos terroristas ocurrido en Huacho. Santillán es un agente en inteligencia electrónica que nada tiene que ver con lo que hacía Colina, y sin embargo lo han involucrado. Han sido incluidos en los juicios a Colina todos los agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), para "probar" que aquel era un grupo "oficial" del ejército. El caso de Santillán es dramático porque en los últimos seis años ha vivido bajo arresto domiciliario, y al no poder trabajar su familia se hundió en la pobreza, obligándolo a dejar a una de sus hijas en un albergue para menores en situación de abandono. Sus otras hijas están ahora con su anciano padre. Pero este tribunal de marras goza además de impunidad, pues han sido presentados en su contra constantes Habeas Corpus y pedidos de recusación justos que han sido denegados siempre, lo cual indica que está blindada por un sector poderoso de la Corte Suprema. Cuenta además con el apoyo de la maquinaria mediática caviar, que defiende a capa y espada a la sala Villa Bonilla cada vez que las miserias de ésta son expuestas a la luz pública. El apoyo es obvio porque la creadora de ese siniestro aparato totalitario ha sido la izquierda caviar, que tiene el apoyo de un grupo de jueces y fiscales "apristas caviarones", como Echaiz y Távara. Lo peor de todo es que esta perversión de la justicia, que tanto daño le hace a la democracia, ha sido concebida y consumada en el nombre de la "moralidad", que es solo una coartada que encubre una feroz persecución ideada por mentes torcidas de seres sin alma, ni conciencia, ni valores.

Artículo enviado por Víctor Robles Sosa Periodista y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (IPADES)

CASO DE CORRUPCION TOLEDISTA

Grave denuncia revelaría uso del poder para fines particulares.

Destacados juristas han considerado “grave” la denuncia de supuestas presiones por parte del ex presidente Alejandro Toledo y varios de sus funcionarios para el traslado de América TV al grupo Mohme y El Comercio, ya que podría revelarse una concertación con fines particulares, utilizando el poder político.

El constitucionalista Aníbal Quiroga consideró que esta denuncia amerita “sin duda” una investigación ya que revelaría la intención de copar a la prensa en medio de un régimen supuestamente democrático. “Yo creo que en este caso es importante la investigación porque revela la intención de copar a la prensa en un régimen democrático, eso es inconcebible y amerita ser investigado”, señaló. Para el jurista “la investigación se justifica”, más aún cuando hay elementos que denotan irregularidades, como la supuesta intervención en este caso de César Almeyda, ex asesor del ex presidente Alejandro Toledo, quien ha sido procesado y hallado responsable por vinculaciones con el ex cajero de Vladimiro Montesinos, general Óscar Villanueva. Quiroga indicó que esta indagación de los hechos debe hacerse a través del Ministerio Público, que de encontrar elementos suficientes para una denuncia constitucional pasaría el caso al Congreso de la República. Asimismo, descartó que el pedido del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, para que el Congreso y la Fiscalía inicien una inmediata investigación en torno a la denuncia, sea una amenaza a la libertad de prensa, tal como lo han señalado algunos medios de comunicación, más aún porque es inusual que un canal de televisión sea manejado por sus acreedores y no por su cuadro directivo. “A mí no me parece un ataque a la libertad de expresión, hay una preocupación legítima que no pasa por la voluntad del ministro (Pastor) porque, efectivamente, en el Canal 4 se discute la titularidad de quienes la manejan (sus acreedores), y es un asunto que tiene que verse conforme a las reglas jurídicas que existen”, dijo. Asociación ilícita El jurista y ex ministro de Justicia, Alfredo Quispe Correa, señaló que esta denuncia es “bastante grave” porque se estaría cometiendo el delito de asociación ilícita para delinquir, pues hay una concertación entre el ex jefe de Estado y funcionarios públicos de ese régimen para fines particulares y no del Estado en base a mecanismos que da el poder. “Si se han asociado para acciones irregulares es un delito, si no se investigó, si no se proceso, eso no ha prescrito, puede investigarse”, sentenció. Sostuvo que con esto se estaría revelando una contradicción en el discurso del ex presidente Toledo, quien se ha mostrado como un paladín de la democracia. Quispe Correa también aseveró que investigar y procesar a un gobierno y a funcionarios públicos no pone en riesgo la libertad de prensa, por más vinculación que haya con ésta, pues se trata de esclarecer una situación “un poco oscura” en la que habría ilícitos penales. “Entonces, ahora también debería haber una investigación hecha con todas las garantías de la ley para determinar si realmente hubo está asociación ilícita para delinquir”, señaló. Mencionó que de ser así el caso pasaría al Congreso, donde finalmente lo denunciarían constitucionalmente ante el Ministerio Público, teniendo en cuenta que aún no han trascurrido los cinco años que establece la ley sobre su derecho a la inmunidad.

• Cronología de una intervención
• 2 de noviembre de 2001: Las hermanas Crousillat advierten que Alejandro Toledo promete América Televisión a Yosef Maiman y al diario La República.
• 3 de diciembre de 2001: La compañía de Radiodifusión, CRP (América TV, canal 4) fue declarada en estado de insolvencia a pedido del banco Wiese Sudameris.
• 14 de febrero de 2002: César Augusto Almeyda Tasayco es nombrado presidente de Indecopi.
• 19 de marzo de 2002: El procurador especial para el caso Montesinos, José Vargas Valdivia, declara que la defensa del Estado está facultada para pedir un embargo preventivo contra América TV y que el hecho de que el canal haya ingresado a un proceso de reestructuración en Indecopi no lo excluye de cualquier medida cautelar.
• Primeros días de abril de 2002: El presidente Alejandro Toledo llama a Palacio de Gobierno al periodista César Campos para ofrecerle ser el interventor que nombrará oficialmente la Junta de Acreedores, próximamente Campos rechaza la oferta. Días antes también le fue ofrecida al periodista Alberto Ku King.
• 27 de abril 2002: La junta de acreedores de América TV decidió dar a por concluida la administración de las hermanas Crousillat y puso, en su reemplazo, un comité de gestión empresarial que a su vez entregó el manejo a la compañía consultora A, presidida por el empresario Jaime Crosby.
• 13 de julio de 2002: El propietario del diario La República compra el 80% de las acreencias del banco Wiese Sudameris en América Televisión.
• 19 de febrero de 2003: el consorcio Plural TV, conformado por la editora El Comercio y grupo La República, así como la colombiana Caracol TV , asume la administración de América Televisión.
• 23 de abril de 2003: César Almeyda se reunió, según el periodista Gustavo Gorriti, con Gustavo Mohme Seminario para plantearle la adquisición de acciones de Canal 4, cuando todavía era funcionario de Indecopi.
• 11 de mayo de 2003: Dos días después de que el directorio Plural Televisión asume la conducción del proceso de reestructuración de América TV, un repentino nombramiento de vocales “obligó” al tribunal a suspender el proceso. La orden fue dada por Indecopi, institución en la que su ex presidente y ex jefe del CNI, César Almeyda, mantiene un inusitado poder.
• 4 de junio de 2003: Acreedores de América TV aprueban plan de reestructuración. José Antonio Miro Quesada preside el nuevo directorio. El dato Hay que recordar que César Almeyda era jefe de Indecopi, justamente, cuando en esa entidad se estaba viendo el proceso de insolvencia en América TV, y aunque no hubo una investigación de por medio no son un secreto los rumores que había sobre su intervención en este

No tiene autoridad moral para denunciar nada. El legislador Mauricio Mulder señaló que existen pruebas más que suficientes que señalan que el ex presidente Alejandro Toledo presionó para tomar posesión de los canales 4 y 5 a inicios de su gobierno. “Cuando se formó la comisión investigadora en el Congreso, en esa oportunidad se determinó que Alejandro Toledo había pretendido apoderarse de los canales 4 y 5. La comisión investigadora estableció eso y la denuncia pasó al Ministerio Público. No sabemos qué camino siguió en el MP. Probablemente quedó en la investigación que se le inició a César Almeyda, ahí se acumuló. Pero que hubo intervención del presidente Toledo para apoderarse de Canal 4 y 5, eso está totalmente probado”, subrayó. En ese contexto, el también presidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento Nacional recordó que “hubo llamadas de Alejandro Toledo a Pedro Arbulú, administrador de Panamericana Televisión, efectuadas desde Palacio de Gobierno citándolo a ese lugar para hablar, a tal punto que le pidió que le vendiera el canal”. Investigó tema “No sólo César Campos habló de las influencias que ejerció Toledo por el tema de la posesión de los canales, sino el propio señor César Almeyda quien era el operador. Si no basta con recordar a este Almeyda cuando habla con el general Óscar Villanueva, quien luego se suicidó en extrañas circunstancias, diciéndole que el presidente Toledo le había encargado manejar el tema del Canal 4 desde Indecopi y también lo hizo a nivel de la Dirección de Inteligencia, donde también Almeyda fue presidente. Entonces con qué autoridad moral el señor Toledo ahora quiere aparecer como si nada sabía, es falso. El señor Toledo quiso apoderarse de los dos canales. Y a ello súmenle la falsificación de firmas, vinculaciones de sus hermanos de compras especiales, que uno se reunió con un narcotraficante”, reseñó. Mulder aseveró que él fue uno de los parlamentarios que investigó este tema de Canal 4 “y Javier Velásquez Quesquén también lo hizo”. La versión de Perú Posible El toledista Carlos Bruce, por su parte, aseveró que las investigaciones en torno a este caso son “bienvenidas”, pero “cuando se hacen para tejer cortinas de humo sobre temas más serios, ahí si nos oponemos”. “Gobierno tomará distancia” Luego de pedir a las instancias correspondientes una inmediata investigación sobre las supuestas presiones que se dieron en el gobierno de Toledo para declarar la insolvencia de canal 4, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, resaltó su pleno respeto a la libertad de prensa y expresión, y decidió retirar la propuesta que formuló en la víspera. “Para evitar que algunos consideren que se pueda estar involucrando, afectando, la libertad de expresión o interfiriendo en actividades propias de privados, retiro la propuesta y doy por superado el impasse”, declaró. En ese sentido, dijo que el gobierno toma absoluta distancia de la denuncia penal que existe en torno a dicha transferencia.

Ciertamente, el reciente despido de Beto Ortiz tiene que ver con esta situación difícil del empresario colchonero. A pesar de la clara tendencia naranja que ha venido mostrando el canal de la avenida San Felipe en Jesús María, con sus principales contrataciones, lo que es verdad es que lo que menos debe querer Baruch es banderizarse en el pleito de América Televisión. La opinión del juez en este caso ha sido muy instructiva y más o menos se resume en que no importa de dónde sacaron los Winter la plata para ampliar el capital, porque ya en lo penal se les sancionó por recibir dinero sucio, lo que cuenta es que ya se produjo una ampliación y a partir de ahí la mayor parte de las acciones son suyas. Obviamente, la respuesta de Ivcher va por el lado de cuestionar que el fallo desligue el delito ya sancionado, de la inversión realizada con el producto de la corrupción. En última instancia lo que se está discutiendo son los derechos de los antiguos dueños que regresan sin que haya un impedimento legal principista que los detenga, ya que nadie estableció limitaciones a su eventual regreso. Una parte del país puede sentir este reestreno de la hiper-corrupción de los 90 como un escándalo inaceptable, pero lo que no está muy claro es cuán amplio es todavía este sentimiento con el tiempo transcurrido y la propia corrupción en la que han caído muchos de los supuestos moralizadores. Es muy posible que el amague de regreso general de los amigos de Montesinos a los principales canales que se ve en estos días, represente más bien un símbolo de los tiempos ahora que entramos en un tramo electoral intenso y el Fujimorismo se muestra con pretensiones de volver a gobernarnos tanto en Lima y en todo el país. Al soltar a Crousillat, el presidente García ha abierto deliberadamente la caja de Pandora y dejado salir los demonios televisivos. En su mejor estilo ha creado una revolvedera en la que sólo él puede aparecer poniendo orden con el argumento de que puede dar o quitar indultos, y que puede desestabilizar a los empresarios que se sentían más poderosos en el control de la información televisiva. Los observadores más avispados interpretan que la contraofensiva de la vieja mafia en el terreno de los grandes medios de comunicación prefigura una intensa negociación entre diversos actores con vistas al ingreso del proceso electoral y con el presidente en el centro de los acontecimientos.

Señalan que grave denuncia revelaría uso del poder para fines particulares.

Destacados juristas han considerado “grave” la denuncia de supuestas presiones por parte del ex presidente Alejandro Toledo y varios de sus funcionarios para el traslado de América TV al grupo Mohme y El Comercio, ya que podría revelarse una concertación con fines particulares, utilizando el poder político. El constitucionalista Aníbal Quiroga consideró que esta denuncia amerita “sin duda” una investigación ya que revelaría la intención de copar a la prensa en medio de un régimen supuestamente democrático. “Yo creo que en este caso es importante la investigación porque revela la intención de copar a la prensa en un régimen democrático, eso es inconcebible y amerita ser investigado”, señaló.

Para el jurista “la investigación se justifica”, más aún cuando hay elementos que denotan irregularidades, como la supuesta intervención en este caso de César Almeyda, ex asesor del ex presidente Alejandro Toledo, quien ha sido procesado y hallado responsable por vinculaciones con el ex cajero de Vladimiro Montesinos, general Óscar Villanueva.

Quiroga indicó que esta indagación de los hechos debe hacerse a través del Ministerio Público, que de encontrar elementos suficientes para una denuncia constitucional pasaría el caso al Congreso de la República.Asimismo, descartó que el pedido del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, para que el Congreso y la Fiscalía inicien una inmediata investigación en torno a la denuncia, sea una amenaza a la libertad de prensa, tal como lo han señalado algunos medios de comunicación, más aún porque es inusual que un canal de televisión sea manejado por sus acreedores y no por su cuadro directivo.

“A mí no me parece un ataque a la libertad de expresión, hay una preocupación legítima que no pasa por la voluntad del ministro (Pastor) porque, efectivamente, en el Canal 4 se discute la titularidad de quienes la manejan (sus acreedores), y es un asunto que tiene que verse conforme a las reglas jurídicas que existen”, dijo. Asociación ilícita El jurista y ex ministro de Justicia, Alfredo Quispe Correa, señaló que esta denuncia es “bastante grave” porque se estaría cometiendo el delito de asociación ilícita para delinquir, pues hay una concertación entre el ex jefe de Estado y funcionarios públicos de ese régimen para fines particulares y no del Estado en base a mecanismos que da el poder.

“Si se han asociado para acciones irregulares es un delito, si no se investigó, si no se proceso, eso no ha prescrito, puede investigarse”, sentenció.

Sostuvo que con esto se estaría revelando una contradicción en el discurso del ex presidente Toledo, quien se ha mostrado como un paladín de la democracia.

Quispe Correa también aseveró que investigar y procesar a un gobierno y a funcionarios públicos no pone en riesgo la libertad de prensa, por más vinculación que haya con ésta, pues se trata de esclarecer una situación “un poco oscura” en la que habría ilícitos penales.“Entonces, ahora también debería haber una investigación hecha con todas las garantías de la ley para determinar si realmente hubo está asociación ilícita para delinquir”, señaló.

Mencionó que de ser así el caso pasaría al Congreso, donde finalmente lo denunciarían constitucionalmente ante el Ministerio Público, teniendo en cuenta que aún no han trascurrido los cinco años que establece la ley sobre su derecho a la inmunidad. Cronología de una intervención 1) 2 de noviembre de 2001: Las hermanas Crousillat advierten que Alejandro Toledo promete América Televisión a Yosef Maiman y al diario La República. 2) 3 de diciembre de 2001: La compañía de Radiodifusión, CRP (América TV, canal 4) fue declarada en estado de insolvencia a pedido del banco Wiese Sudameris.

3) de febrero de 2002: César Augusto Almeyda Tasayco es nombrado presidente de Indecopi. 19 de marzo de 2002: El procurador especial para el caso Montesinos, José Vargas Valdivia, declara que la defensa del Estado está facultada para pedir un embargo preventivo contra América TV y que el hecho de que el canal haya ingresado a un proceso de reestructuración en Indecopi no lo excluye de cualquier medida cautelar. Primeros días de abril de 2002: El presidente Alejandro Toledo llama a Palacio de Gobierno al periodista César Campos para ofrecerle ser el interventor que nombrará oficialmente la Junta de Acreedores, próximamente Campos rechaza la oferta. Días antes también le fue ofrecida al periodista Alberto Ku King. 27 de abril 2002: La junta de acreedores de América TV decidió dar a por concluida la administración de las hermanas Crousillat y puso, en su reemplazo, un comité de gestión empresarial que a su vez entregó el manejo a la compañía consultora A, presidida por el empresario Jaime Crosby. 13 de julio de 2002: El propietario del diario La República compra el 80% de las acreencias del banco Wiese Sudameris en América Televisión. 19 de febrero de 2003: el consorcio Plural TV, conformado por la editora El Comercio y grupo La República, así como la colombiana Caracol TV , asume la administración de América Televisión. 23 de abril de 2003: César Almeyda se reunió, según el periodista Gustavo Gorriti, con Gustavo Mohme Seminario para plantearle la adquisición de acciones de Canal 4, cuando todavía era funcionario de Indecopi. 11 de mayo de 2003: Dos días después de que el directorio Plural Televisión asume la conducción del proceso de reestructuración de América TV, un repentino nombramiento de vocales “obligó” al tribunal a suspender el proceso. La orden fue dada por Indecopi, institución en la que su ex presidente y ex jefe del CNI, César Almeyda, mantiene un inusitado poder. 4 de junio de 2003: Acreedores de América TV aprueban plan de reestructuración. José Antonio Miro Quesada preside el nuevo directorio. El dato Hay que recordar que César Almeyda era jefe de Indecopi, justamente, cuando en esa entidad se estaba viendo el proceso de insolvencia en América TV, y aunque no hubo una investigación de por medio no son un secreto los rumores que había sobre su intervención en este

No tiene autoridad moral para denunciar nada. El legislador Mauricio Mulder señaló que existen pruebas más que suficientes que señalan que el ex presidente Alejandro Toledo presionó para tomar posesión de los canales 4 y 5 a inicios de su gobierno. “Cuando se formó la comisión investigadora en el Congreso, en esa oportunidad se determinó que Alejandro Toledo había pretendido apoderarse de los canales 4 y 5. La comisión investigadora estableció eso y la denuncia pasó al Ministerio Público. No sabemos qué camino siguió en el MP. Probablemente quedó en la investigación que se le inició a César Almeyda, ahí se acumuló. Pero que hubo intervención del presidente Toledo para apoderarse de Canal 4 y 5, eso está totalmente probado”, subrayó. En ese contexto, el también presidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento Nacional recordó que “hubo llamadas de Alejandro Toledo a Pedro Arbulú, administrador de Panamericana Televisión, efectuadas desde Palacio de Gobierno citándolo a ese lugar para hablar, a tal punto que le pidió que le vendiera el canal”. Investigó tema “No sólo César Campos habló de las influencias que ejerció Toledo por el tema de la posesión de los canales, sino el propio señor César Almeyda quien era el operador. Si no basta con recordar a este Almeyda cuando habla con el general Óscar Villanueva, quien luego se suicidó en extrañas circunstancias, diciéndole que el presidente Toledo le había encargado manejar el tema del Canal 4 desde Indecopi y también lo hizo a nivel de la Dirección de Inteligencia, donde también Almeyda fue presidente. Entonces con qué autoridad moral el señor Toledo ahora quiere aparecer como si nada sabía, es falso. El señor Toledo quiso apoderarse de los dos canales. Y a ello súmenle la falsificación de firmas, vinculaciones de sus hermanos de compras especiales, que uno se reunió con un narcotraficante”, reseñó. Mulder aseveró que él fue uno de los parlamentarios que investigó este tema de Canal 4 “y Javier Velásquez Quesquén también lo hizo”. La versión de Perú Posible El toledista Carlos Bruce, por su parte, aseveró que las investigaciones en torno a este caso son “bienvenidas”, pero “cuando se hacen para tejer cortinas de humo sobre temas más serios, ahí si nos oponemos”. “Gobierno tomará distancia” Luego de pedir a las instancias correspondientes una inmediata investigación sobre las supuestas presiones que se dieron en el gobierno de Toledo para declarar la insolvencia de canal 4, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, resaltó su pleno respeto a la libertad de prensa y expresión, y decidió retirar la propuesta que formuló en la víspera. “Para evitar que algunos consideren que se pueda estar involucrando, afectando, la libertad de expresión o interfiriendo en actividades propias de privados, retiro la propuesta y doy por superado el impasse”, declaró. En ese sentido, dijo que el gobierno toma absoluta distancia de la denuncia penal que existe en torno a dicha transferencia.

Ciertamente, el reciente despido de Beto Ortiz tiene que ver con esta situación difícil del empresario colchonero. A pesar de la clara tendencia naranja que ha venido mostrando el canal de la avenida San Felipe en Jesús María, con sus principales contrataciones, lo que es verdad es que lo que menos debe querer Baruch es banderizarse en el pleito de América Televisión. La opinión del juez en este caso ha sido muy instructiva y más o menos se resume en que no importa de dónde sacaron los Winter la plata para ampliar el capital, porque ya en lo penal se les sancionó por recibir dinero sucio, lo que cuenta es que ya se produjo una ampliación y a partir de ahí la mayor parte de las acciones son suyas. Obviamente, la respuesta de Ivcher va por el lado de cuestionar que el fallo desligue el delito ya sancionado, de la inversión realizada con el producto de la corrupción. En última instancia lo que se está discutiendo son los derechos de los antiguos dueños que regresan sin que haya un impedimento legal principista que los detenga, ya que nadie estableció limitaciones a su eventual regreso. Una parte del país puede sentir este reestreno de la hiper-corrupción de los 90 como un escándalo inaceptable, pero lo que no está muy claro es cuán amplio es todavía este sentimiento con el tiempo transcurrido y la propia corrupción en la que han caído muchos de los supuestos moralizadores. Es muy posible que el amague de regreso general de los amigos de Montesinos a los principales canales que se ve en estos días, represente más bien un símbolo de los tiempos ahora que entramos en un tramo electoral intenso y el Fujimorismo se muestra con pretensiones de volver a gobernarnos tanto en Lima y en todo el país. Al soltar a Crousillat, el presidente García ha abierto deliberadamente la caja de Pandora y dejado salir los demonios televisivos. En su mejor estilo ha creado una revolvedera en la que sólo él puede aparecer poniendo orden con el argumento de que puede dar o quitar indultos, y que puede desestabilizar a los empresarios que se sentían más poderosos en el control de la información televisiva.

Los observadores más avispados interpretan que la contraofensiva de la vieja mafia en el terreno de los grandes medios de comunicación prefigura una intensa negociación entre diversos actoreson vistas al ingreso del proceso electoral y con el presidente en el centro de los acontecimientos.

EL PAPA BENEDICTO XVI EN CONTRA DE LA PRENSA MEDITICA

El Papa Benedicto XVI acusó el día 8 de Diciembre a diarios, televisión y radios del mundo de intoxicar las conciencias de la gente, la denuncia la hizo al celebrar el día de la Inmaculada Concepción frente al monumento de la plaza España. El centro de la homilía fue la crítica severa de los medios de comunicación de masa, que "cuentan el mal repetido, amplificado, acostumbrándonos a las cosas más horribles, convirtiéndonos en insensibles y, de alguna manera, intoxicando nuestros corazones" porque "lo negativo no es plenamente digerido y día por día se acumula". "El corazón se endurece y los pensamientos se hacen más oscuros -continuó el Papa.

Los medios tienden a hacernos sentir siempre espectadores, como si el mal se refiriera sólo a otros y ciertas cosas a nosotros no podrían nunca ocurrirnos", agregó.

El Papa concluyó que "asistir y escuchar estos feos acontecimientos que se verifican en el mundo hace que el corazón se endurezca". Con la conmemoración de ayer de la Inmaculada Concepción, el Papa inició la "maratón" navideña, de encuentros, misas y celebraciones que culminará con la misa de medianoche en la Basílica de San Pedro, que ha sido adelantada en dos horas, a las 22, para evitar que el viejo pontífice de 82 años se canse demasiado en estas jornadas de un ritmo de trabajo intenso. Benedicto XVI dijo que, a diferencia de los medios de masas, "María lleva a todos una bella noticia y repite a los hombres de su tiempo: No tengan miedo, Jesús venció al mal, lo venció en la raiz, liberándonos de su dominio". Así el Papa recordó que la Inmaculada es la "pureza en persona". El dogma de la Inmaculada Concepción es un pilar de los artículos de fe del catolicismo. Sostiene que, María, madre de Jesús, a diferencia de los otros seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original. Fue concebida por su madre Ana libre de todo pecado. La doctrina fue establecida definitivamente como dogma de fe, y por lo tanto infalible, el 8 de diciembre de 1854, por una bula del Papa Pío IX, estableciendo el 8 de diciembre como fecha de la celebraciónEl Papa llegó a la plaza España a bordo del "papamóvil", transparente y blindado, para cumplir con un rito que los pontífices cumplen desde hace muchos años frente a la alta columna en cuya cúspide hay un monumento a María.