INTERNET LIBERTAD DE EXPRESION AL DIA

Internet tiene un impacto profundo a nivel mundial.

Internet se ha convertido en la actualidad en una gran conversación en la cual participan más o menos mil 400 millones de personas en todo el mundo. La red ya no es un monólogo en el que las personas o empresas hablan y los internautas escuchan, ahora es un espacio en el que los internautas hablan, opinan, y escriben de los temas que quieren y que a muchos de nosotros nos interesan. No es necesario que una persona o empresa hable de sí misma para estar en Internet; amigos o familiares, clientes o trabajadores, y toda la comunidad mundial expresan opiniones constantemente sobre aquello que les rodea, les interesa, sucede o preocupa. Por eso, es importante que tanto personas, como empresas o instituciones, sea cual fuera, conozcan de lo que se habla, escriben u opinan sobre ellos y participen de la conversación, porque, además, en Internet, prácticamente toda la información que hay es medible y rastreable, como se puede observar si analizamos la cobertura de un hecho o noticia que llama la atención o sucede en cualquier País del mundo.En menos palabras, Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para estar informado sobre la evolución minuto a minuto. Gracias a la web millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea. Las noticias y alertas se suceden a un ritmo vertiginoso. Además, la web ha permitido una descentralización repentina y extrema de la información y de los datos. Algunas compañías asi como personas han adoptado el uso de los weblogs, que se utilizan en gran parte como diarios actualizables. Algunas organizaciones comerciales animan a su personal para incorporar sus áreas de especialización en sus sitios, con la esperanza de que impresionen a los visitantes con conocimiento experto e información libre. Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países ricos, en este aspecto se ha abierto una brecha digital con los países pobres, en los cuales la penetración de Internet y las nuevas tecnologías es muy limitada para las personas. Además, Internet nos permite dar nuestro punto de vista ante los hechos para tranquilizar a familiares y amigos a través de redes sociales como Facebook, Hi5 o Twitter, y el famoso más visitado You tube, lo que convierte a los internautas en fuentes de información impacientes de conocer nuevos datos para compartirlos con su entorno. Hoy por hoy, el comportamiento del poder informativo de la prensa escrita y audiovisula, está en la atenta mirada y ojos del mundo de como se informa, tergiversa o se mienten y se comentan los hechos publicados.Eso es lo más importante para un desarrollo de una objetiva y veraz información.

CsRsWb.(Mundo Digital)

ANALISIS DE UNA SENTENCIA ANTIJURIDICA

“LA PRUEBA POR INDICIOS EN EL PROCESO PENAL” Mucho seha venido hablando a lo largo del proceso penal seguido contra el ex presidente Alberto Fujimori de los indicios como elemento de prueba dentro de una causa de esta naturaleza. Como la idea que se tiene mayoritariamente sobre esa materia, inclusive en niveles que fungen de entendidos, no es necesariamente la correcta y apropiada, parece resultar conveniente una explicación de su contenido y sus alcances, como un aporte al debate nacional que se ha iniciado a partir de la expedición de la sentencia. “Los indicios –señala Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual- se basan sobre hechos y circunstancias que se supone probados y tratan, mediante el razonamiento y la inferencia, de establecer la relación con el hecho investigado, la incógnita del problema”. Los indicios, por tanto, no acreditan el hecho mismo materia de la investigación o de la acusación, sino otros hechos próximos o cercanos que, después de un proceso racional y ajustado al buen pensar y a la lógica, conduzca a conclusiones que puedan llevar a establecer la realidad de los hechos. “Los requisitos que han de cumplirse –anota una sentencia de la Corte Suprema del Perú- están en función tanto al indicio en sí mismo como a la deducción o inferencia, respecto de los cuales ha de tenerse el cuidado debido, en tanto que lo característico de esta prueba es que su objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito, tal y como está regulado en la ley penal, sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar, que respecto del indicio, éste ha de estar plenamente probado, por los diversos medios de prueba que autoriza la ley, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno”. Esa misma sentencia continúa que los indicios deben ser plurales, aunque puede excepcionalmente aceptarse que sean únicos, pero a condición de que posean “singular fuerza acreditativa” y que, además, deben estar relacionados entre sí y no se excluyan unos con otros. Entonces, pues, es posible apoyar una sentencia condenatoria en prueba indiciaria, siempre y cuando se cumplan las condiciones que la doctrina exige y que la sentencia de la Corte Suprema del Perú que estoy glosando pone de máximo relieve. La prueba indiciaria, dentro del proceso penal, viene a suplir a la prueba directa, cuando ésta no ha sido obtenida o aportada. Prueba directa es, obviamente, aquella que sirve para acreditar el hecho mismo materia de la incriminación, a través de prueba testifical múltiple y contundente, entendida ésta como la de testigos idóneos, presenciales e insospechables, así como prueba instrumental categórica. En el caso Fujimori esta clase de prueba ha estado del todo ausente y, entonces, la parte acusadora, vale decir el Ministerio Público, ha manejado únicamente la prueba indiciaria. Volviendo a la sentencia de la Corte Suprema, ese importante documento cita una resolución dictada por el Tribunal Supremo de España, donde señala la necesidad de que la conclusión o inferencia que el juzgador obtiene de los indicios responda plenamente a las exigencias de la lógica y la experiencia, de tal manera que entre los indicios o la consecuencia obtenida surja un enlace preciso y directo. Agrega la Suprema peruana que, en el caso que está examinando, no se ha desvirtuado fehacientemente la presunción de inocencia y, por ende, no está acreditada la responsabilidad penal del acusado N.N. por el delito de homicidio calificado, ya que de las pruebas aportadas en el proceso solo se tiene la mera sospecha de que el acusado pudo haber sido el autor del homicidio, por lo que “ante la insuficiencia probatoria es de aplicación el artículo 284º del Código de Procedimientos Penales y corresponde dictar sentencia absolutoria por el delito de homicidio”. Pues bien, esta sólida sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, expedida el 6 de setiembre del 2005 (Exp. 1912-2005), lleva la firma de nada menos que el doctor César San Martín Castro, junto con las rúbricas de los vocales Sivina Hurtado, Palacios Villar, Lecaros Cornejo y Medina Ordóñez. Es decir, el propio Dr. San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Especial que acaba de condenar al ex mandatario Fujimori, a partir de un manejo absolutamente arbitrario y caprichoso de la prueba indiciaria, del todo reñido con las reglas contenidas en la sentencia que acabo de comentar y en su obra “Derecho Procesal Penal”, en cuya página 637 del Tomo II dice lo siguiente: “En atención a lo expuesto la Corte Suprema ha precisado que resulta inaceptable una condena basada en supuestos y presunciones, en rigor sospechas, no corroboradas por prueba directa ni indicios concurrentes que produzcan convicción acerca de la intervención del imputado en el delito acusado”.

Dr. Francisco Chirinos Soto. Colaborador

El germen de una "Derecha Popular"

Opinión de Valentín Gazzani Bosworth

Tal parece que abril es siempre funesto para el Perú. Anuncia hitos que nos marcan para siempre. Esta vez han sido equiparados los genocidas con el presidente de la República que los derrotó en todos los ámbitos, sea el político, social o militar. Lo que resulta más aberrante es que, al margen de favorecer al terrorismo y a que pronto veremos por las calles a Víctor Polay y Abimael Guzmán, convertidos en jefes de partidos políticos, los caviares políticamente correctos han confirmado su odio al progreso económico del Perú, favoreciendo los intereses de Chile, país al que admiran y donde son bien acogidos. Estamos advertidos y prácticamente en peligro de volver a lo vivido, con asesinatos selectivos y bombas por las calles, que nadie se atreverá a enfrentar y con el colapso económico que propician las ONG defensoras del terrorismo para que puedan recibir plata del exterior o si fuera imprescindible, hasta del narcoterrorismo. Se podría argumentar que el actual gobierno estuvo haciendo las cosas bien, que tiene experiencia política, que no es tonto para dejarse usar y tantas otras consideraciones, pues este último tercio del mandato aprista le está resultando bastante caro al país. Resulta que los anunciados planes de estímulo, nivelación de salarios de policías y soldados, compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas e incremento de los recursos para producir energía están quedando en nada, debido probablemente a la influencia nefasta que tienen ahora los caviares dentro del gobierno aprista que lo ponen contra la pared, lo que puede llevar al ocaso del partido político fundado por Haya de la Torre. Lo señalado viene a colación por la sentencia que pesa sobre Alberto Fujimori, con que se ha juzgado no solo al personaje, sino también al sector ciudadano que cree y creyó que por fin el Perú dejaría atrás sus males seculares para enrumbar hacia la modernidad y el desarrollo. A estos peruanos, empresarios, grandes, medianos y pequeños, profesionales de toda índole, propietarios, pensionistas y gente humilde, se les ha dicho NO, a lo que aspiran no es políticamente correcto. Lo correcto es recibir dádivas de afuera para que los magníficos dirigentes políticos y sociales caviares vivan sin sobresaltos, dirigiendo la vida y actividad de los sumisos y sometidos. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) está debilitada. Mirando hacia atrás, a partir de este último tercio de su gobierno vemos que repiten errores y equivocaciones anteriores. Siendo, como siempre ha sido, un gobierno “enunciativo” y poco pragmático, por no tener personal especializado en el manejo de la actividad económica, necesitan y se valen de terceras personas. A veces aciertan en el enunciado, como por ejemplo en plantear planes de estímulo ante la crisis internacional, pero el MEF demora su ejecución, sea por temores infundados, por presiones externas hacia el ministro o porque, simplemente, no logran ejecutarlo. Estamos a mediados del cuarto mes del año y aún no salen a la luz. Así hay varios ejemplos. Mas afortunadamente el sector privado no se detiene y éstas son las obras que “inaugura” el Gobierno, aunque de los tres servicios básicos de su responsabilidad, como son salud, infraestructura y educación, este último sector ha hecho que el sistema educativo peruano avance hacia la modernidad, como nunca ha ocurrido en los 188 años que llevamos de República, pero la tentación demagógica de regalar la ayuda a la población más pobre en lugar de enseñarles a valerse por sí mismos (tal cual lo hace el programa “Sembrando” de esta misma agrupación) no ceja en las alturas del poder político, lo que trae como consecuencia que, poco a poco, paso a paso, el caviaraje vaya copando al Gobierno y terminará por imponerle su voluntad, no desconociendo aquél que esta banda de traidores al Perú se le irá encima una vez que acabe su mandato. Debido al déficit político y económico que acarrea desde su primer gobierno (no olvidemos que el 2006 fueron elegidos por ser el mal menor, con apenas veintitantos por ciento en la primera vuelta), el APRA, como ente social demócrata, ha debilitado lo que debió ser su legado histórico, dejar una patria grande, fuerte y poderosa, tanto así que estamos viendo surgir nuevos liderazgos en el espectro político. A la izquierda están y estarán los de siempre, el centro es variopinto, con la bisagra caviar operando hacia la izquierda radical o hacia el centro o el centro derecha, según soplen los vientos. Lo que no existe desde que Leguía acabó con ella es una derecha política coherente que adscriba pueblo y fuerza armada. Porque quienes heredaron esa simbología fueron los capitanes de empresa que insurgieron en las décadas de 1930 a 1970. Velasco acabó con todo eso y durante el primer gobierno aprista dio sus últimos aleteos. Hoy existen empresarios peruanos que son distintos a los anteriores en su relación respecto del poder político. Ahora bien, a pesar de los esfuerzos de algunos, formar una agrupación que personifique el significado “derecha”, con líderes ad hoc y pueblo que se sienta identificado en este sector del espectro, es tarea harto difícil o casi imposible a estas alturas de la historia peruana. Derechas configuradas en América del Sur solo existen en Brasil y Chile. En EE.UU. y Canadá tienen tradición de siglos aunque, a veces, como ocurre por algún tiempo en EE.UU., el partido Republicano tiende a perder poder político por veinte o treinta años para recomponerse y volver a la palestra. Mientras que, así como en la década de 1920 Leguía acabó con el poder político de la derecha peruana, así sucedió también con la mexicana y la argentina. A la primera la eliminó la revolución mexicana y a la segunda lo hizo el peronismo (con la consecuencia caótica que ahora vemos de una gran Nación convertida en republiquita del tercer mundo). Brasil y Chile sí han logrado mantener la trilogía viviente en su espectro político: izquierda, centro y derecha. Con su vigencia logran un cierto grado de estabilidad y continuidad que le permite establecer verdaderas políticas de Estado. De allí su preeminencia a pesar de ser países tan disímiles en tamaño y estructuras. Hoy quizás existe en el Perú el germen de una derecha popular imbricada en el fujimorismo que salió fortalecido con el reciente juicio antihistórico, porque, si no fueran ellos, ¿a cuánta gente podrían juntar en las plazas públicas el PPC, AP y Perú Posible? No es creíble que Castañeda se deje embarcar con el cuento de la “unidad”. No confundamos partidos de “elite” (que en Europa serían el equivalente a los “monárquicos”, aunque en el Perú no existe propiamente una elite calificada) con partidos políticos de derechas, los cuales tienen un mensaje y una propuesta cívica determinada, en la que se siente bien representado cierto sector de la ciudadanía, cuyo anhelo es preservar lo ganado y sus propiedades en vivienda, micro-empresa y oportunidades de trabajo. En conclusión, el Poder Judicial ha certificado la existencia del fujimorismo como ente fundamental de la vida política peruana del siglo veintiuno, conjunción que tendrá partidarios y detractores, gonfaloneros y adversarios, en la lucha por el poder. Lo que sí se puede predecir en esta etapa de su desarrollo es que el fujimorismo no es pro-chileno ni pro-caviar, de modo que deberá soportar ataques furibundos de mucha prensa y los políticos que tradicionalmente han ejercido el poder en el Perú, sea en el gobierno o desde la oposición.

ESTOS SON LOS JUZGADORES DE FUJIMORI

Juez que resolverá apelación de Alberto Fujimori pidió amnistía para terroristas Meses atrás, causó sorpresa conocer que el magistrado lambayecano Duberlí Rodríguez Tineo sería el encargado de presidir la Sala Penal de la Corte Suprema que revisaría cualquier impugnación o nulidad interpuesta por la defensa del ex presidente Alberto Fujimori, ya que fue diputado por Patria Roja en 1980. Ademas, en 1985 presentó un proyecto de amnistía a favor de los trroristas. Esto porque, desde entonces, ya se venía advirtiendo que Rodríguez Tineo, en la década de 1980, había sido un furibundo diputado izquierdista con ideas muy particulares sobre Sendero Luminoso y el fenómeno del terrorismo.

Hablamos acá del proyecto de ley No 415, presentado el 14 de diciembre de 1985 en la Cámara de Diputados del Congreso y elaborado por reconocidas figuras de la izquierda como Manuel Piqueras, Cristala Constantinides, Manuel Cortez, Carlos Tapia, Manuel Dammert, entre otros. Rodríguez Tineo incluyó su nombre entre los autores así como el hoy primer ministro, Yehude Simon. Dicha propuesta buscaba conceder amnistía -una prerrogativa parlamentaria para dejar libre de culpa, sin intermediación judicial, a los perseguidos políticos- a toda persona que, a la fecha de la expedición eventual de la ley, “se encuentren denunciados, detenidos o comprendidos en proceso judicial por delito de terrorismo”. La amnistía también sería aplicable a toda persona sentenciada por el mismo ilícito, siempre y cuando se demuestre que no hubiera matado a nadie y cumpla condenas inferiores a 15 años de reclusión. Quedaban exentas de ser beneficiadas con este proyecto las personas detenidas en posesión de armas o municiones que certifiquen su participación en un acto terrorista.

SAN MARTIN (VS) SAN MARTIN =QUE LES PARECE

SAN MARTIN DEJO SIN PRUEBAS A SUS CLASES DE DERECHO CON ESTA SENTENCIA

Hacer el cotejo entre lo que dice el magistrado César San Martín Castro en la sentencia que acaba de suscribir como Presidente de la Sala que ha condenado a Alberto Fujimori y lo que dice, por su parte, el profesor universitario César San Martín Castro, reputado como especialista en la ciencia procesal penal, lleva a conclusiones desconcertantes. Dice el catedrático San Martín, con relación al tema de la prueba dentro del proceso penal, que “no basta que se haya practicado prueba e inclusive, con gran amplitud, sino que ésta contenga los elementos incriminatorios respecto de la participación del imputado del hecho”.

El juez San Martín, por su parte, sostiene en una de las cuestiones de hecho que fueron votadas por el Tribunal, que “está probado que el acusado Fujimori es responsable de dichas operaciones porque las ordenó a partir de su dominio del aparato de poder organizado que instituyó desde el Servicio de Inteligencia Nacional”. Entonces, el juez no precisa los elementos incriminatorios de la participación del imputado en el hecho, tal como lo exige el profesor, sino que señala del modo más genérico y abstracto que el acusado ordenó esos actos por su dominio del aparato de poder. Son cosas totalmente distintas. La participación de un imputado en el hecho que se le atribuye debe ser precisada por el juzgador, para sustentar una condena, con los datos específicos que indiquen de qué manera intervino en los acontecimientos incriminados y no, simplemente, a través de una afirmación que atribuye responsabilidad, calificación jurídica, pero no autoría, indispensable calificación fáctica. Además, resulta inaceptable en un profesor universitario a quien se atribuye una prominente jerarquía académica, que incluya como “cuestión de hecho” una o más que envuelven apreciaciones de derecho. Sostener, en el texto de una cuestión de hecho, que una persona es “responsable”, equivale a incurrir en una apreciación jurídica.

Las cuestiones de hecho se plantean y se votan para decidir sobre hechos y no sobre temas de derecho. Lo propio puede decirse de la cuestión de hecho en que el Tribunal decide que “está probado que la operación Barrios Altos fue un crimen de Estado”. Esa no es, de ningún modo, una cuestión de hecho. Es una apreciación política - jurídica que puede hacerse en otro extremo del fallo, pero no votarse como cuestión de hecho. Lo mismo puede decirse de la calificación que hizo del homicidio de La Cantuta.

Siempre dentro del tema de las cuestiones de hecho, dice el catedrático San Martín: “Las cuestiones de hecho o veredicto exigen del Tribunal que se concrete exclusivamente a establecer los puntos probados y no probados objeto del proceso penal, haciéndose total abstracción de consideraciones jurídicas y concentrándose en lo fáctico”. El juez San Martín, aparte de las descritas, ha incluido entre las cuestiones de hecho varias otras que contienen apreciaciones políticas y jurídicas, como la que se refiere a la existencia de un régimen al margen de la Constitución y de corte autoritario. El catedrático San Martín, al tratar sobre la expedición de la sentencia, expresa: “Es de tenerse presente que a la votación precede la discusión o deliberación. La discusión importa la exposición del Vocal Ponente o Director de Debates, la lectura de piezas del expediente que resulten pertinentes y el intercambio de puntos de vista entre los integrantes del Tribunal, sobre cada uno de los pronunciamientos de hecho y de derecho que hayan de hacerse. Se verifican a puerta cerrada y es secreta”.

Contradiciendo estos nítidos planteamientos, el magistrado San Martín, como Presidente del Tribunal, abrió las puertas del imaginario recinto cerrado y a él ingresaron veinte personas para participar en el examen del expediente y de las pruebas y en la elaboración de la sentencia. Este extraño e irregular acontecimiento trae consigo una irremediable nulidad de la sentencia.

No hay, pues, la menor duda acerca de que el procedimiento ha sido gravemente perturbado con la inclusión de personas ajenas al Tribunal, precisamente en la etapa en la que éste debía actuar del modo más reservado y secreto. Tampoco aparece duda alguna sobre la grave confusión entre cuestiones de hecho y temas de derecho que han sido objeto de una virtual mescolanza en la etapa consistente en la votación de las cuestiones de hecho. Esas notorias irregularidades tendrán que ser detectadas por la sala revisora de la Corte Suprema y dar lugar a que se declare la nulidad de la sentencia y del juicio oral y se ordene un nuevo juicio oral, a cargo de otros magistrados.

Artículo escrito por el Dr. Francisco Chirinos Soto

La sentencia “copy-paste” del tribunal San Martín

Por Víctor Robles Sosa (*) Estoy convencido que a Alberto Fujimori lo van a condenar igual en segunda instancia porque es la consigna impartida por quienes ejercen hoy un control sordo y subterráneo de la administración de justicia, igual de perverso al que practicó el siniestro Montesinos a partir de 1998. Todos los saben, pero nadie lo comenta. Estoy más convencido aún de que la sala San Martín primero, y ahora la que preside el comunista maoísta Duberlí Rodríguez, han sido montadas por ese poder manipulador de manera ex profesa para perjudicar al ex jefe de estado. En política no hay casualidades, jamás. Yendo al contenido de la sentencia dictada por la sala que preside César San Martín, la primera conclusión es que el juicio ha sido una farsa porque los argumentos que sustentan la condena son los mismos que sostiene el informe final de la extinta y nefasta Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). San Martín, Prado Saldarriaga y Príncipe Trujillo han hecho lo mismo que hacen los malos estudiantes de ahora: entran a Internet y se copian trabajos anteriores en vez de hacer la tarea que les dejó el profesor. “Copy-paste” es el título que debió llevar la resolución del tribunal en el juicio a Fujimori. La tesis de la autoría mediata por dominio de los hechos aplicada por la sala para sentenciar a Fujimori no la han creado ellos, ya había sido usada para culpar a Fujimori en el informe final de la ex CVR por los asesores legales de ésta. Según los convenios de cooperación suscritos por la ex CVR, la entidad que le brindó asesoría en esa materia fue la Comisión Andina de Juristas,(CAJ), la ONG de Diego García Sayán. El grave error de la defensa de Alberto Fujimori fue haberse confiado en que la sala San Martín era ajena a esa corriente de pensamiento caviar y que actuaría con criterio estrictamente procesal penal. Como bien dijo alguna vez el presidente Alan García, en política no hay que ser ingenuos, doctor César Nakasaki. Por esta razón, Uri Ben Schmuel y quien escribe esta columna sostuvimos que la defensa de Fujimori, o más aún, la defensa del papel que cumplió el estado peruano para vencer al terrorismo, debía ser sobre todo política, con énfasis en desbaratar los argumentos políticos esgrimidos desde el 2003 por la ex CVR, porque era un hecho que el tribunal digitado por la izquierda caviar iba a apoyarse en ellos. El doctor Nakasaki, excelente abogado, erró al cerrarse en una defensa estrictamente procesal penal, dejando de lado o restándole prioridad a los argumentos de contenido político utilizados por la ex CVR, principalmente el que acusa a Fujimori de haber liderado un régimen político espurio y inconstitucional, por tanto propicio para montar aparatos criminales de poder. Cuando los abogados de la parte civil y ciertos testigos repetían ante el tribunal el término “dictadura”, el abogado debió entregar a la sala la resolución de la OEA de 1992 que reconoció al acusado como presidente legal del Perú después del llamado auto golpe del 5 de abril; también la resolución de 1993 del Congreso Constituyente Democrático (CCD, surgido del sufragio ciudadano) que legitimó la continuidad constitucional del mandato de Alberto Fujimori, así como la lista de los partidos políticos que participaron en ese congreso, legitimando así el estado de derecho. Cuando se adujo que “nada justificaba” el 5 de abril de 1992, Nakasaki debió entregar a la sala la lista de miembros del Congreso de entonces para probar que el gobierno sólo contaba con el 20% de la representación nacional. Debió entregarla junto con la Ley de Control de los Actos Presidenciales que ató de manos a Fujimori en la lucha contra el terrorismo y dejó abierto el camino para vacarlo del cargo, o las resoluciones del Tribunal Constitucional que bloquearon las reformas económicas. Estos son atenuantes sólidos, como bien ha señalado el destacado constitucionalista independiente José Luis Sardón. Cando se acusó al estado peruano de haber practicado una política de estado de violación sistemática e indiscriminada de derechos humanos, el doctor Nakasaki debió presentar de inmediato el Decreto Ley 25592, del 2 de julio de 1992, que tipificó el delito de desaparición de personas; el Decreto Ley 26926, del 19 de febrero de 1998, que introdujo en nuestra legislación los Delitos de Lesa Humanidad; la Ley de Arrepentimiento que perdonó a miles de terroristas convictos y confesos, entre otras. El abogado del ex presidente le restó importancia a todas estas acusaciones creyendo que el tribunal se centraría en el aspecto procesal penal. Se equivocó y aparentemente sigue equivocado, según sus declaraciones de prensa. En la segunda instancia, creo que el tribunal también condenará. Ya sabemos que ha sido montado ex profesamente para condenar al acusado, pero la defensa debe atacar las falacias que han sido tomadas por la sala San Martín del informe de la ex CVR y desnudarlas ante el país porque, al fin y al cabo, el que vale es el juicio histórico. El juicio político ya está resuelto: según la encuesta de la empresa CPI, el 59.4 por ciento de los ciudadanos reaccionó indignado contra la sentencia a Alberto Fujimori, rechazándola por injusta. No se trata de defender a Alberto Fujimori el político, sino al presidente que lideró al país en una guerra injusta y cruel a la que nuestra sociedad fue empujada por una secta fanática alentada por políticos de izquierda demagogos que traficaron con las ideas radicales para satisfacer su vanidad burguesa. Son estos los que pretenden escribir hoy la historia de lo que sucedió. Lo que defiendo en primera instancia es la verdad histórica frente a una millonaria campaña mediática y política que pretende torcer la realidad y hacernos creer que los peruanos cometimos un error al derrotar a los terroristas, que estos eran “luchadores sociales” y que nosotros jamás defendimos la democracia sino la injusticia. ¿Podemos aceptar estas enormes falacias? Y en segunda instancia me siento obligado a rechazar la sentencia porque sienta un precedente oscuro que permite que en el futuro cualquier persona pueda ser condenada sin que exista ninguna prueba ni ningún testigo que sustenten la acusación. La propia sentencia lo dice: “No hay pruebas directas…” Quienes sostienen que se ha hecho justicia ignoran (o lo saben bien, que es peor) que en democracia no puede haber justicia sin Derecho porque éste es el único que garantiza que una persona sea juzgada con estricto apego a las leyes que tipifican los delitos y reglamentan los pasos que deben seguir los procesos judiciales. Sin estado de Derecho no hay orden constitucional, señores. El Derecho garantista, que es el que impera en nuestro país, presume inocente al inculpado hasta que el fiscal pueda demostrar lo contrario, y establece de manera inequívoca que nadie puede ser condenado sin pruebas, sean estas documentales o testimoniales directas. El tribunal San Martín se ha saltado con la garrocha el Derecho garantista y ha preferido usar el Derecho del Enemigo, utilizado solo cuando se quiere arribar de todos modos a una condena del procesado. A falta de pruebas, la sala San Martín ha convertido en “indicios razonables” todos los dichos, versiones periodísticas, testimonios indirectos y pruebas rebatidas durante el juicio oral, a partir de la siguiente premisa subjetiva y política: “el régimen de Alberto Fujimori fue una dictadura, los dictadores dirigen aparatos criminales de poder; por lo tanto, él debió conocer la existencia del grupo Colina y de sus crímenes”. Esta premisa es la piedra angular de la sentencia, el referente único y básico que le permite darle el carácter de “indicios razonables” a todas las deducciones que hacen los vocales para arribar a la conclusión de que Alberto Fujimori es culpable. Lo han hecho así porque creen que hay supuestamente un “consenso” al respecto, desconociendo que esa unanimidad sólo existe en el juicio mediático y en ciertos círculos políticos, no en la sociedad, como lo demuestran las encuestas electorales y la que acaba de publicar CPI. Las deducciones que sustentan la sentencia son absurdas e irracionales. Un solo botón basta y sobra para demostrarlo: dice que está probado que Fujimori dirigió un gobierno criminal e ilegítimo que, entre otras cosas, capturó y manipuló las instituciones de la administración de justicia. ¿Por qué entonces el señor César San Martín trabajó en 1993 como asesor del ministerio de Justicia de ese régimen, por qué asesoró a ese “dictadura” en la revisión de las leyes contra el terrorismo, por qué trabajó después como asesor de José Dellepiane en la reforma del Poder Judicial 1995-1998? ¿Acaso ya no habían ocurrido los casos Barrios Altos y La Cantuta, y La República ya acusaba a Fujimori de esos crímenes? Si lo que sostiene la sentencia es verdad, entonces el juez San Martín debe ser enjuiciado y encarcelado como “colaborador de la dictadura”, pues existe abundante prueba documental que así lo acredita. La historia, señores jueces, nos enseña que nuestra actual Constitución, pilar fundamental del desarrollo económico que estamos construyendo, y de la nueva institucionalidad democrática que vivimos, en la que ustedes se desenvuelven, fue aprobada en 1992 por el gobierno que pretenden descalificar ahora como ilegítimo para justificar una pena injusta, y refrendada por el pueblo en las urnas en 1993. No puedo terminar este artículo sin expresar la lástima que he sentido –que seguro es compartida por gran parte de mis compatriotas- por las declaraciones de ciertos políticos, como Lourdes Flores, César Zumaeta o Luis Galarreta, que se han apresurado a declarar que la condena a Fujimori es justa, sin siquiera haberla leído, basándose en consideraciones meramente formales, demostrando frivolidad. Veremos si reaccionan de manera distinta después de leer la sentencia, si cumplen con su obligación de defender el estado de Derecho, como le corresponde a los líderes de las sociedades democráticas. O si prefieren, una vez más, darle la espalda a la verdad y a la historia, por miedo a un ataque mediático. Veremos quienes son patriotas y valientes, y quienes son cobardes y convenidos. (*) Periodista, director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)Por Víctor Robles Sosa (*)

SE HA COMETIDO UN CRIMEN JUDICIAL

Se ha cometido un crimen judicial violándose todos los derechos de Fujimori

Valle-Riestra considera putrefacto e ilegal el fallo condenatorio El constitucionalista Javier Valle-Riestra calificó la condena de 25 años en contra del ex presidente Alberto Fujimori como un crimen judicial perpetrado por jueces temerosos que han tratado de disfrazar la carencia de pruebas, las mentiras y el escarnecimiento del líder fujimorista argumentando la existencia de falsos indicios. Agregó que la Sala actuó ilegalmente al violar los principios limitativos de la extradición. “Esto no es un error judicial porque éste se produce cuando el testigo, los peritos y demás engañan al Tribunal. Acá se ha cometido un crimen judicial porque se ha condenado a una persona pese a no existir pruebas ni indicios, lo que hubo es un razonamiento falaz lleno de vaguedades. Fujimori debió ser absuelto”, aseveró. Explicó que el proceso ha demostrado que los hechos de La Cantuta y Barrios Altos fueron actos criminales, torpes y canallescos perpetrados por un comando militar. “Para determinar la responsabilidad del ex dignatario en ambos casos se debe demostrar que sabía que iban a matar a estas personas o a los sospechosos de la vecindad y no se ha logrado. No ha existido ningún elemento probatorio”, sentenció. Insistió en que nunca existió una doctrina de exterminio porque sino se hubiesen producido cientos o miles de muertos y no sólo 4 docenas, que si bien lamenta, no constituyen base para tal afirmación. “Aquí los indicios son vaguedades, sofismas, no son indicios. Para condenar a una pena de 25 años se necesitan pruebas plenas. Se han violado los derechos humanos de Fujimori, se le está escarneciendo. Los jueces temerosos han bautizado su antojo condenatorio como indicios probatorios que no existen”, expresó. Respecto a la decisión del tribunal de declarar a Fujimori responsable de crímenes de Estado, indicó que es ilegal. “Los principios limitativos de la extradición o principios de la especialidad establecen que el tribunal juzgador solo puede juzgar dentro de los parámetros que fueron materia de la entrega, cualquier exceso en ese sentido es absolutamente ilegal y está contra el derecho internacional público, por lo que esto es un gran elemento para denunciar la ilegalidad del fallo y que su defensa pueda recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar los atropellos de los que ha sido víctima. Los delitos de Estado nunca estuvieron comprendidos”, comentó. “Todos estos hechos vician y putrefactan la sentencia, está llena de errores en la calificación, en los hechos, llaman indicios a simples deducciones falaces. Es una sentencia que no enaltece al Poder Judicial peruano”, añadió. Y si bien, considera que la condena es consecuencia de las venganzas y odios en su contra, “paradójicamente en vez de hundirlo van a contribuir a que las masas, al ver una cosa tan desproporcionada, lo canonicen y santifiquen, pasando a ser un mártir”.

PUBLICADO EN EL DIARIO LA RAZON.

FINAL DE UN JUICIO RECORRIDO

Ha concluido el juicio oral contra el ex presidente Alberto Fujimori. En nuestras retinas ha quedado grabado el proceso seguido, desde el inicio hasta el final. También ha quedado grabado en nuestras mentes la campaña sistemática mediatizada de las ONGs. caviares defensora de DD.HH, difundida por la prensa audio visual y escrita, a lo largo del proceso, antes, durante y después de cada audiencia, y ahora al haber concluido. Ese poder oculto de los políticos derrotados ha buscado mediatizar a unos cuantos, pero a la gran mayoría NO , porque esta mayoría sabe a conciencia que ese es el sistema que gobierna al Perú, y que cuando se trastocan sus intereses grupales de poder, utilizan todas las armas manipuladoras a través de los medios de comunicación que se prestan para ello. Ha concluido el juicio, y esta por darse la Sentencia. Los medios de comunicación siguen utilizando en una forma aparente y asolapada toda la maquinaria mediatica para tergiversar la información con opiniones de seudos analistas, todos por supuestos allegados a las ONGs caviares, a las que le dan amplia cobertura porque van en contra de Fujimori. Pero valgan verdades, para que sirve esto, si para que sirven estas opiniones o seudos análisis de coyuntura, solo sirven para argumentar sus posturas en el futuro. Hoy la Sala Penal que juzga al ex presidente, se encuentra en un dilema para la historia judicial y la Historia del Perú. Si la Sala Penal, con el criterio de conciencia que la carta magna concede para decidir un juicio y si toman en cuenta el derecho y aplicando jurídicamente JUSTICIA no queda otra cosa que decidir por la absolución . SI la Sala Penal decide condenarlo, la Historia, y los que estamos inmersos en la carrera judicial, libres de las ONGs, caviares o de grupos políticos o de poder, tenemos que determinar que se cometió el mas grande ERROR JUDICIAL. Para la mayoría de peruanos comunes de la calle Fujimori nunca debió ser extraditado para juzgarlo por estos hechos imputados. Ahora, al tiempo transcurrido, se sabe la gran verdad de las presiones que se dieron para que Chile procediera a extraditarlo. Todo un juego político y que hoy tiene sus consecuencias. El aparato legal de los terroristas, ha montado en el Perú, todo un drama con alusión a los DD.HH., sesgado por cierto, solo con la finalidad de obtener pingües ingresos económicos para sus allegados y dirigentes, pues de eso viven. Hoy existe una prensa maniatada al poder caviar, manipulada y unida contra el ex presidente, pero lo único que han logrado, es vislumbrar un avance y un apoyo incondicional a futuro al grupo político que lidera la hija Keiko Fujimori. Casi toda la prensa, en Lima, la mayoría por cierto, audio visual, hablada y escrita es hoy enemiga de lo que ellos consideran un obstáculo para el desarrollo político de sus intereses grupales, FUJIMORI, pero a lo largo del tiempo transcurrido, en defensa de Fujimori, se han creado en la red de Internet, donde existe la libertad de opinión sin manipulación, como lo muestra el popular y mas visto YOU TUBE o BLOGS informáticos en Google y de otros servidores de red o páginas webs, pequeños canales de información, suficientes para contrarrestar esa información subjetiva mediática. Estos pequeños canales, pero canales de información OBJETIVOS en defensa de FUJIMORI en cautiverio, han logrado mostrar al mundo con pruebas de como en el PERU, los hechos y las noticias se manipulan, se tergiversan, se editan o se preparan al mejor postor información y exclusivamente vídeos para trastocar la VERDAD. Para los que formamos parte de estos canales en Internet y que hemos ido poco a poco subiendo a internet valiosa información de la prensa sucia, estamos de plácemes, pués, los organismos de prensa del mundo han considerado dar gran importancia a estos pequeños pero abundantes canales de información, porque en el fondo informan como hormigas, como el poder de la prensa se utiliza para organizaciones ocultas del poder político en Latinoamerica y en países del tercer mundo. Esta prensa esta a la espera que decide el Tribunal que juzga a Fujimori

CASO GENERAL JULIO SALAZAR MONROE 4

Esta ultima mención niega tajantemente que Julio Salazar Monroe haya planeado la operación de La Cantuta, lo cual deja fuera de lugar la acusación del Fiscal de “autoría mediata” por cuanto ésta se basa en el dominio del hecho, nunca en el conocimiento del mismo. Según el tribunal, Salazar Monroe sólo conoció el hecho, no lo controló, y aún así lo condenó a 35 años.

SENTENCIA PREVARICADORA

Recordemos que el Caso Cantuta se produjo el 18 de Julio de 1992. Sin embargo, el Fiscal en su Acusación Escrita, y la 1ª Sala Penal Especial en la sentencia, consideran el delito de Desaparición Forzada de Personas, tipificado por la Ley 26926 recién el 19 de Febrero de 1998. En todo caso, ambos debieron invocar la Ley 25592 de fecha 2 de Julio 1992. Si analizamos ambas leyes veremos lo siguiente: Ley 25592 (2 de Julio 1992) Esta Ley estaba vigente a la fecha del hecho, por lo tanto corresponde su aplicación. La Ley tipifica el delito de “Desaparición de personas” Dicho delito es considerado por la ley como “ordinario (tiene beneficios penales) Ley 26926 (19 de Febrero 1998) Esta Ley se dio 6 años después del caso La Cantuta. Introduce al derecho penal peruano el delito de Desaparición Forzada de Personas. Dicho delito es considerado de Lesa Humanidad (no tiene beneficios penales) Según el Código Procesal Penal y el Principio de Legalidad consagrado por la Constitución, toda persona acusada de un delito debe ser juzgada con la ley penal se estaba vigente en el momento de los hechos Además, la Constitución y el Derecho Universal señalan que la ley penal no es retroactiva, salvo que beneficie al reo, por lo tanto el tribunal ha prevaricado al haber aplicado la ley 26926 en el caso La Cantuta. El Tribunal Villa Bonilla sustenta aplicación retroactiva de la Ley 26926 alegando que la Desaparición Forzada es un Delito Permanente e imprescriptible desde el momento en que se produjo, y cita como fuentes de Derecho la ley que tipifica el Delito Permanente y la que estableció la imprescriptibilidad de los delitos Contra la Humanidad. Sin embargo, la primera entró en vigor en febrero del 2002 y la segunda en junio del 2003. Ambos dispositivos legales plasman la adhesión del Perú a la Convención de Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad, la cual, en su Art. 241° dice claramente que: “nadie será penalmente responsable, de conformidad con el presente estatuto, por una conducta anterior a su entrada en vigor”. Los hechos prueban categóricamente que el Grupo de Análisis jamás constituyó el origen de ningún destacamento. Sin embargo, el tribunal fallo todo lo contrario. Una prueba más es el documento adjunto, referente a un pedido del General Salazar Monroe al Presidente de la República para que felicite al Grupo de Análisis, en el que se detalla la tarea que cumplieron los analistas. Este documento ha sido soslayado por el tribunal a pesar de que consta en todos los expedientes. ¿Por qué?

CASO GENERAL JULIO SALAZAR MONROE 3

Esta ultima mención niega tajantemente que Julio Salazar Monroe haya planeado la operación de La Cantuta, lo cual deja fuera de lugar la acusación del Fiscal de “autoría mediata” por cuanto ésta se basa en el dominio del hecho, nunca en el conocimiento del mismo. Según el tribunal, Salazar Monroe sólo conoció el hecho, no lo controló, y aún así lo condenó a 35 años. SENTENCIA PREVARICADORA Recordemos que el Caso Cantuta se produjo el 18 de Julio de 1992. Sin embargo, el Fiscal en su Acusación Escrita, y la 1ª Sala Penal Especial en la sentencia, consideran el delito de Desaparición Forzada de Personas, tipificado por la Ley 26926 recién el 19 de Febrero de 1998. En todo caso, ambos debieron invocar la Ley 25592 de fecha 2 de Julio 1992. Si analizamos ambas leyes veremos lo siguiente: Ley 25592 (2 de Julio 1992) Esta Ley estaba vigente a la fecha del hecho, por lo tanto corresponde su aplicación. La Ley tipifica el delito de “Desaparición de personas” Dicho delito es considerado por la ley como “ordinario (tiene beneficios penales) Ley 26926 (19 de Febrero 1998) Esta Ley se dio 6 años después del caso La Cantuta. Introduce al derecho penal peruano el delito de Desaparición Forzada de Personas. Dicho delito es considerado de Lesa Humanidad (no tiene beneficios penales) Según el Código Procesal Penal y el Principio de Legalidad consagrado por la Constitución, toda persona acusada de un delito debe ser juzgada con la ley penal se estaba vigente en el momento de los hechos Además, la Constitución y el Derecho Universal señalan que la ley penal no es retroactiva, salvo que beneficie al reo, por lo tanto el tribunal ha prevaricado al haber aplicado la ley 26926 en el caso La Cantuta. El Tribunal Villa Bonilla sustenta aplicación retroactiva de la Ley 26926 alegando que la Desaparición Forzada es un Delito Permanente e imprescriptible desde el momento en que se produjo, y cita como fuentes de Derecho la ley que tipifica el Delito Permanente y la que estableció la imprescriptibilidad de los delitos Contra la Humanidad. Sin embargo, la primera entró en vigor en febrero del 2002 y la segunda en junio del 2003. Ambos dispositivos legales plasman la adhesión del Perú a la Convención de Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad, la cual, en su Art. 241° dice claramente que: “nadie será penalmente responsable, de conformidad con el presente estatuto, por una conducta anterior a su entrada en vigor”. continúa

CASO GENERAL JULIO SALAZAR MONROE 2

IRREGULARIDADES

En Agosto del año 2005 se inicia el Juicio Oral con cuatro procesos acumulados: Caso Barrios Altos, Caso Santa, Caso Yauri y Caso Cantuta; y esta acumulación se ordenó por “economía procesal”. En Marzo 2006 se desacumuló el Caso Cantuta de los otros casos, otra vez por “economía procesal”, es decir, se acumuló y se desacumuló por la misma razón. ¿Cuál fue el motivo de este irregular procedimiento? El motivo fue que se quería acelerar la sentencia del caso para remitirla a Chile y así contribuir a la extradición de Alberto Fujimori pero igual se demoraron tanto que primero se produjo la extradición. Varios meses después de la extradición se dio la sentencia, la cual ya no fue enviada a Chile sino a la DINOES (lugar donde es enjuiciado Alberto Fujimori).

CAMBIOS QUE SE HAN DADO A LO LARGO DEL PROCESO:

Referente al grado de participación: La primera denuncia fiscal considera a Julio Salazar Monroe como presunto cómplice La Sra. Jueza del Primer Juzgado Penal Especial, en el Auto Apertorio, también considera a Julio Salazar Monroe como presunto cómplice En la segunda instancia, el Fiscal también lo acusa primero de presunto cómplice, pero después cambia la acusación escrita y señala a Salazar Monroe como presunto autor mediato. La ley penal señala que este cambio es posible siempre y cuando el Fiscal sustente ante el tribunal y ante la defensa los motivos que lo justifiquen, debe haber una razón debidamente sustentada. En este caso, el cambio se dio sin que el fiscal lo haya sustentado conforme a ley, lo cual vulnera el debido proceso al obligar al procesado a modificar su defensa sin conocer cabalmente el sustento de la acusación fiscal. El tribunal nunca debió permitirlo. Referente al planeamiento de la Operación Cantuta: En el Auto Apertorio se consigna que el Jefe Operativo del Grupo Colina hizo el Plan Cantuta El Fiscal, en su acusación escrita, indica que Julio Salazar Monroe y Victor Silva Mendoza hicieron juntos el Plan Cantuta El Fiscal, en su Requisitoria Oral, acusa sólo a Julio Salazar Monroe de haber sido el único autor del Plan Cantuta En el juicio oral, Salazar Monroe pidió que se muestre el Plan Cantuta para reconocer su supuesta firma. La Directora de Debates, Inés Tello de Ñeco, le contestó: “Usted sabe bien que no existe el Plan”. Más aún, el abogado de Julio Salazar Monroe dirigió un oficio al Ejército Peruano preguntando por la existencia del mencionado Plan, al cual el Ejercito respondió oficialmente que no existe el Plan Cantuta ¿Se puede acusar a alguien de haber hecho un plan cuya existencia no haya sido probada previamente? Según el Derecho Penal peruano y el Derecho Universal, NO. La sentencia del caso Cantuta afirma y reitera en varios pasajes que Julio Salazar Monroe planeó el Operativo Cantuta y, sin embargo, en la parte final, la resolución judicial cambia sorpresivamente y dice lo siguiente: “Si bien no lo elaboró, sí conoció el Plan Cantuta y su ejecución” continúa

CASO GENERAL JULIO SALAZAR MONROE

Julio Salazar Monroe

Se graduó en Enero de 1958 como Oficial del Ejercito Peruano conformando la Promoción Ricardo O’Donovan. Ocupó el segundo puesto en el arma de Artillería y el sexto puesto de toda su promoción. Durante su carrera profesional ha prestado servicios en diversas guarniciones del país como, Tumbes, Tacna, Trujillo, Puerto Maldonado y Lima. Asimismo, fue nombrado Agregado Militar en la Embajada del Perú en Venezuela donde fue condecorado por sus dos años de impecable labor (el embajador Harold Forsyth puede dar fe de este desempeño). A lo largo de la carrera castrense ha realizado todos los cursos de la currícula institucional, siendo los de mayor nivel el Curso de Oficiales de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra (ESG) y el curso de Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), hoy llamado Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Igualmente ha realizado cursos de especialización: Curso de Inteligencia en la Escuela de Inteligencia, Curso de Paracaidismo y Maestro de Salto, ambos en la Escuela de Paracaidismo del Ejército. En cuanto a la actividad académica ha sido instructor en la Escuela Militar de Chorrillos, profesor de la Escuela de Artillería, profesor de la Escuela Superior de Guerra y Catedrático del CAEM. En su legajo personal no consta ningún demérito, ni sanción, ni denuncia, ni investigación, a lo largo de su carrera profesional.

Aspectos Judiciales

El, 2001, año de la persecución, de las denuncias y de las investigaciones, el General Salazar Monroe fue sometido a una extensa investigación en el Congreso de la República, por parte de la Comisión Waisman, y ésta no le encontró ninguna irregularidad. No tiene ningún proceso penal por enriquecimiento ilícito o desbalance patrimonial. Al General Salazar Monroe se le abrieron proceso por presunta Violación de Derechos Humanos sin prueba alguna que sustente la acusación fiscal. Nos centraremos en el caso principal, La Cantuta.

“CASO LA CANTUTA”

Hace ya casi un año (8 Abril 2008) la Primera Sala Penal Especial, a cargo de las vocales Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Ñeco e Hilda Piedra Rojas, le impuso al Gral. Julio Salazar Monroe una condena de 35 años de pena privativa de la libertad, equiparable únicamente a las penas impuestas a los cabecillas de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Recordemos que el Gral. Julio Salazar Monroe se desempeñó como Jefe del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) desde Enero del año 1991 hasta Agosto de 1998, contribuyendo durante todo este tiempo a la pacificación del país. ¿Qué delito cometió el Gral. Salazar Monroe para merecer esta condena? Ninguno ya que durante los dos años y medio que duró el juicio oral, ningún co procesado, ni tampoco ningún testigo, formuló imputación alguna contra él. Tampoco se presento contra él absolutamente ninguna prueba que lo incriminara de algún hecho doloso en el caso La Cantuta..... continúa

Una Rara Victoria en el Conflicto Judicial Peruano

The Americas Report, a través del analista y miembro de observadores Mr.Jon Perdue, hizo un examen de la situación real en que vive actualmente el Perú que merece ser estudiado por los políticologos en el Perú, ahora que ha terminado el Dr. César Nakasaki con su Alegato de Defensa. Estamos en espera de lo que realmente deberá ser una justa clasificación de las denuncias contra militares y políticos del regimen que presidió Alberto Fujimori. He aquí el analisis "Desde el final de la Guerra de Vietnam, muchos grupos han adoptado sistemáticamente el concepto de derechos humanos no por estar realmente interesados en ese tema, sino por dar publicidad a políticas izquierdistas en EE. UU. y en el extranjero. Fue en las primeras etapas del gobierno de Jimmy Carter, que Brady Tyson, asistente hasta ese entonces del Embajador de la ONU Andrew Young, pronosticó que los derechos humanos se usarían para apoyar a los revolucionarios izquierdistas en el hemisferio occidental. Aproximadamente en la misma época, el miembro del Partido Demócrata, Daniel Patrick Moynihan, criticaba la tergiversación similar de los derechos humanos por parte de la ONU, y sostenía que "a menos que se apliquen normas sobre los derechos humanos de manera uniforme y neutral en todas las naciones... pronto se verá que realmente no se invocarán los derechos humanos cuando se hagan aplicaciones selectivas, sino que serán simplemente normas políticas arbitrarias disfrazadas con la excusa de los derechos humanos". Moynihan continuó, "cada vez más parece que las Naciones Unidas sólo conocen violaciones de los derechos humanos en aquellos países en donde aún es posible protestar contra ellas". Richard Holbrooke, recientemente nombrado Representante especial para Afganistán y Pakistán en el gobierno de Obama, una vez en plena Guerra Fría declaró frente al congreso que "en nombre de los derechos humanos, un grupo pequeño, pero imponente, de personas intentaba llevar a cabo un cambio radical en la estructura del mundo... atacando a todo aquel país con un régimen derechista antisoviético". En la actualidad, las advertencias de Moynihan y de Holbrooke se manifiestan en muchos países latinoamericanos donde el poder judicial tan politizado instala "comisiones de la verdad y reconciliación", tales como las que propuso la semana pasada el Senador Patrick Leahy para castigar al gobierno de Bush, las cuales están manipuladas para alcanzar un resultado políticamente anhelado. Hoy en día, este cuasi poder judicial incita falsas acusaciones al ofrecer reparaciones por parte del Estado a cualquier civil que entable una demanda contra el personal militar o la policía nacional. Al mismo tiempo, ni las cortes civiles ni las cortes militares ofrecen jurisprudencia para aquellas personas que hayan sido aniquiladas, mutiladas o desplazadas por grupos terroristas, los mismos que provocaron la respuesta militar en un inicio. Este denominado "conflicto judicial", como comúnmente se le conoce, se llevó a cabo gracias al propio Senador Leahy, quien en 1997 dio origen a la legislación para un proyecto de ley más completo. La "Ley Leahy", como se le conoce hoy en día, ha brindado a los grupos terroristas maoístas, marxistas y leninistas en toda Latinoamérica la capacidad de retirar a los mandos superiores del campo de batalla sin disparar ni una sola bala. Muchos de los oficiales mejor entrenados, incluidos aquellos mas entrenados para evitar víctimas civiles durante las operaciones antiterroristas, frecuentemente se ven relevados y degradados, recibiendo la mitad del sueldo, debido a acusaciones sin fundamento de haber cometido violaciones de derechos humanos. Aunque se exonera con el tiempo a la mayoría, sus carreras y su situación económica fracasan en los laberintos legales en los que se ven envueltos, los cuales pueden durar décadas. Peor aún, los falsos testigos que hacen las acusaciones rara vez, o quizás nunca, son procesados, a pesar de que en muchos casos se han retractado y, bajo juramento, han declarado que se les indujo a dar falsos testimonios. Uno de los casos más conocidos de conflicto judicial llegó a su fin recientemente en el Perú, con la exoneración del General Eduardo Bellido por parte de la corte de la Corte Suprema del Perú. El caso del General Bellido se convirtió en objeto de estudio para periodistas, y hasta se publicó un libro publicado por el Instituto de Prensa y Sociedad (Institute for the Press and Society). El libro, "Prensa y Militares," es un mea culpa por la naturaleza flagrante con la que los medios de comunicación había aceptado todos los argumentos que los narcoterroristas y sus ONG defensoras presentaron contra un general condecorado que había pacificado el país. El 29 de enero del 2009, las Fuerzas Armadas del Perú realizaron una ceremonia para honrar públicamente al General Bellido por sus servicios a la patria y reconocer la farsa que tuvo que soportar. Detrás de estas falsas acusaciones, una vez más, estaba la infame ONG izquierdista, "Asociación Pro Derechos Humanos" (APRODEH), grupo que solicitó con éxito al Parlamento Europeo que no se incluya a los terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la lista oficial de grupos terroristas. En las dos últimas décadas, estos mismos personajes han estado detrás de casi todas las apelaciones ante congreso para detener la ayuda militar proveniente de EE. UU. a America Latina, en tanto que callan cuando los gobiernos favorecen sus intereses. Francisco Soberón, director de APRODEH, ha obtenido muy buenos ingresos como "defensor de los derechos humanos" en estas dos últimas décadas. El presidente Alan García lo ha calificado "traidor a la patria" y solicitó que se inicie una investigación sobre los fondos de APRODEH después de que se revelara que Soberón había solicitado al Parlamento Europeo apoyo para los terroristas del MRTA. El ex vicepresidente Luis Giampietri, uno de los rehenes en la toma de la Embajada de Japón por los terroristas del MRTA en 1997, acusó a Soberón de defender a los terroristas. "¿Qué derechos humanos defienden estas organizaciones? Defienden a terroristas, opinó Giampietri sobre APRODEH. Giampietri, ex oficial de la marina, ayudó a los comandos peruanos en el rescate de los rehenes proporcionando servicio de inteligencia a través de una radio miniatura bi-direccional desde el interior de la embajada Japonesa. Esto también le permitió advertir a los rehenes que se mantuvieran alejados de los terroristas minutos antes de que la operación de rescate empezara, de manera que pudieran salvar sus vidas. Una vez que la humareda se desvaneció, ningún terrorista quedó con vida y uno de los rehenes falleció de un ataque al corazón. La operación fue aplaudida a nivel mundial como un suceso histórico. La primera en denunciar la "brutalidad" de este rescate fue Eligia Rodriguez Bustamante, Subdirectora de APRODEH. Pero lo que causó más asombro fue el hecho de que doña Rodríguez Bustamante era la madre de uno de los terroristas del MRTA asesinados en la misión de rescate. No llama la atención que luego APRODEH haya entablado una demanda en nombre de los familiares de los terroristas, alegando que los que ejecutaron el rescate atentaron contra los derechos humanos de los terroristas. Debe estipularse que si existe algún caso de violación de los derechos humanos cometida por un soldado, policía o civil, el trasgresor debe recibir el castigo más severo que corresponda según la ley. La muerte de inocentes es, y siempre será, un hecho lamentable pero también es consecuencia inevitable de defender a muchos más millones de inocentes del aventurerismo criminal de ideologías académicas. Sin embargo, no existe equivalente moral entre los que lucharon por defender a los inocentes, aunque de manera imperfecta, y aquellos que defendieron la masacre de los inocentes para justificar fines políticos. " Así concluyó el reporte....

LA JUSTICIA EN EL PERU ESTA EN CRISIS MORAL

Si el Diario La Razón de Lima Perú, ha publicado esta carátula, con esta grave denuncia, significa que el Poder Judicial en el Perú está en una grave crisis institucional, y sus miembros carecerían de moral para aplicar una debida e imparcial justicia. Los peruanos que tenemos un alto concepto de los primordiales valores, debemos protestar para que el mundo sepa lo que ocurre en el Perú y lograr erradicar estas injusticias.

LA DUDA FAVORECERÁ AL REO ?

Los defensores de los Terrucos, Gamarra, Rivera, Salazar, han presentado una serie de documentos como recortes de periódicos y revistas incluido el infundioso informe de CVR, mensajes que el Ex Presidente Fujimori dió a la Nación en su oportunidad, y otros mas, argumentando que esta documentación son las pruebas suficientes para demostrar (lo indemostrable) la culpabilidad de Fujimori. Pareciera que todo lo que han seleccionado, sirve solo para no perder sus honorarios. Al igual que el Fiscalillo Guillen, pretender demostrar lo que no se puede probar en la realidad de los hechos que se juzgan, y sentado 3 días a la semana gana un sueldazo que lo mantienen allí. Y al unísono la prensa mediática hacen alarde, no de la de la presunta culpabilidad, sino de la culpabilidad del ex presidente. La prensa mediática le hace propaganda barata. Así está este proceso. Ojala prime la justicia imparcial, porque eso esperamos TODOS LOS PERUANOS DE BUENA FE que seguimos con mucha atención este proceso. Veamos al Defensor de Fujimori en un clase jurídica para la Historia judicial¨...

POR EL CAMBIO DE EE.UU.

El sueño americano se hizo realidad en la figura del Senador Obama de 47 años, nacido en Hawai, hijo de padre africano y de nombre Barack Hussein Obama. Los americanos no se dejaron llevar por la activación sembrada por el candidato republicano John McCain, de última hora para sembrar el miedo entre el electorado mediante la la puesta en marcha de miles de mensajes telefónicos en Florida alertando de la supuesta connivencia entre Obama y Castro. Obama convertido desde sus inicios en un fenómeno, convocó ayer a millones de ciudadanos estadounidenses a las urnas en una gran cita histórica, de una participación previsiblemente superior a los 130 millones de votos. La mayoría votó por el Cambio dando el triunfo a Obama, que colma el deseo de cambio del pueblo tras ocho años de desastrosa administración de Bush, y el triunfo de Obama dará a los demócratas en el Congreso, el mayor control de la política norteamericana del que han gozado durante medio siglo. Existían aún del todo las dudas sobre algunos Estados clave en esta carrera electoral, como Florida y Virginia, pero Obama parecía haberse impuesto en el decisivo Ohio, había certificado su triunfo en todos los Estados considerados demócratas con clara ventaja en otros lugares que le darían los 270 votos electorales requeridos para obtener la presidencia. Los datos salidos esta madrugada del recuento confirmaron esa impresión. Uno de ellos fue la victoria del candidato demócrata a un puesto de senador por Virginia, Mark Warner. Aunque el recuento de la elección presidencial era muy ajustado en ese Estado, la evolución parecía anunciar una victoria de Obama. Algo parecido ocurría en Colorado, donde ninguno de los dos candidatos se había impuesto de madrugada con claridad, pero en donde Obama tenía ventaja. El candidato demócrata para consumar su victoria en la costa Oeste, le bastó con asegurar los Estados demócratas de hace cuatro años y ganar de su lado uno o dos de los republicanos, lo que estaría por suceder en Ohio, Florida, Virginia y Nuevo México. Todo esto da como resultado que los Estados Unidos eligió anoche al primer presidente negro de la historia. Esencialmente ha sido el masivo deseo de cambio de los norteamericanos, un desengaño de ocho años de gobierno de Bush, unido al malestar por la crisis económica, lo que podía hacer posible lo que hasta hace poco tiempo parecía un sueño irrealizable. Un fenómeno que ha favorecido extraordinariamente a Obama ha sido el de la afluencia de nuevos votantes. Un 72% de los que decían acudir a votar por primera vez confesaron que lo hicieron a favor del candidato demócrata. Muchos de esos nuevos votantes eran jóvenes que podían pronunciarse por primera vez, Obama obtuvo el 64% de los sufragios de estos nuevos votantes. McCain ganó entre los votantes hombres blancos, pero Obama se impuso entre todos los demás grupos étnicos y entre las mujeres de todas las razas. Sólo un 14% de los que acudieron a votar dijeron que el factor racial había influido en su decisión. Un 23% de los norteamericanos que fueron a las urnas ven a Obama como un peligro para la nación. Un 42% tiene la sospecha negativa de que Obama pueda irse demasiado a la izquierda, pero un 55% confía en que gobierne desde el centro. También la esposa de Obama, Michelle, parece gozar de las simpatías de la población. Un 61% la considera una buena primera dama. Todas las cifras, indicaban en la pasada madrugada un panorama adecuado para que un nuevo presidente, acompañado de una nueva y reforzada mayoría parlamentaria, abra un nuevo ciclo político en Washington. Estados Unidos le va a dar otra gran oportunidad a los progresistas. "Si los demócratas creen que su victoria significa que ahora ha llegado su turno y van a hacer lo que quieran hacer, su mayoría va a durar muy poco", declaró el candidato presidencial a una cadena de televisión. Su mensaje de cambio ha dado unas enormes expectativas en este país, a las que ahora Obama va a tener difícil responsabilidad en medio de la crisis económica y los enormes desafíos a los que EE UU se enfrenta.

CAVIARES EN "AACCION"

Ahora que ha sido elegido, perdón, nombrado Yehude Simón Munaro, como Presidente del Consejo de Ministros en el Gobierno de Alan Garcia, sin duda que vale observar el panorama político actual, con un ojo de clínico agudo. Acaban de salir de sus madrigueras todos y cuantos caviares escondidos estaban para defender una posición a la que muchos peruanos estamos en contra, y han aparecido con nuevos libretos así como historietas sacadas de una novela de ficción. Primero Legalidad e impedimento de nombramiento. Antecedentes. El nuevo nombrado Presidente del Consejo, fue indultado por el Gobierno de Toledo con ayuda de un sinnúmero de caviares enquistados entre los que sobresalían el ex Ministro Diego Garcia Sayan, hay que destacar que el indulto es un perdón a la pena sancionada por la justicia. No lo convierte en inocente, ha sido, por el indulto concedido un delincuente perdonado.

SIN... OLVIDAR

ESCANDALO DE PROPORCIONES

Cuando ocurren denuncias formuladas sobre supuestos actos de corrupción, por personajes de dudosa reputación moral y política, surge de inmediato en el pensamiento de muchos peruanos, primero de como obtuvo la información que esta denunciando.

La mayoría de las denuncias presentadas, a tenor de los propios denunciantes, manifiestan que son audio o vídeos y que la reciben de forma anónima, siempre en un sobre que las contiene y, que posteriormente las verifican si son ciertas o no. Si embargo, sabiendo que las fuentes son de obtención ilícita, que violan derechos constitucionales primordiales de todo ciudadano, hacen propicia de la ocasión para crear todo el escandalo necesario con ayuda de la prensa televisiva y la escrita, que son mas eficaces en el medio informativo.La prensa escrita y audio visual mediática existente en el Perú, se encarga de minimizar El IMPORTANTE HECHO, cual es la violación de los derechos que todo ciudadano tiene. ¿ Y Porque? porque según, con la ayuda de un abogadil corrupto, sostienen que como es un caso de corrupción no se viola la intimidad personal, y sirve como prueba para que la justicia aperture proceso penal.??? Se mancillan honor de personas honorables e ilustres, y en la otra vereda a los que denuncian no los investigan, cuando a ellos se les ha sindicados como corruptos, no con audio ni vídeos, sino con testimonios de personas y con pruebas documentales, que prueban sus actos ilícitos. Cabe preguntarse, como llegan a tener contactos con gente dedicada al "chuponeo o de interceptación de celulares o teléfonos". Acaso no se gastó tantos audio y vídeos y papel en denuncias sobre la interceptación telefónica en sedes congresales y judiciales. Acaso el chuponeo también no fue escandalizado cuando se trató de la afectación de sus conductas. Allí la cosa es diferente, hubo violación de los derechos fundamentales de las personas, sin embargo, ahora nos quieren hacer ver la cara de la moneda, pero del otro lado. Por eso el Perú es un país muy peculiar. Para unos, lo bueno es malo para todos y, para otros, lo malo de algunos, es bueno para muchos.

La DINI, (Dirección Nacional de Inteligencia), frente a estos hechos escandalosos debe de hacer su trabajo, porque tenemos el derecho a saber que ha pasado con la inteligencia estratégica en el campo no militar.

El último caso denunciado por el ex ministro del gobierno corrupto de Toledo, en este caso Fernando Rospigliosi, quien tiene rabo de paja en el caso de los uniformes de la PNP, fue un escandalo en el cual también estuvo inmerso el Abogado Ugaz, amén de que este abogado también cobró indebidamente una suma de dólares por el patrocinio en el gobierno de Fujimori, y que aún no se sabe de los resultados de lo investigado, o no se le investigó, y se si hizo, los resultados donde están, basta de cortinas de humo de la prensa mediática.

Que casualidad que unos audios, vía chuponeo, sirvan para crear incertidumbre y la cortina de humo perfecta, cuando se estaban publicando los resultados de la investigación de los corruptos del gobierno de Toledo en la Presidencia de la República.

Con que rapidez se ha actuado, este lobby informativo que ha originado escándalo político cuando la prensa iba a tocar la corruptela de Toledo en la remodelación del Palacio de Gobierno con fondos de Petroperu, primer acto de corrupción, que cosa se pretende esconde ahora. Acaso, el Congreso no acaba de demostrar que en la Presidencia de Palacio de gobierno, en época de Toledo ha habido corrupción del estado, bajo la modalidad de vía viáticos, sustentados con documentación fraguada y en algunos casos falsa. Ahora se pretende tapar a esta denuncia que todos los peruanos estamos esperando sea conocida. Queremos se investiguen todos los casos denunciados de corrupción de políticos y funcionarios corruptos, por el bienestar del PERÚ QUE TODOS BUSCAMOS.

UNA OPINION QUE NO SE TOMA EN CUENTA

En el diario "La Razón" y en "24 HORAS, apareció este artículo, que no se toma en cuenta, porque no hay peor ciego, que aquel que no quiere ver. Lo más curioso es que coincide conmigo, no se trata de ser fujimorista o no, se trata de analizar la realidad de este indebido proceso, cuyo análisis es patético cuando se hace y se publica con valentía .

Javier Valle Riestra, es un abogado considerado un tribuno con mucha escuela, y es todo un defensor de derechos humanos, no de esos derechos que las Ongs, y caviares defienden. Son los derechos humanos a que todos los peruanos, sin distinción de raza, opinión o credo tenemos.

"Si se comprueba que Fujimori tiene un cáncer en el páncreas, la actitud democrática del Gobierno es indultar a Fujimori para que pase sus últimos días o años en su casa, y si no se puede hacer eso se debe ir a otra solución más humana como el arresto domiciliario”, aseveró. Precisó que es necesario buscar una solución a su régimen carcelario porque se ha demostrado fehacientemente que no es una farsa que pueda tener cáncer y dado que anteriormente se le detectó una lesión pre-cancerígena en la lengua, podría sufrir, paulatinamente, un cáncer generalizado. Aclaró que el indulto es una potestad del Presidente de la República y no necesita consultarla con nadie ya que no se trata de una amnistía, que sí debe ser aprobada por el Parlamento. Lamentablemente, refirió, hay tal crueldad en la gente que declara en su contra que son capaces de decir que si muere, deben juzgarlo post mortem. “Están dispuestos a juzgarlo en su tumba, esa es la racionalidad que tienen estos cobardes que jamás se le enfrentaron durante su régimen, porque no he escuchado, ya sea al procurador o a una ONG, tener una posición valiente contra los excesos dictatoriales en esa época, son unos cobardes que cuando un hombre está moribundo salen a apedrearlo, eso no es virilidad, coraje, hombría, o defensa de los derechos humanos, eso es hacer un sarcasmo y una burla de los derechos humanos”, manifestó enérgicamente. Indicó que de no concretarse el indulto, su régimen podría variarse al arresto domiciliario, pero como esta decisión corresponde al tribunal “no lo creo posible porque está sometido a una serie de limitaciones y no va a tener el coraje cívico de hacerlo”. A renglón seguido, añadió que si bien la propuesta de César Nakazaki de continuar con las audiencias sin la presencia de Fujimori para evitar que el proceso se quiebre es correcta, pero como se necesita la disposición de la Sala para hacerla viable, es también poco probable. En otro momento, lamentó que pese a sus 70 años Fujimori sea una víctima de un proceso de persecución. “Está perseguido por el tribunal, por el fiscal, por el procurador, por la parte civil, y por la intransigencia inhumana de todos los interesados en su caso”, dijo. Respecto al proceso judicial que se le sigue, Valle-Riestra señaló que hasta la fecha no se ha probado absolutamente nada, ya que si bien los casos de Barrios Altos y La Cantuta son unos hechos canallescos y repugnantes “no hay ninguna prueba que lo responsabilice”. Comentó que los amicus curiae no han fortalecido la tesis de los acusadores porque se ha tratado sólo de “unos charlatanes”. “Sobre todo el argentino (José Luis García) que se le vio histérico y respaldó que existiera una doctrina para exterminar al enemigo sin ninguna vacilación, cuando eso no existió. Cuántos muertos hubieron en su régimen, sólo los de La Cantuta y Barrios Altos que son materia del juicio y cuyo número es de casi 30 personas y eso no es una doctrina de exterminio, por eso su testimonio no debe ser tomado en cuenta”, comentó. “Por eso los amicus curiae, con excepción de (José Antonio) Martín Pallín, son unos mercenarios, unos charlatanes a sueldo”, concluyó.

Ahora, toca a cada uno de nosotros pensar sin venganza, odios ni rencores.